Ciudad de Buenos Aires: la actividad de Uber no constituye una contravención pero debe reglamentarse

Imagen del articulo

La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que la actividad de la empresa Uber en dicho territorio no constituye ninguna contravención, en la causa por "uso indebido del espacio público con fines lucrativos".

De todas maneras, los magistrados no se expidieron sobre la legalidad del servicio, por lo que continúa la disputa legal.

El fallo fue firmado por los jueces Sergio Delgado, Jorge Atilio Franza y José Sáez Capel. En concreto, revocan las condenas impuestas contra Uber Argentina SRL y sus directivos por el supuesto "uso lucrativo del espacio público sin autorización", y confirman la absolución de estos por la "violación de clausura" que se le había imputado a la compañía por haber continuado prestando servicios pese a que la Justicia porteña había ordenado el bloqueo de la aplicación.

En sus fundamentos, Delgado señaló que "no usa indebidamente el espacio público, en mi opinión, realizando una actividad lucrativa no autorizada, quien circula conduciendo un vehículo por las calles y avenidas libradas al tránsito automotor, con o sin acompañantes, sean estos conocidos del conductor o pasajeros que con él contrataron el transporte".

Tras recordar que "está permitido que cualquier conductor transite con su vehículo particular o el que le ha sido encomendado por las calles y avenidas libradas al uso automotor con o sin pasajeros", sostuvo: "si algunos conductores lo hacen prestando el servicio público de taxi o de remises, deberán hacerlo con la habilitación y licencias respectivas. Pero de no hacerlo, no estarán usando ilegalmente el espacio público sino infringiendo las normas que impiden tales actividades sin licencia o habilitación".

En esa misma línea, el magistrado Sáez Capel explicó que "la falta de habilitación o permisos de cada vehículo que participa en la actividad comercial desarrollada por Uber debe evaluarse en cada caso en particular y, en ocasión de verificarse su ausencia, no es la contravención aquí imputada la que reprime la conducta a reprochar".

Respecto de la violación de clausura, consideró que "corresponde declarar la prescripción de la acción". Y refirió: "El titular de la acción le atribuyó a Uber Argentina SRL y a Mariano Xavier Otero el hecho de fecha 23 de abril de 2016, ocasión en la que habría violado la clausura judicial impuesta, sin que se verifique hasta el momento en que se dio inicio a la audiencia del juicio (22/8/2018), ninguna de las causales de interrupción o suspensión". Por lo tanto, continuó, "antes de que se diera inicio al debate oral y público, la conducta ya se encontraba prescripta".

Por su parte, el juez Franza recordó que en ocasiones anteriores se expidió sobre la supuesta ilegalidad de la actividad de Uber.

"Sostuve que más allá de la moderna forma que pretende implementar la firma de acceder al servicio a través de una aplicación mediante internet, lo cierto es que se trata de una actividad económica de transporte legalmente regulada y por lo tanto, no puede funcionar hasta tanto no sea autorizada por la Ciudad", argumentó en minoría.

Para justificar su postura a favor de la absolución de los directivos sobre la violación de clausura, el camarista opinó: "Extender el término clausura al bloqueo de un sitio de internet es extender el significado de dichas palabras (lugar, ámbito, establecimiento, local), aplicar analogía y por sobre todo hacer dicha interpretación en perjuicio de los imputados. En consecuencia, puede afirmarse que la conducta imputada resulta a todas luces atípica".

Sigue la disputa

Desde la empresa dijeron que, con esta decisión, "pierde todo sustento legal la orden de bloqueo de tarjetas de crédito dictada en el marco de la supuesta contravención que la Cámara declaró inexistente". Asimismo,  consideran que queda sin sustento el pretendido "ajuste fiscal" de la AFIP, que se basa en la condena revocada.

Pero desde el Gobierno porteño no comparten esa opinión, ya que creen que la decisión de la Cámara de Apelaciones no convierte al servicio en legal, dado que -como se indica en el fallo- la actividad "está regulada bajo dos modalidades, taxi o remis, y el incumplimiento de esas normas es una infracción".

"Como están infringiendo la regulación vigente -que es estar bajo la figura de taxi o remis-, es completamente ilegal", subrayaron desde la Secretaría de Transporte porteña.

En el artículo “Transporte de personas mediante plataformas digitales”, publicado en Temas de Derecho Comercial Empresarial y del Consumidor de la editorial Erreius, Vanesa E. Kukva destaca que “en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se regula el transporte de pasajeros en la ley de tránsito y transporte (ley 2148); dicha normativa fue actualizada mediante la ley 6017”.

En ese sentido, explica que desde su inicio, la empresa Uber fue catalogada como competencia desleal por el sector taxista, siendo una de las principales críticas el uso de técnicas de ingeniería fiscal y elusión de impuestos. Por otro lado, destaca, se cuestionó la protección de la información personal de sus usuarios y que no se mantiene una razonable seguridad de los datos de los mismos.

“Al existir una laguna jurídica sobre el tema, hubo distintos conflictos que se suscitaron y que generaron diversas presentaciones, las cuales fundamentaban que el servicio es riesgoso y pone en peligro la seguridad pública, al encontrarse al margen de toda reglamentación y habilitación por parte del Estado”, agrega la experta.

Desde su punto de vista, “teniendo en cuenta que las aplicaciones digitales son el principal medio para la contratación de servicios, parece adecuada la postura de la Provincia de Mendoza, la cual reglamentó dicha situación, otorgándole legalidad a un tema controvertido y cuestionado desde muchos ámbitos”.

“Asimismo, por medio de dicho accionar, se evitaron situaciones de violencia social, las cuales se ocasionan, atento a nuestro entender, ante la laguna jurídica existente en la materia, incertidumbre y puja de derechos”, concluye la especialista.

Acceda a la sentencia aquí

Fuente Erreius