El caso Taringa y la libertad de expresión: fundamentos de la sentencia que absolvió a sus propietarios

Imagen del articulo

Los fundadores del sitio Taringa! fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 26, integrado de forma unipersonal por el juez Adrián Martín. Tras nueve años, el magistrado consideró que no se los podía declarar coautores penalmente responsables de delitos contra la propiedad intelectual, por tratarse solo de intermediarios.

A los hermanos Matías y Hernán Botbol y a Alberto Nakayama se los acusaba de darle la posibilidad “a usuarios anónimos de compartir y descargar gratuitamente archivos cuyo contenido no se encuentra autorizado para publicar por parte del autor”, a través de la mencionada plataforma, que contrataba el servicio de hosting proveído por una empresa de los imputados.

Entre las obras denunciadas, se encontraban libros, manuales, trabajos académicos y discografías enteras de grupos musicales.

La acusación sostenía que Taringa! permitió que “usuarios publicaran links autorizando la descarga de obras cuya propiedad intelectual se encuentra protegida, sin que dicho accionar fuera evitado por la administración del sitio”, que funcionaba “como biblioteca de hipervínculos”.

Por el contrario, la defensa de los acusados se amparó en la garantía que protege la libertad de expresión para pedir la absolución.

“Taringa es una comunidad en la que millones comparten contenido, es la más grande de Argentina”, alegaron los imputados, quienes compararon el funcionamiento del sitio en ese entonces con “las actuales redes sociales”.

Sobre este punto, el magistrado señaló que correspondía analizar dos dimensiones: la libertad de expresión y la posibilidad de que el mencionado sitio sea un medio para la publicación de ideas por parte de su comunidad.

“No solo es el derecho de quienes posteaban en el sitio de www.taringa.net de expresar sus ideas, en la medida en que no violen derechos de terceros, por lo cual deberían responder en forma ulterior, es decir sin censura previa; sino también de quienes deseaban tener acceso a los posteos”, indica la sentencia.

En ese contexto, el Tribunal Oral entendió que era una forma de “censura previa” el pedido de la querella de bloquear “todos los posteos donde se hiciera referencia a nombres de obras protegidas o imposibilitara volver a subir links donde se redireccionaran a sitios que en un posteo inicial se habría hecho mención de que allí podrían estar esas obras para su descarga”.

Al pronunciarse sobre la existencia de responsabilidad objetiva por parte de los imputados, el juez apuntó: “se advierte que entre quien publica un contenido protegido por los derechos de autoría y quien posee esos derechos, existen intermediarios”.

Finalmente, el juez se pronunció sobre la negativa de considerar a los imputados como coautores del delito y otorgarles responsabilidad subjetiva en la publicación de las obras protegidas por derecho de autor, y cuestionó que la acusación no haya dirigido su imputación a quienes efectivamente subieron los contenidos.

En ese punto, el magistrado señaló que “la organización del sitio aclaraba que no solo indicaba los términos y condiciones de publicación, sino que una vez realizada una denuncia daba de baja al post, lo eximen de considerarlo responsable penalmente de lo que hubieran realizado terceros, en la medida en que no se demostró con ellos un plan común y previo”.

De esta forma, las acusadoras “podrían haber requerido directamente, o por vía judicial, que los titulares de taringa.net aportaran los datos que tenían a su disposición”.

 “No obstante ello, también era posible avanzar con la investigación respecto de todas las personas posiblemente vinculadas al caso y, entonces, procurar obtener la información sobre la identidad de los usuarios a través del rastreo de quienes realizaron esos post, a partir de qué dirección IP, etc. Nada de ello se hizo y el hecho de que fuere más o menos sencillo el procedimiento no puede ser una vía admisible para derivar responsabilidad penal en quien no la tiene”, resumió el juez.

Mario Covarrubias Jurado, colaborador de la editorial Erreius, explica que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al confirmar, con su nueva composición, la doctrina del caso “Rodríguez, María Belén”, puso fin a un estado de incertidumbre jurídica sobre la responsabilidad civil de los buscadores de internet.

El Máximo Tribunal afirmó que los buscadores de internet solo podrían llegar a responder por sus resultados de búsqueda recién luego de haber tomado “efectivo conocimiento”.

“Se entiende que los buscadores toman “efectivo conocimiento” recién cuando el damnificado les cursare una notificación privada sobre la existencia de resultados de búsqueda de “manifiesta ilicitud” o luego de una orden judicial o administrativa cuando se tratare de resultados de búsqueda que no fueren de manifiesta ilicitud”, agregó el experto.

De esta forma, indica el especialista, “garantizó la libertad de expresión en internet erradicando el peligroso concepto jurídico que pretendía analizar el avance de la ciencia informática en el siglo XXI bajo el prisma de una legislación de finales del siglo XIX, y la consecuente responsabilidad objetiva de los motores de búsqueda”.

“Se enterró una doctrina legal altamente preocupante, que no solo carecería de sustento legal y estaba en abierta contradicción con el derecho comparado, sino, peor aún, se abstraía de considerar a una pujante industria ya instalada al amparo de la libertad de expresión que se vería amenazada por masivas demandas que, amén de colapsar el Poder Judicial, significarían el principio del fin de los buscadores de internet en nuestro país y, por qué no, a largo plazo, de la pujante industria del comercio electrónico”, enfatizó el experto.

De acuerdo a Covarrubias Jurado, “responsabilizar a los buscadores por contenidos que no han creado equivaldría a sancionar a la biblioteca que, a través de sus ficheros y catálogos, permitiera la localización de un libro de contenido dañino, so pretexto de haber “facilitado” el daño”.

Acceda al fallo aquí

Fuente: Erreius