Condenan con multa a una mujer por injuriar a su exmarido a través de Facebook

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Una mujer fue condenada a pagarles $10.000 a su exmarido y a la esposa actual de este, luego de que se acreditara que los injurió a través de mensajes públicos en la red social Facebook. En este caso, los problemas entre las partes comenzaron luego de que los querellantes contrajeren matrimonio. A partir de ese momento, la acusada comenzó a postear en su perfil de Facebook que el hombre le negaba la cuota alimentaria de la hija que tenían en común, que le ocultaba “sus bienes a través de su familia y su esposa” y que ejerció violencia de género contra ella.

Asimismo, lo calificó de “rata, maltratador, misógino, violento, burro, mierda, inmoral, deshonesto, manipulador y corrupto”. En cuanto a la actual esposa del demandado, dijo que era una “gata bien amaestrada y mantenida”.

Entre las pruebas que presentaron, los demandantes llevaron documentación en la que se leían comentarios públicos del muro de la acusada en los que, además de mencionarlos con nombre y apellido, esta utilizó imágenes en las que ellos están perfectamente identificados, lo que lesionaba sus derechos al honor, a la intimidad y a la dignidad.

La imputada admitió que envió y publicó los mensajes, pero les negó relevancia. Sostuvo, por ejemplo, que el calificativo de “gato” no era ofensivo, y “que incluso a ella misma le dicen ‘gatita’”. Además, resaltó que “sabe por ejemplo que, hasta al ahora presidente de la Nación, le dicen “gato”, y para ella no tiene nada de malo. Que solo es un animalito”.

En tanto, su defensa técnica sostuvo que el contrato de Facebook establece normas claras sobre su uso y que la empresa ejerce un control de la red social respecto de cualquier empleo indebido de la misma en cuanto a los términos. Por eso, consideró que si la compañía no adoptó ninguna medida sobre esas publicaciones es porque las mismas no son injuriantes u ofensivas.

“Tal afirmación no es correcta. En principio no puede olvidarse que Facebook es una compañía estadounidense que ofrece servicios de redes sociales y medios sociales en línea, que obtuvo ganancias de U$$40.653 millones de dólares en el año 2017, y 2,2 mil millones de usuarios activos en el mes de enero del 2018 (información disponible en Internet, de público y notorio conocimiento, en la pág. web de Wikipedia). Básicamente es una empresa comercial”, comenzó señalando el juez Eduardo Martearena.

“Por eso, las reglas de uso y control están dirigidas a verificar el uso indebido de la misma y de los productos asociados que ofrece: Facebook Messenger, Facebook Life y Facebook Watch, desde un punto de vista económico. Es decir que primero privilegia la obtención de un lucro por encima de un verdadero compromiso social y relega a los que interactúan con esa plataforma, las personas. De ahí las críticas que recibe esta red, acentuada luego de los sucesos de Cambridge Analytica”, agregó el titular del Tribunal Penal Colegiado N° 1 de la ciudad de Mendoza.

En segundo lugar, el magistrado destacó que la política de uso, según las normas comunitarias de la red social, está dirigida a “pretender evitar” “amenazas” (información disponible en Internet, de público y notorio conocimiento, en la página web de Facebook), y que se busca “tener en cuenta el lenguaje, el contexto y los detalles para distinguir los comentarios casuales del contenido que supone una amenaza creíble a la seguridad pública o personal”.

Es decir, de acuerdo a Martearena, se buscan actividades terroristas o que afecten a los intereses de Estados Unidos o infracciones a las políticas comerciales de la empresa (para evitar la pérdida de ingresos), y en ningún lugar se controla si se agravia a una persona.

“De todas maneras, basta con decir que ese control empresarial no suple ni desplaza al control que la Constitución Nacional le otorga a los jueces de este país para verificar si una conducta puede o no constituir un delito, para rechazar la viabilidad de ese planteo”, explicó el juez.

Por lo que, en este caso en concreto, “existían elementos de juicio suficientes como para proceder al dictado de una sentencia condenatoria”.

Además, el juez consideró que le resultaba paradójico que quien se compromete en la lucha contra el maltrato de la mujer emplee los mismos comportamientos que cuestiona y dictaminó un resarcimiento económico en el caso, pese a que el demandante solo había pedido que cese la hostilidad contra él y su pareja.

Límites

¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? ¿Generan algún tipo de responsabilidad las opiniones vertidas en redes sociales?

Carmen de Cucco Alconada, colaboradora de Erreius, explica que “la libertad de expresión es el derecho a hacer público, transmitir, difundir o exteriorizar las ideas, opiniones, críticas, imágenes, creencias, etc., a través de cualquier medio: de forma oral, mediante símbolos y gestos; en forma escrita; a través de la radio, el cine, el teatro, la televisión, redes sociales, etc.”.

Pero remarca que no todos se preguntan cuáles podrían ser las consecuencias de un comentario ya que “existe la creencia de que en las redes sociales hay una libertad de expresión que nadie regula y que cada quien puede opinar sobre cualquier tema sin mayor cuidado”.

“La garantía de la libertad de expresión no es absoluta ni debe interpretarse de modo que anule o contradiga otros derechos; de ningún modo significa impunidad una vez que esa expresión se ha exteriorizado. Insistimos: no debe confundirse libertad de expresión con impunidad. Por el contrario, después apareja todas las responsabilidades civiles y penales o de cualquier otra índole”, enfatizó la colaboradora de Erreius.

Si bien algunos consideran que con Internet y las redes sociales los ciudadanos no solo ejercen libertad de expresión, sino también libertad de prensa, y que el principio general es la defensa de la libertad de expresión, si existe un delito de calumnias e injurias o un delito contra el honor, corresponderá a la justicia determinar qué alcance tiene y también la reparación.

“Conforme a nuestra legislación toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de evitar causar un daño no justificado, de adoptar las medidas razonables para evitar que se produzca y de no agravarlo si ya se produjo (art. 1710 del Código Civil y Comercial de la Nación, en adelante CCyCo.). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha otorgado rango constitucional (art. 19, CN) al principio alterum non laedere o deber de no dañar a nadie”, destacó De Cucco Alconada.

Este deber de no dañar da lugar a la reparación del daño causado (art. 1716, CCyCo.). A partir del actual Código unificado, el cambio de paradigma de la responsabilidad civil pasó de castigar a un responsable a pretender resarcir todo daño injustamente sufrido.

“El bien jurídico protegido en el delito de calumnias e injurias es el honor de la persona. Como no es lo mismo la libre expresión dentro de un ámbito cerrado o en un círculo limitado que la que se difunde y transmite y llega a varias personas, la libertad de expresión debe ejercerse con responsabilidad y midiendo las consecuencias de los actos”, concluyó.

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Fuente: Erreius