Ordenan escriturar un inmueble a favor de la mujer que convivía con el demandado

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En el caso “F. M. A. c/M., J. P. - Ordinario”, en un juicio iniciado por el cumplimiento de un boleto de compraventa, la sentencia de primera instancia había declarado la resolución del contrato por incumplimiento y, en consecuencia, había dejado sin efecto el negocio jurídico celebrado.

Ello implicaba que el vendedor (demandado) debía reintegrar a la compradora (la actora) 30.000 pesos que esta le había entregado, mientras que la compradora debía restituir la posesión del inmueble. Asimismo, ordenó al hombre pagarle a su expareja una indemnización de $20.000, en concepto de daño moral.

La actora apeló. Adujo que la suma que se ordena al demandado para restituirle era muy inferior al valor del inmueble y que con la resolución dictada se premiaba al incumplidor, quien no solo no cumplió con la obligación de escriturar libre de gravámenes, sino tampoco con la cláusula b del acuerdo que le permitía la construcción de una casa habitación para ella.

Al analizar el expediente, los jueces de la cámara indicaron que la mujer estaba exigiendo el cumplimiento de una parte del convenio que había celebrado con su expareja por el cual se compensaban mutuamente por el tiempo que duró su convivencia (extremo que surgía acreditado de un modo claro en la causa y que fue reconocido por ambas partes).

Los camaristas María Adriana Godoy, Ariel Macagno y Alberto Larghi expresaron que el análisis sobre este caso debía realizarse con perspectiva de género ya que, conforme a las particulares circunstancias del proceso, podrían verse afectados derechos de personas vulnerables.

Y subrayaron que las normas nacionales e internacionales establecen que toda mujer tiene derecho “a que se respete su integridad física, psíquica, moral y económica”.

Así, entendieron que “mantener lo resuelto en primera instancia sin ponderar la realidad del verdadero negocio subyacente al boleto de compraventa, dejaría a la Sra. F. inmersa en una situación desventajosa con relación a su expareja, porque no solo perdería el derecho a adquirir la propiedad del inmueble que ambos habían acordado, en compensación por la convivencia de once años que tuvieron, sino que a cambio se le haría entrega de una suma ínfima”.

Atenerse solo a los estrictos términos vertidos por las partes en sus respectivas postulaciones, desentendiéndonos de la realidad que subyace detrás y que surgiría de prueba debidamente incorporada a la causa, podría llegar a destruir el derecho sustancial que se procuraba garantizar y con ello la verdad jurídica objetiva por la que el juzgador debe velar”, indicaron los jueces.

De lo dicho se desprende que para la resolución del presente caso resulta no solo necesario sino además ineludible valorar todo el contexto existente y en cuyo marco se originó la necesidad de promover la demanda primero y la ejecución después; como así también se debe ponderar la conducta del accionado, con especial atención en el vínculo que unía a las partes en el pasado y que fue lo que motivó la suscripción del convenio, cuyo cumplimiento (en parte) procuró la actora con la promoción de la demanda y que como se dijo, no fue desconocido”, explicaron.

En ese sentido, los magistrados señalaron que se comprobó una falta de colaboración del demandado en el juicio, puesto que no concurrió la audiencia convocada por el tribunal, “lo que  terminó por comprometer la lealtad, probidad y buena fe que debe presidir la actuación de los intervinientes en el proceso”.

Para el tribunal, esta falta de cooperación también importó un claro indicio de “ejercicio abusivo, perjudicial para la mujer, que la colocó en una situación desventajosa”.

Y agregaron que correspondía la adopción de todas las políticas públicas desde una perspectiva de género, que no se trata de “una simple sumatoria de medidas, sino la posición que debe adoptar el gobierno y la sociedad para advertir, regular y erradicar todas las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, con el objetivo de asegurar la vigencia en los hechos de la igualdad de oportunidades para las mujeres”.

En tal sentido, la resolución señala que la mujer vio frustrado su derecho a acceder a parte de la compensación económica que había pactado; mientras que el demandado se benefició de un modo evidente puesto que se quedó con el inmueble y a cambio debe entregar una suma ínfima de dinero, que él mismo admitió que era irrisoria.

Finalmente, la Cámara de Apelaciones agregó que la situación planteada en el caso podría constituir un trato discriminatorio hacia la mujer en los términos contemplados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En tal sentido, indicó que de las constancias del expediente se visibilizaba una relación de poder asimétrico en perjuicio de la demandante, lo que configura la violencia económica que como tal no puede justificarse.

Con base en todo ello, los camaristas resolvieron hacer lugar a la ejecución promovida por la Sra. M. A. F., en contra del Sr. J. P. M. por la que persigue el cumplimiento contractual y, en consecuencia, condenaron a este último a otorgar a favor de la actora escritura traslativa de dominio del inmueble

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Fuente: Erreius