Indemnizará a su hija por daño moral porque tardó 30 años en reconocerla pese a conocer su existencia

Imagen del articulo

La sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial de General Pico hizo lugar a un reclamo indemnizatorio por daño moral impulsado por una mujer contra su padre, quien tardó más de 30 años en reconocerla pese conocer su existencia.

En el caso "B., I. M. c/C., S. D. s/ filiación y daño moral", una joven inició una demanda contra su padre biológico reclamando el reconocimiento de paternidad y daños y perjuicios.

Dijo que, recién en el año 2000, el demandado firmó un convenio extrajudicial mediante el cual, reconociendo su paternidad, se obligaba a abonar una cuota alimentaria a su favor.

Asimismo manifestó que en el año 1997 fue adoptada por la pareja de su madre en aquel entonces, y que dicha adopción simple fue revocada en el año 2016.

En su demanda describió las dificultades económicas que debió transcurrir, en virtud de las cuales habría requerido ayuda al accionado en diversas oportunidades, pero remarcó que recibió respuestas poco favorables, negativas y humillantes. Reclamó $600.000,00 en concepto de daño moral y $750.000,00 por daño material.

El demandado señaló que se sometería a los estudios genéticos para determinar su paternidad y, con relación al reclamo de daños, dijo que no existió -de su parte- desidia, apatía, indolencia ni conducta omisiva alguna ya que la actora, antes del primer reclamo, había sido adoptada por el Sr. D. R. y, aún a pesar de ello, el demandado formalizó un acuerdo de pago de cuota alimentaria que cumplió incluso hasta cuando M. cumplió 26 años.

El juez de Primera Instancia declaró abstracta la acción por filiación ya que a la fecha de la sentencia el demandado ya había reconocido legalmente a la actora como su hija, pero hizo lugar parcialmente a la acción por resarcimiento de daños por un monto total de $ 750.000,00 con más intereses y costas.

Con respecto a la acción por daños, dijo que se tornó evidente la omisión incurrida por el accionado, la cual generó su responsabilidad ante la actora, quien se vio privada del derecho a la filiación e identidad, resultando emplazada recién a los 30 años de edad.

También explicó que la existencia de una adopción simple por parte de un tercero resultaba inconducente e inadmisible como justificativo de la falta de reconocimiento oportuna.

En cuanto al importe correspondiente al daño moral dijo que el hecho deque la actora haya obtenido el reconocimiento y emplazamiento como hija con posterioridad a sus 30 años de edad influye positivamente incrementando el daño y, en consecuencia, el monto necesario para su satisfacción sustitutiva.

Con relación al daño patrimonial, consideró válido presumir -en base a notorias diferencias económicas entre el padre demandado y su hija accionante- que de haber gozado del respaldo económico de su progenitor durante su niñez y adolescencia, seguramente podría haber otorgado mayor dedicación a su carrera universitaria, por lo tanto la pérdida de chance tiene visos de credibilidad y potencialidad que habilitan la procedencia del rubro.

La demandada apeló la sentencia y destacó que, ante el primer emplazamiento, se sometió a la pericia biológica y que luego de conocido el resultado procedió al reconocimiento de la actora. Además recalcó que siempre cumplió acabadamente con su obligación alimentaria.

La existencia de una adopción simple no resultaba un obstáculo para el reconocimiento filiatorio que el padre biológico debía haber efectuado ya que así lo determinaba la normativa vigente (arts. 331, 336 y ccs. C.C.), por lo tanto la adopción del Sr. R. no sirve de excusa al demandado. El daño moral queda acreditado con la mera existencia del comportamiento antijurídico por parte del progenitor”, explicaron los magistrados Roberto M. Ibañez y Alejandro Pérez Ballester.

Y agregaron que el demandado debió haber hecho el reconocimiento de la actora -como mínimo- 18 años antes de lo que lo hizo.

Para los jueces, esa conducta fue omisiva y dijeron que "el reconocimiento del hijo importa un deber jurídico" y que todo ser humano tiene derecho a ser reconocido por su padre extramatrimonial, de manera que su omisión configura un acto ilícito que daña espiritualmente al hijo al sentirse negado y rechazado.

Así, enfatizaron que dicha conducta generó un daño moral que debe ser resarcido.

En lo que hace al monto del rubro daño moral, explicaron que "la falta de reconocimiento paterno provoca en los hijos un daño moral que no requiere demostración concreta, sino apreciación de las circunstancias particulares de cada caso".

El demandado no eludió su obligación alimentaria ya que cumplió con el pago de la cuota acordada con la madre de la actora conforme el reclamo que le fuera oportunamente realizado, sin embargo no puede decirse lo mismo de su conducta en lo que hace al interés -por parte del padre- en la vida personal de su hija o en el intento de generar un vínculo relacional entre ellos ya que en todo momento se observa que el Sr. C. trató de separarse de las cuestiones que hacen a la vida de I. M., limitándose al cumplimiento de su obligación alimentaria”, explicaron.

A los fines de su cuantificación ponderaron la edad de la hija reconocida y la conducta del demandado que dejó pasar muchos años y obligó a un juicio para reconocerla, asumiendo su paternidad más de 20 años antes.

El derecho subjetivo de toda persona a ser reconocida por su progenitor y a conocer su realidad biológica tiene sustento constitucional, fundándose entre otros, en el articulado de la Constitución Nacional, del Pacto de San José de Costa Rica y de la Convención de los Derechos del Niño”, explicaron los magistrados.

Al fijar el monto, destacaron que la actora reclamó $ 600.000 sin indicar a qué fecha es el reclamo y sin solicitar aplicación de intereses, por lo que teniendo en cuenta las condiciones socio económicas del país en el que vivimos (que generan una constante variación y pérdida de valor adquisitivo de la moneda), consideraron prudente fijar el monto del rubro daño moral en $600.000,00 a la fecha de la sentencia, debiendo aplicarse intereses desde el momento de la mora y hasta el momento del pago.

En cuanto a la queja del demandado por la procedencia del rubro daño patrimonial por pérdida de chance, los jueces subrayaron que no se probó que exista relación de causalidad entre la falta de reconocimiento y el perjuicio en la formación educativa superior que la actora dice haber sufrido.

No puede dejar de señalarse que el demandado cumplió con su obligación alimentaria en las condiciones que le fue reclamada a lo largo del tiempo. Se podría discutir si el monto abonado fue o no suficiente, no obstante ello no fue planteado oportunamente ni por la actora ni por su representante, por lo tanto ha de presumirse que el importe abonado por el demandado se consideraba -en aquel tiempo- suficiente para cubrir las necesidades de la actora”, enfatizaron.

Desde ese punto de vista, estimaron que le asistía razón al apelante, ya que no se probó que el hecho de la falta de reconocimiento haya generado un daño patrimonial, por lo tanto el rubro debía ser rechazado.

En el artículo “La filiación del hijo extramatrimonial. El deber de la madre”, publicado en Erreius Online, Eduardo Molina Quiroga y Lidia E. Viggiola explicaron que “la filiación extramatrimonial no reconocida espontáneamente es reprochable jurídicamente, porque el deber de reconocer al hijo es un deber jurídico, no obstante que el reconocimiento como acto jurídico familiar sea voluntario”.

El nexo biológico implica responsabilidad jurídica, y quien, por omisión, elude su deber jurídico de reconocer la filiación viola el deber genérico de no dañar y asume responsabilidad por los daños que cause a quien tenía derecho a esperar el cumplimiento de ese deber jurídico.

Cuando el progenitor ha incumplido su deber de reconocer voluntariamente al hijo surge prístina la responsabilidad civil de aquel por haberle negado una filiación cierta, y se trata de una responsabilidad extracontractual, por lo que deben concurrir para su configuración la antijuridicidad, el factor de atribución, el nexo causal y el daño”, explicaron.

En este punto, el resarcimiento del daño moral no requiere prueba, sino que se presume ante la lesión de un derecho personalísimo derivado del incumplimiento de una obligación legal.

Fuente: Erreius