Una pareja de guardadores deberá abonar alimentos a dos niños por desistir intempestivamente de su proceso adoptivo

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La sala I de la Cámara Civil y Comercial del departamento judicial de Lomas de Zamora (Provincia de Buenos Aires) confirmó una sentencia que condenó a una pareja a abonar una cuota alimentaria a dos niños, a quienes desistió de adoptar con el proceso avanzado.

En el caso “M. C. L. y otros s/adopción”, el juez de primera instancia resolvió, por un lado, establecer la cuota alimentaria a favor de los niños C. L., S. D. y J. C. M. en un equivalente al 22% de los haberes netos -únicamente deducidos los descuentos de ley- que percibía uno de los recurrentes por un plazo de dos años y la inclusión de los niños en la empresa de medicina prepaga; y por otro, estableció una multa en caso de  incumplimiento de la manda mencionada.

Los recurrentes se agraviaron por entender que la fijación de una cuota alimentaria a su costa resulta un "castigo" frente a la frustración del proceso adoptivo que ellos iniciaron con los dos niños. Destacaron que no fueron debidamente acompañados en la etapa vincular ni por el Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño ni por el equipo técnico del juzgado, por lo que consideran que no resultarían ser los únicos responsables de la falencia del proceso de adopción.

Por otra parte, se quejaron del plazo de dos años por el cual se fijó la obligación, ya que señalaron que este plazo no coincide con el tiempo en que ellos desarrollaron el proyecto vincular. Solicitaron que en caso de confirmarse la obligación alimentaria, el período sea reducido a un año.

Por último, cuestionaron la aplicación de la multa, porque entendían que la obligación de la cual deriva resulta de cumplimiento imposible. Así, manifiestan que desde la Obra Social S. M. le habrían informado que no podían incluir a los niños en la misma, puesto que no existía vínculo jurídico con ellos.

Los camaristas destacaron que “los casos que involucran los derechos de niños, niñas y adolescentes se deben resolver teniendo como norte el interés superior de los mismos (art. 3 CDN, art. 3 ley 26.061, art. 4 ley 13.298 y art. 595 CCyC)”.

Y entendieron que esta obligación cobra especial relevancia en procesos en los cuales la decisión observa ciertas particularidades, en especial cuando están en tensión otros derechos que titularizan los adultos.

El cese intempestivo de un proyecto adoptivo puede contar con los elementos necesarios para hacer surgir la responsabilidad aquiliana. Entre ellos, se señala el deber de obrar con cuidado como un elemento que adquiere aun mayor significado cuando uno de los sujetos de la relación jurídica tiene a su cargo una persona vulnerable que no puede defenderse por sí misma”, agregaron.

En dicha línea, remarcaron que el daño psicológico por el cese intempestivo del proceso, así como la afectación al centro de vida, a la identidad dinámica y al proyecto de vida, hacen surgir la responsabilidad ante la frustración adoptiva.

A su vez, señalaron que surgió una nueva corriente jurisprudencial que asimila la figura y las obligaciones del progenitor afín con la situación de los guardadores y pretensos adoptantes.

En materia de fijación de una cuota alimentaria, remarcaron que dicha obligación surge de lo dispuesto por el art. 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, puesto que la misma norma establece que “(...) a los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño”.

Es decir, se trata de una disposición amplia que no solo involucra a los progenitores en su carácter de titulares de la responsabilidad parental, sino a todas aquellas personas que tengan o hayan tenido a su cargo el cuidado del niño. Es que se trata de un derecho humano fundamental que encuentra su base en el afecto. Por eso, incluso en procesos de adopción frustrados, la existencia de un vínculo socioafectivo entre los involucrados impone la necesaria continuidad de la satisfacción material hasta tanto la situación de los más vulnerables sea resuelta”, explicaron.

Y tuvieron en cuenta que si bien no se concretó el proyecto familiar, entre los niños y los recurrentes existió un vínculo, cuyos efectos no podían dejar de observarse.

Los hoy quejosos, oportunamente iniciaron el proceso destacando precisamente la existencia de un vínculo que iba más allá de su acercamiento como visitantes del Hogar convivencial en que se hallaban los niños. Y ha sido en virtud de dicha circunstancia que se autorizó su vinculación no obstante no ser lo formalmente establecido”, explicaron los jueces Javier Rodiño y Carlos Igoldi.

Por ello, llama la atención que quienes oportunamente plantearan una alternativa a la normativa que les impedía ser designados guardadores -fundando dicha excepción en la fortaleza del vínculo y en el interés superior de los niños M.-, hoy refieran lo contrario, intentando sustraerse de las obligaciones y responsabilidades que los vínculos generan. Cuesta comprender, en este particular contexto, que quienes habiendo promovido una vinculación por fuera del sistema de protección de derechos hoy se quejen precisamente de una supuesta falta de acompañamiento de ese mismo sistema”, destacaron sobre el caso concreto.

Sobre la queja por la fijación de la obligación alimentaria como "castigo", los jueces la calificaron como “impropia” de las resoluciones en materia de derecho de familia, porque “dicha apreciación constituye una muestra de la falencia en el reconocimiento del objeto que ha tenido (y tiene) el proceso en el que se encuentran involucrados C., C. y S., que busca su incorporación en una nueva familia que les provea todo lo necesario para su desarrollo”.

Por ello, lejos está de poder considerarse la fijación de la cuota alimentaria como un castigo, desde que la misma constituye la normal consecuencia derivada de la responsabilidad y solidaridad familiar que los vínculos generan”, explicaron.

En cuanto al plazo de duración fijado para la obligación alimentaria, los magistrados remarcaron que la vinculación se inició en marzo de 2017, por lo que resulta razonable que se extienda por el plazo de dos años, o bien hasta que se otorgue la guarda. Además, confirmaron la aplicación de la multa dispuesta para el caso de incumplimiento en la afiliación de los niños en la Prepaga S. M. porque “los magistrados se encuentran facultados para imponer sanciones pecuniarias a los fines de que se cumplan sus mandatos”.

Dicha facultad se vincula especialmente con la debida ejecución de las sentencias, lo que a su vez constituye una garantía de la tutela judicial efectiva”, concluyeron.

En el artículo “Aspectos económicos y consecuencias jurídicas respecto de los guardadores en los casos de desistimiento en el proceso de adopción”, publicado en Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio de la editorial Erreius, Rosalía Muñoz Genestoux consideró que “es imprescindible sensibilizar a los pretensos adoptantes respecto de su función y las dificultades que puede conllevar forjar una relación con un NNA que tiene una historia que lo precede y de la que ellos no han formado parte”.

Asimismo, remarcó que se debe trabajar en atención al “deseo de hijo”, a las particularidades del vínculo que deben construir y cimentar día a día.

Si, de todos modos, y aun con un fuerte trabajo previo y durante el proceso de consolidación del vínculo adoptivo, no pueden superarse las condiciones invocadas por los pretensos adoptantes, considero imperioso que se disponga de una suma de dinero en concepto de alimentos en cabeza de los adultos y con el objeto de sostener, aunque solo sea económicamente, al NNA hasta tanto no se garantice su posibilidad de vivir en familia, con otro grupo familiar o hasta que alcance la mayoría de edad o un proceso de autovalimiento”, señaló la especialista.

Ello, enfatizó, teniendo en cuenta el tiempo que el NNA se encontró al cuidado de los pretensos adoptantes y las posibilidades económicas o situación económica durante ese período.

Estos alimentos pueden ser cubiertos con sumas dinerarias, pero indudablemente tienen que garantizar su derecho a la salud a través de la cobertura médica y la escolaridad, debiendo garantizar su inclusión en un establecimiento escolar público o privado, adecuado a las necesidades del NNA”, agregó Muñoz Genestoux.

Así, concluyó señalando que “la figura del “progenitor afín” puede utilizarse para, sobre la base del principio de “solidaridad familiar”, disponer de los medios económicos que garanticen los derechos del NNA que ve coartada su posibilidad de integrar una familia”.

Fuente: Erreius