Emergencia sanitaria: avalan notificar por mail un pedido de divorcio vincular por presentación unilateral

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Un hombre presentó unilateralmente un pedido de divorcio contra su esposa, quien vive en Inglaterra, en el que manifestó que no correspondía proponer ningún convenio de división de bienes, ya que no existían bienes en común, y la única hija del matrimonio era mayor de edad.

El peticionante solicitó que se autorice a que la comunicación se notifique a la cónyuge, B.W. por vía correo electrónico, cuya dirección denunció en su presentación.

Para la jueza Silvia Inés Monserrat, “resulta ser un hecho notorio, que a partir de que por DNU se decretara en Argentina la emergencia sanitaria, como consecuencia del estado de pandemia provocado por el virus conocido como COVID-19. Y entre las muchas medidas que se dictaron, además del aislamiento social preventivo y obligatorio, también se dispuso un cierre de fronteras. Circunstancias que también fueron adoptados por el resto de los países del mundo”.

Las medidas adoptadas por el PEN, fundamentalmente las referidas al aislamiento, acarrearon como consecuencia, que la SCBA dictara la suspensión de todas las actuaciones judiciales y administrativas. Suspensión que, con el tiempo y la modificación de las fases sanitarias por las que países y regiones transitan, se ha ido morigerando, sin que a la fecha se considere que la emergencia sanitaria ni en la Argentina, ni el mundo se encuentre ni superada ni totalmente controlada”, agregó la titular del Juzgado de Familia N° 1 de Tandil, provincia de Buenos Aires.

Es en estos tiempos de emergencia sanitaria prolongada, las actuaciones procesales, para poder mantener el servicio de justicia, han debido ser adaptadas por los magistrados a cargo de los procesos, a las circunstancias mencionadas, apareciendo distintas resoluciones por las que se fueron cumpliendo actos procesales mediante los distintos medios telemáticos, o en domicilios constituidos en otros expedientes ver”, explicó la jueza del caso “G.E.A. c/W.B. s/divorcio por presentación unilateral”.

En este contexto, explicó que “el divorcio por petición unilateral, a partir de la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, pasó de ser propio de la jurisdicción contenciosa, en el que devenía mandatorio fundarlo, frene a la imposibilidad de acuerdo en, por lo menos, el tiempo transcurrido de la separación, como medio de interrupción de la comunidad de vida y en su probatoria, razón por la cual el demandado podía contradecir dicha alegación de separación y tiempo de la misma; y esta mutación del divorcio ha devenido en que, a mi criterio, los divorcios hoy deben ser considerados procesos de jurisdicción voluntaria”.

Luego hizo un análisis de la eficacia del medio que se utilice para hacer dicha notificación.

Los actos procesales son pasibles de nulidad, cuando violan las normas que los regulan, porque uno de los principios procesales de mayor importancia ha sido siempre el principio de legalidad”, indicó.

Este principio parte del siguiente concepto: “Las formas procesales existen para garantizar el debido proceso y, con ello, el derecho de defensa de las partes. Por lo tanto, los actos procesales deben realizarse conforme lo dispuesto por la ley procesal pues la ausencia de formas 'produce desorden e incertidumbre'”.

Sin embargo, también es cierto que esos actos procesales, además de su legalidad, tienen una finalidad, es decir han sido creados, no porque el proceso sea "una misa jurídica" en el decir del maestro Couture, sino para cumplir con una función y de ahí los principios de finalidad y trascendencia que determinan que, si a pesar del vicio el acto cumple su función y no acarrea perjuicio alguno, el mismo no puede ser declarado nulo”, agregó.

Luego remarcó que “lo que efectivamente se busca no es conferir un traslado propio del marco de la defensa del derecho (art. 18 de la C.N.), sino hacerle conocer al otro cónyuge que se ha instado una petición que concluirá con una sentencia de divorcio, que también le pondrá fecha a la disolución de la sociedad conyugal”.

Si, por otra parte, tenemos en cuenta que al 2019 se estimaban que, por día, en el mundo, circulaban 236.000 millones de correos electrónicos, no podemos menos que concordar que el email o correo electrónico es hoy una de comunicación con un altísimo alcance en la población”, destacó la magistrada.

Ningún proceso sería eficaz si desconociéramos el entorno social, y si nos aferráramos a un principio de legalidad alejado del principio de finalidad de los actos procesales”, dijo la jueza en su resolución.

Bajo las actuales condiciones de emergencia sanitaria y el cierre de las fronteras, no tengo ninguna duda de que sería interminable el tiempo que llevaría notificar de la petición a la cónyuge por la vía legal prevista, que es la vía consular a través de la Cancillería Argentina, y con eso le estaríamos posponiendo al peticionante su legítimo derecho a dar por concluido un matrimonio, que según lo dicho y el tiempo transcurrido al menos desde su presentación original, hace mucho tiempo se ha desintegrado”, consideró.

Por ello dispuso que la notificación de la petición de divorcio a la Sra. B., deberá realizarse por la actuaria del Juzgado a través de la casilla de correo electrónico oficial de este Juzgado de Familia y a la casilla de correo electrónico denunciada de la misma, con transcripción íntegra del auto y con copia de la petición.

En el artículo “El rol del derecho procesal en la emergencia: garantías y estabilidad de los actos”, publicado en Temas de Derecho Procesal de la editorial Erreius, María V. Mosmann, destacó que “se han creado soluciones ad hoc conforme la urgencia de los casos y conforme lo han requerido las personas involucradas”.

Todos los esfuerzos realizados por lograr el avance de los trámites judiciales necesitan de la certeza de que los actos plenos de efectos otorgan, y es sobre esos parámetros de garantías que deben esmerarse los esfuerzos en este contexto, ya que resultaría un absoluto despropósito avanzar en el trámite de un litigio, para luego desembocar en una declaración de nulidad procesal que retrotraiga los pasos al mismo lugar donde todo esto comenzó”, agregó la especialista.

El rol del derecho procesal en la emergencia es instrumental, flexible, adaptable a las necesidades y particularidades de los elementos objetivos -derechos- y subjetivos -personas en situación de vulnerabilidad- de los conflictos, y es su contexto el que nos muestra el buen parámetro a seguir para lograr el debido respeto a las garantías procesales para lograr consolidar la estabilidad de los actos procesales desarrollados en la emergencia”, concluyó.

Fuente: Erreius