Coronavirus y derechos del niño: realizan audiencia por videollamada para escuchar a una menor

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Un Juzgado de Familia del departamento judicial de La Matanza (provincia de Buenos Aires) ordenó flexibilizar las normas procesales para compatibilizarse los derechos de una adolescente con el estado sanitario de emergencia por la pandemia COVID-19.

En el caso “E. R., A.E. s/ abrigo", la magistrada del Juzgado de Familia n. 5 indicó que el expediente se encontraba listo para celebrar la audiencia de escucha de la joven en los términos de los artículos 3 y 12 de la Convención de Derechos del Niño (CDN) y que, a raíz de la emergencia sanitaria, debían buscar opciones tecnológicas para la continuidad de las causas en donde se encuentran en juego derechos de los niños.

Los chicos en convivencia en los distintos hogares demandan actividades y atención propia de sus distintas edades y de su condición de tales”, indicó, y agregó que el aislamiento obligatorio restringe su posibilidad con el afuera, y en los hogares de niños eso "potenció" la convivencia, pues quedó suspendida la plaza, la escuela, los amigos, la familia con la que en algunos casos se está en proceso de revinculación.

En este contexto, señaló que “no resulta conveniente celebrar la audiencia con la adolescente de modo presencial” por lo que encomendó al Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado que lleve adelante un estudio de factibilidad para realizar la misma de manera virtual.

En una comunicación telefónica, para conocer si la institución contaba con los medios tecnológicos necesarios para poder establecer contacto con la joven mediante dispositivos y programas audiovisuales, la directora del “Hogar P.” les respondió de manera afirmativa y brindó la posibilidad de mantener una comunicación por videollamadas a los teléfonos de las operadoras que trabajan en el hogar por medio de la aplicación WhatsApp.

La magistrada destacó que la Resolución 12/20 SCBA se ocupa y contempla la cuestión tecnológica en el fuero de familia provincial y que, para este caso, resulta inminente y necesaria su implementación.

Y señaló que, por analogía, en materia de violencia, la SCBA ha autorizado la recepción de las denuncias por medios telemáticos, incluso utilizando la aplicación de la mensajería instantánea WhatsApp; así como la comunicación de dichas medidas por tal vía a las partes y/o autoridades competentes (artículos 3 y 4 de la Resol. 12/2020 de la SCBA), estableciendo que todos los actos que se realicen por aquellos medios gozarán de plena validez.

Para este expediente, recordó que es de público y notorio conocimiento que la rápida propagación a nivel mundial del nuevo Coronavirus (COVID-19) ha motivado la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de una emergencia de salud pública de importancia internacional en el marco del Reglamento Sanitario Internacional.

Y remarcó que en esta emergencia se deben evitar condiciones de contagio del virus, debiendo contribuirse a la prevención como herramienta útil en beneficio de la Sociedad.

Estas medidas de prevención deben tener por objeto reducir la circulación del virus, a fin de resguardar la salud de la población, y en tal sentido se han encaminado las distintas decisiones que tanto a nivel nacional como provincial se han ido adoptando, afectando incluso el normal funcionamiento de la justicia y la asistencia a clases de los niños”, explicó la magistrada.

“Con la finalidad de fortalecer la prevención y la salud como bien fundamental de la comunidad, corresponde evitar audiencias de índole presencial, mas deben buscarse alternativas tecnológicas para la continuidad de expedientes donde se encuentran en juego derechos de vulnerados de niñas, como el expediente que nos ocupa”, explicó.

“En esta línea de ideas, merece recordarse que el artículo 3, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior”, enfatizó.

“La autonomía progresiva aptitudinal de los niños se refiere a la posibilidad que van adquiriendo estos para tomar decisiones sobre sus derechos fundamentales, conforme el alcance de un cierto grado de madurez y desarrollo, que tiene que ser valorado en cada caso concreto, y para efectuar esta valoración es imprescindible garantizar su derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida debidamente en cuenta”, enfatizó, al fijar la fecha de la audiencia, que se iba a llevar a cabo por videollamada.

En el artículo “El tiempo en el juicio de adopción”, publicado en Temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética, de Erreius, María I. Benavente remarca que “en el ejercicio de todo derecho -y especialmente cuando se trata de las personas menores de edad- el tiempo tiene un rol fundamental”.

Según el Comité de los Derechos del Niño (Obs. Gral. 14/2013): “Los niños y los adultos no tienen la misma percepción del paso del tiempo. Los procesos de toma de decisiones que se demoran o toman mucho tiempo tienen efectos particularmente adversos en la evolución de los niños”.

Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial...” (art. 8.1); y más adelante, en resguardo a la tutela judicial efectiva, añade: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales” (art. 25.1).

Por su parte, y en concordancia con esos postulados, la Convención sobre los Derechos del Niño establece: “Los Estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención” (art. 4).

Fuente Erreius