Deberá compensar a su exmujer porque durante el matrimonio ella se dedicó al cuidado de los hijos

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Un Juzgado de Familia de Lomas de Zamora hizo lugar a la demanda de una mujer que le solicitó a su exmarido una compensación económica, porque durante los años que estuvieron casados ella se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos que tenían en común, lo que le impidió desarrollarse laboralmente.

En este caso, la mujer promovió el reclamo en los términos de los artículos 441 y 442 del Código Civil y Comercial por la suma de $1.500.000. Solicitó que esa suma se le abone de manera íntegra en un solo pago por el desequilibrio económico manifiesto que sufrió desde la disolución del vínculo matrimonial.

En cuanto a los hechos, la demandante del caso "B. V. c/M. S. A. s/Acción de compensación económica" explicó que en el año 1996 renunció a un empleo y se dedicó a trabajar junto con su pareja en la empresa de este. A los tres años, contrajeron matrimonio y ella quedó embarazada de su primer hijo.

Luego del nacimiento, señaló que su marido se desentendió de la crianza del niño basado en sus tareas al frente de su empresa. Años después, ella abrió otro local de la firma, en el cual se desempeñaba medio día mientras el bebé permanecía en un jardín maternal.

Agregó que su marido jamás le entregó dinero o una tarjeta de crédito por esa tarea, sino que solo le dejaba cien pesos para el pago de la mucama junto con directivas para que sean cumplidas durante el día. Y remarcó que, en el 2004, tras el nacimiento de su segundo hijo, se repitió la misma situación.

Finalmente, denunció que tras haber comenzado a cursar sus estudios terciarios debió abandonarlos por la insistencia de su esposo. Luego decidió separarse y argumentó que -por su edad- le resultó muy difícil reinsertarse en el mercado laboral, por lo que debió recibir ayuda económica de su madre, ya que tenía ingresos muy bajos.

En cuanto al demandado, este solicitó el rechazo del reclamo.

El juez de primera instancia explicó que “las compensaciones económicas se encuentran previstas como uno de los efectos posibles del divorcio” y que pueden ser el resultado de un doble camino: el acuerdo entre los excónyuges, mediante el convenio regulador, o la decisión del Juez que establece la procedencia y la cuantía de la compensación, si es solicitada.

“La finalidad es evitar el injusto desequilibrio patrimonial que el cese de la unión matrimonial puede generar en uno de los cónyuges, siempre que este desequilibrio tenga causa adecuada en el matrimonio y en su ruptura. Los principios que rigen el matrimonio -en especial la equidad y la solidaridad- se materializan en esta institución, que resulta novedosa en el sistema jurídico argentino”, explicó el magistrado.

Se trata de una herramienta estrictamente patrimonial, de carácter objetivo, que procede cuando existe desigualdad económica, producida por la peculiar distribución de roles y funciones que los integrantes de la pareja llevaron adelante durante la vida matrimonial.

“Tiende a cooperar para que el excónyuge, que sufre el desequilibrio, pueda por sí mismo acceder a nuevas oportunidades que le permitan reestablecerse de la inestabilidad a la que ingresa tras la ruptura de la vida matrimonial”, agregó.

En este punto, explicó que para su procedencia se requiere la ruptura del vínculo matrimonial, el desequilibrio económico manifiesto sufrido por uno de los excónyuges, el empeoramiento de la situación económica de uno de los excónyuges y una causa adecuada entre el matrimonio, la ruptura y el desequilibrio producido.

En tanto, el artículo 442 del CCyC dispone que “a falta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el juez debe determinar la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias, entre otras: a) el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial; b) la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio; c) la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos; d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica; e) la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge; f) la atribución de la vivienda familiar, y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio o un inmueble arrendado. La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse dictado la sentencia de divorcio.

El juez entendió que, al especificar que la norma indica la expresión “entre otras”, se deja en claro que las circunstancias enumeradas en los seis incisos no son las únicas.

“Lo importante es que se visualice cuáles han sido los roles desarrollados durante la vida matrimonial, a los fines de determinar -en principio- si procede la fijación de la compensación, y luego, el monto de la misma”, remarcó.

Al analizar las pruebas incorporadas a la causa, el juez consideró acreditados los roles que desempeñaron las partes durante su matrimonio y consideró que la mujer sufrió un desequilibrio económico con la entidad suficiente para hacer lugar a la acción intentada.

A los efectos de ponderar el monto, de acuerdo a las circunstancias del caso, el juez tomó el salario vigente para un empleado de comercio, ($27.000) teniendo en cuenta que era la actividad que la peticionante desarrollaba con anterioridad al matrimonio.

A esa suma ordenó multiplicarla por los meses en que las partes estuvieron casadas, (155 meses) y, sobre dicho monto, tomó el 20 % para arribar a la suma de la compensación debida.

Así, fijó la compensación económica en favor de la actora en la suma única de $837.000.

Compensar el desequilibrio

La especialista Florencia Galeazzo, colaboradora de Erreius Online, explica que la compensación económica “no es una pensión de alimentos, porque su finalidad no es pagar las necesidades del cónyuge, sino compensar razonablemente el desequilibrio que la separación y/o el divorcio le produce independiente de los daños y perjuicios, y de los alimentos que correspondan”.

Se trata de una pensión de carácter pecuniaria y asistencial, pero no alimentaria, a favor de uno de los cónyuges, basada en el desequilibrio económico como consecuencia, y no a causa del divorcio.

“Ello es así, toda vez que la compensación económica es exigible desde que el divorcio se produce, mientras que los alimentos lo son desde que surge la necesidad. Por otra parte los alimentos son irrenunciables en tanto que la compensación económica sí puede ser objeto de renuncia”, agregó.

Por ello, se ha caracterizado esta figura como un derecho en ficción del cual el cónyuge que ha sufrido un menoscabo puede reclamar una compensación, como consecuencia del quiebre en el proyecto de vida en sí.

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Fuente Erreius