Multan a una empresa de seguridad tras un robo a una usuaria

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La Justicia porteña confirmó la multa de $30.000 dispuesta por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Además, la compañía deberá publicar la disposición en un diario por no cumplir “con la garantía y seguridad promocionada”.

En los autos “Prosegur Activa Argentina SA contra GCBA sobre Recurso Directo sobre Resoluciones de Defensa al Consumidor”, la empresa fue sancionada con una multa, por infringir el artículo 8º de la Ley 24.240, establecida por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario confirmó la disposición que también incluye la obligación de publicarla en un diario.
El artículo mencionado de la Ley 24.240 regula los efectos de la publicidad e indica que las precisiones realizadas en los anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente.

El tribunal consideró que cuando de la publicidad y del contrato surgen contradicciones o superposiciones acerca de un tema, siempre se tomará la solución que sea más favorable para el consumidor. Asimismo, destacó que la empresa no acompañó prueba que “permita concluir que la publicidad resultaba conteste con el argumento que pretende esgrimir, como tampoco que haya cumplido con la garantía y seguridad promocionada“.

La demanda a la compañía la interpuso una usuaria del servicio luego de sufrir un robo en su vivienda, en 2012. La mujer había contratado el servicio, porque en la publicidad aseguraba que las alarmas ofrecidas eran monitoreadas todos los días del año. Sin embargo, la empresa controlaba el funcionamiento de los dispositivos una vez por semana. Al ser tan acotada la fiscalización, Prosegur no advirtió que el sistema de alarmas no funcionaba luego de un corte de la línea telefónica. Tampoco se percató del robo producido en la vivienda de la clienta.

Los derechos de los consumidores y usuarios están protegidos en normas constitucionales. El artículo 42 de la Constitución Nacional establece: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz (…)”. Del mismo modo, la Constitución de CABA dispone en el artículo 46 que "la Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios (…). Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas".

El fallo completo aquí.

Fuente: Erreius