Una empresa deberá resarcir a cliente por informarlo incorrectamente como deudor ante el BCRA

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En los últimos tiempos, este tipo de quejas se multiplicó. Los orígenes de estos reclamos se deben a que figura en esos registros una deuda que no fue tal, que ya se canceló o que permanece por un plazo superior al establecido por ley (5 años).

Es que la inclusión en esas bases de datos compromete el futuro financiero de quien pretenda acceder, por ejemplo, a un nuevo préstamo pese a que intente brindar garantías de pago.

En este caso, un hombre realizó la compra de unos pasajes por Internet desde Budapest hasta Madrid con la extensión de la tarjeta de crédito MasterCard otorgada por Falabella CMR a su madre.

Al recibir el resumen de la tarjeta de crédito, se dio cuenta de que le estaban cobrando dos cargos por pasajes en vez de uno, por lo que reconocieron y pagaron la suma de $ 803,61, pero no la suma de $ 636,50.

La damnificada realizó el reclamo ante la empresa, pero en el siguiente resumen el ítem cuestionado volvió a aparecer. 

Relató que la situación continuó hasta que la empresa reconoció la impugnación y el reintegro del monto.

Sin embargo, al mes siguiente el monto impugnado reapareció y la reclamante comenzó a recibir llamados del departamento de cobranzas de la firma para regularizar la deuda con intereses.

Por ese motivo, inició la denuncia en Defensa del Consumidor, en donde la firma manifestó haber anulado el cargo facturado y que no se debía devolver nada a la denunciante porque no había pagado la suma reclamada. 

De todas maneras, los problemas para la mujer continuaron. En los tribunales, relató que tal anulación jamás se hizo y que la firma informó a las diversas bases de datos financieras el incumplimiento de pago, lo que le produjo profundos problemas, como la inquietud por figurar en el Banco Central como morosa y deudora, la imposibilidad de acceder a un préstamo del Banco Hipotecario para cambiar su auto y no poder obtener tarjetas financieras para recibir descuentos.

Ante la disconformidad de las partes por el fallo de primera instancia, el caso “D. A., A. y otros c/CMR FALABELLA s/daños y perjuicios”, terminó siendo resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza.

No existe mayor sensación de desazón que aparecer incurso en una situación irregular cuando se trata de un supuesto erróneo, siendo público y notorio los efectos nocivos que produce la aparición en este tipo de registros, primer centro de consulta al que se recurre para meritar la liquidez, confianza y seriedad con quien se quiere contratar”, indicaron los magistrados. 

Por ese motivo, consideraron que correspondía elevar la suma otorgada en concepto de daño moral, “pues cualquier persona normal y honesta debe haber experimentado alteración en su estado anímico, profunda preocupación por la situación en que injustamente se la colocó, o estados de irritación que afectaron su equilibrio, ya que el solo hecho de conocer estar informado en la base de datos de deudores morosos del BCRA genera una sensación de angustia o impotencia que nadie está obligado a soportar injustamente”.

Si por un error de la empresa, la persona apareció por una deuda inexistente en la base de datos de deudores morosos del BCRA, y por consiguiente también en otras bases de deudores que reproducen esa información, lógicamente le debe haber producido un estado de preocupación, angustia e impotencia, a lo que hay que sumarle que ello le privó injustamente de la posibilidad de acceder a cualquier tipo de crédito y/o adquisición de tarjeta de crédito”, agregaron.

Además, hicieron lugar al pedido del daño punitivo reclamado, pues, “se aprecia una grosera negligencia en el accionar de la demandada, al anular el consumo pero continuar reclamando vía telefónica la deuda e informando a la actora como deudora ante el Banco Central de la República Argentina, comportamiento que importó un desprecio inadmisible a los derechos de los consumidores y culpa grave en el incumplimiento de sus obligaciones”.

Hay que recordar que el daño punitivo consiste en una multa civil, que se añade a las clásicas indemnizaciones por daños (patrimonial y moral), aplicada en beneficio de la víctima, a los fines de castigar a los proveedores de bienes y servicios que incurran en graves inconductas.

Esta indemnización -prevista en la Ley de Defensa del Consumidor- tiene un fin disuasivo, es decir, busca evitar que en el futuro los proveedores repitan la conducta sancionada.

La aplicación de esta figura (importada de diversas legislaciones, como la estadounidense) debe ser solicitada por el consumidor y será el juez quien la graduará, teniendo en cuenta la gravedad del hecho de cada caso concreto.

Esta suma entra al bolsillo del demandante y no a un fondo del Estado (como ocurre con las multas).

En tanto, el reclamo por el daño moral se originó en la conducta negligente de la firma que, en este caso, arrastró a su clienta a ser incluida en los sistemas de información de deudores. Esa circunstancia es de por sí impropia y provoca un daño que debe ser resarcido.

Sebastián I. Navas, colaborador de Erreius, explica que en estos casos están en juego la protección de los intereses económicos de los consumidores y usuarios, cuyo derecho es reconocido por el artículo 42 de la CN. 

El derecho a la protección de los intereses económicos está estrechamente ligado a la pretensión de calidad de los productos y servicios, a la vigencia de una verdadera justicia contractual, y de un sistema de compensación efectiva en materia de reparación de daños”, agregó.

Es decir, no solo se encuentra en juego la protección de los intereses económicos del usuario (su propio patrimonio), sino también su salud y muchas veces su propia vida. 

El usuario podría iniciar la correspondiente acción reparatoria de daños y perjuicios, patrimoniales y extrapatrimoniales, ya que no brindar la información a la cual la misma CN hace referencia, como la misma LDC, configura un incumplimiento del contrato que genera el deber de responder por los perjuicios que dicho accionar antijurídico provoque en una de las partes”, concluyó el especialista.

En tanto, el especialista Néstor Parisi se mostró en contra de la aplicación de los daños punitivos en el derecho argentino “no por su propia función social acertadamente encomendada”, sino por “la transpolación descuidada y artera con la finalidad del aplauso en una sociedad de halagos mutuos, de un engranaje normativo ajeno al contexto en el cual ha de emplearse que llega a envilecer tanto al derecho al punto de tornarlo inocuo y superficial”.