Consideran que no es necesario reinscribir la tutela del “bien de familia” luego de una cesión de derechos hereditarios

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La sala 2 de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 14.432 de la provincia de Buenos Aires de Protección de la vivienda única, y de ocupación permanente y sostuvo que es necesario configurar alguna de las causales que autorizan la desafectación y cancelación de la inscripción del inmueble como "bien de familia" para poder ejecutarlo.

En el caso “Z., C. E. c/G., D. y otro s/cobro ejecutivo”, la actora pretendía que se subaste a un inmueble propiedad del co-ejecutado, quien era titular de aquel en virtud de la celebración de un contrato de cesión onerosa de acciones y derechos hereditarios.

El juez de primera instancia hizo lugar a la suspensión de la subasta con relación al inmueble y rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley bonaerense 14.432 efectuado por el ejecutante.

Al decidir, sostuvo que, según su inscripción registral, “el inmueble se encuentra afectado como 'bien de familia' de la Ley Nacional 14.394, tutela que se proyecta y ha transmitido a sus nuevos titulares registrales con los efectos amplios de protección del nuevo régimen de los arts. 244 y sgtes., no siendo exigible una nueva reinscripción o anotación, y menos aún perjudicar el marco tuitivo cuando los beneficiarios se ensanchan y se intensifica el nivel de protección de una 'sola vivienda familiar'”.

Se trata -acotó- de proteger un solo inmueble, y en el caso de multipropietario deberá optar por uno solo, siendo este el que no podrá ser perseguido o realizado por los acreedores.

Por otro lado, en orden a la garantía de inembargabilidad e inejecutabilidad consagrada por la ley provincial 14.432, destacó que “el derecho a una vivienda digna de su titular y su grupo familiar (si lo tuviera), entendido como derecho económico y social, desborda su tratamiento como parte del derecho común, siendo una preocupación persistente tanto del legislador provincial como del nacional”.

Desde su perspectiva, la ley 14.432 traduce el ejercicio de una competencia legisferante concurrente entre la Nación y las Provincias vinculada al desarrollo humano y la seguridad social con basamento en el art. 14 bis y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y art. 36 inc. 7 de su par provincial y que "(…) persigue el resguardo de las condiciones materiales mínimas para que el proyecto de vida común del núcleo familiar pueda desarrollarse con un grado considerable de autonomía, a través de la preservación del espacio habitacional que sostiene esa convivencia, sin la cual existe el riesgo de que la familia pueda desmembrarse y de que sus integrantes deban afrontar una situación de desamparo y vulnerabilidad (…)".

Señaló, además, la incidencia que tuvo en el ordenamiento jurídico la incorporación de los tratados internacionales de Derechos Humanos, remarcando la necesidad de no perder de vista el sentido pro homine, así como tampoco la protección y carácter progresivo que campean en la materia. Expuso que como derivación del art. 5 de la Constitución Nacional, los derechos y garantías reconocidos en el articulado nacional no resultan obstáculo para que los Estados provinciales avancen, mejorando la protección de esos derechos en clave de progresividad según los términos de los arts. 75 inc. 18 y 19 y 121 de la Carta Magna Nacional y luego de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, en el art. 244, máxime ante la habilitación a su regulación por otras normas.

Por tales fundamentos, descartó la inconstitucionalidad de la ley local que juzgó aplicable al caso.

Frente a dicha decisión, la actora impugnó la decisión y el expediente recayó en la sala II de la Cámara 1° en lo Civil y Comercial de la Plata, quien confirmó la decisión de primera instancia.

Las camaristas Irene Hooft y Ana María Bourimborde expresaron que “el ejecutante resulta ser una acreedora de causa posterior a la constitución del inmueble como bien de familia. No se ha invocado, ni se constata, la concurrencia de alguno de los restantes supuestos de inoponibilidad que habiliten la ejecución y embargo del inmueble por la ejecutante (arts. 38 ley 14.394, 249 CCC)”.

En ese sentido, explicaron que “la desafectación no fue solicitada por el otro titular constituyente, antes o concomitantemente con la cesión, ni por los herederos de su cónyuge ni por el cesionario de los derechos y acciones hereditarios -nieto del anterior titular dominio- (art. 49 inc. a y c ley 14.394, 255 inc. a y c CCyC). Su constitución no fue bajo la modalidad testamentaria (art. 49 inc. b de la cit. ley, 255 inc. b CCC), ni concurren los supuestos de expropiación, reivindicación o venta judicial decretada en ejecución autorizada por la ley, ni se demostró la existencia de una  causa grave que justifique la desafectación (art. 49 inc. e ley 14.394 y 255 inc. E CCC)”.

Se imponía, por tanto, determinar si aparece configurada la causal del art. 49 inc. d de la ley 14.394 -actual art. 255 inc. del CCC- que faculta, de oficio o a instancia de cualquier interesado, a la desafectación y cancelación de la inscripción cuando no subsistieren los requisitos previstos en los artículos 34, 36 y 41 o hubieren fallecido todos los beneficiarios.

Luego añadieron que “el ejecutado tiene un vínculo de parentesco que, por ley, habilita su designación como beneficiario (art. 36 ley 14.394 y art. 246 del CCC). De cualquier manera, quienes revisten tal carácter no son los genéricamente enumerados en el artículo 36 de la ley 14.394 (actual art. 246 CCC), sino aquellos que así fueron identificados en el documento constitutivo”.

En dicho contexto, explicaron que frente a la inscripción registral que da cuenta de la exclusión del inmueble del régimen común de responsabilidad patrimonial, pesaba sobre la ejecutante la prueba de que las condiciones que justificaron el reconocimiento de tal beneficio han dejado de tener vigencia y, de tal modo, se ha configurado uno de los supuestos de desafección que tornan procedente la cancelación de su inscripción como bien de familia, carga que no aparece abastecida en el caso.

Es más, las juezas sostuvieron que del análisis cuidadoso de las particularidades del caso se “desaconseja su asimilación a una enajenación susceptible de traducir el propósito de los cedentes de proceder a la desafectación y cancelación en los términos previstos en el art. 49 inc. a) de la ley 14.394 (arg. arts. 9, 1061, 1064, 1067, 1616, 2280, 2302 CCC)”.

La afectación e inscripción del bien de familia trae como consecuencia una serie de limitaciones y/o prohibiciones, entre ellas de la enajenar el inmueble (art. 37 de la ley 13.394). Mas, en el caso, según quedó establecido, ni el constituyente originario ni los restantes cedentes y/o el cesionario procedieron, antes o de modo concomitante a la cesión, a su desafectación. Incluso, tras su celebración en el año 2004, el constituyente continúo habitando la finca hasta su fallecimiento el 30/1/2007, sin que concurran elementos que autoricen a presumir que renunció a la tutela legal del bien que pertenece a la familia desde 1954.

En ese recorrido, la Cámara remarcó que la afectación del inmueble como “bien de familia” se encontraba vigente no solo porque así lo informó el Registro, sino porque el co-ejecutado tiene un vínculo de parentesco que, por ley, habilita su designación como beneficiario.

Por todo ello, resolvió rechazar los agravios de la parte actora ejecutante, confirmaron la decisión de primera instancia en cuanto juzgó subsistente la protección del inmueble embargado y ordenaron la suspensión de la subasta.

Fuente: Erreius