Multan a empresa de medicina prepaga por haber aumentado la cuota de un afiliado por su edad

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La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un recurso interpuesto por la empresa de medicina prepaga Swiss Medical y confirmó la multa que se le impuso por haber aumentado la cuota de un grupo familiar afiliado en razón de la edad de uno de sus integrantes.

En este caso, una mujer denunció en la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDYPC) que su grupo familiar es afiliado a la empresa y que, a partir del mes de octubre de 2015, al cumplir su esposo 61 años, esta realizó un incremento de más de 36% en la cuota mensual por razones de edad, lo que contraría lo dispuesto en el art. 17 de la Ley 26.682.

Relató que efectuó un reclamo por medio de una nota que no fue contestado satisfactoriamente ni por correo ni en forma telefónica, sino que la persona que la recepcionó le informó verbalmente que no le efectuarían el descuento. Hasta la fecha no le fue devuelto el dinero.

Por otro lado, señaló que encontrándose próxima a cumplir 61 años teme que la empresa vuelva a aplicar el aumento en la cuota que la torne imposible de solventar.

Swiss Medical SA realizó su descargo manifestando que la denuncia presentada era injustificada, toda vez que los adicionales aplicados por razones de edad se encontraban previstos por el contrato que el Sr. M. suscribió al momento de la afiliación y que la información fue brindada en forma correcta, tanto al momento de suscribir el contrato como verbalmente al momento de realizar el reclamo.

La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le impuso una multa de $55.000 porque consideró que “la presunta infracción al artículo 4 estaría configurada por la falta de respuesta que habría por parte de la sumariada a los reclamos realizados por la Sra. V. I. I. respecto a los aumentos a la cuota del Plan de Salud de su marido, al Sr. J. M., en razón del cambio de rango etario, temiendo que los mismos aumentos sean aplicados a su plan al momento de alcanzar la edad de 61 años”.

Consideró que “teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley 26.682 resulta inapropiado que la sumariada argumente haber dado cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 24.240 en tanto la información que manifiesta haber brindado es por lo menos inexacta. Que, en efecto, habiendo reconocido que la información brindada giró en torno a que efectivamente la señora I. sufriría un aumento en la cuota al cumplir los 61 años -igual que sucedió con su esposo- y toda vez que la ley 26.682 prohíbe todo aumento en razón de la edad con la excepción de lo establecido en el artículo 12, no puede más que concluirse que la información brindada incumple con lo que dispone la normativa”.

La empresa interpuso recurso directo de apelación y la causa fue elevada a la Sala I de la Cámara de Apelaciones, conformada por Carlos Balbín, Fabiana Schafrik y Pablo Mántaras.

En su voto, al que adhirieron sus colegas, Balbín recordó que “los derechos del usuario y el consumidor están regulados en la Constitución Nacional en los siguientes términos: ‘los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios’”.

Y agregó: “En este marco constitucional, el régimen jurídico complementario es desarrollado básicamente por la ley nacional 24.240, cuyo objeto es la regulación de la defensa de los usuarios y consumidores, y que describe cuáles son los mandatos que deben cumplir los proveedores de bienes y prestadores de servicios y cuyo incumplimiento constituyen infracciones que son pasibles de sanciones administrativas. Además, la ley describe las sanciones por infracción a los mandatos normativos y el criterio de graduación. A su turno, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la ley 757, que establece el procedimiento a seguir en el ámbito local en la aplicación de las normas de defensa del usuario y consumidor y lealtad comercial”.

Así advirtió que “la actora centró sus agravios aduciendo que la disposición es incongruente y arbitraria por cuanto (a) está acreditado que la información fue brindada en forma completa y correcta desde el inicio de la contratación, toda vez que los adicionales se encuentran previstos por el contrato suscripto al momento de la afiliación; y (b) los aumentos son legítimos, sin perjuicio de lo cual la DGDYPC cuestionó el contenido de la información suministrada”.

A mi entender, tales defensas que, por cierto, en su mayoría son repetitivas de las expuestas al momento de realizar el respectivo descargo, no resultan suficientes para que, como se pretende, se declare la nulidad de la sanción recurrida. Ello, en tanto no se argumentó debidamente ni se ofreció prueba o sustento suficiente que permita desacreditar lo expuesto por la DGDYPC al fundar la resolución”, añadió.

Y señaló que “no se desprende claramente del contrato suscripto por las partes (…) que se hubiera acordado un aumento de la cuota a partir de los 61 años. Sin perjuicio de ello, y aún en el supuesto en el que se pudiera considerar que al momento de suscribir el contrato el consumidor tuvo efectivo conocimiento de los posibles aumentos en la cuota del plan, ello no suple en modo alguno el deber específico que tenía la empresa de responder en forma clara, completa, detallada ante el reclamo iniciado por el usuario. Súmese a ello, tampoco resultan atendibles los argumentos expuestos respecto de que la información fue brindada en forma telefónica y verbal”.

Por otro parte, indicó que “tampoco acreditó que efectivamente se haya efectuado algún llamado telefónico a la afiliada explicando detalladamente, de modo claro y completo, lo requerido en la nota. Por lo tanto, no encuentro acreditado que la información que alega haber brindado a la afiliada desde el inicio de la contratación haya sido cierta, clara y detallada. De forma contraria, de las actuaciones puede inferirse que lo informado pudo generar suficiente confusión sobre la ejecución del contrato”.

Finalmente, también subrayó que “de las actuaciones se desprende que con fecha 2 de septiembre de 2016 la Superintendencia de Salud de la Nación consideró que los aumentos aplicados debido al cambio de rango etario del denunciante no estaban autorizados por la normativa vigente, por lo que dispuso intimar a Swiss Medical SA para que se abstenga de aplicarlos y ordenó reintegre la suma cobrada indebidamente”.

En el artículo “El precio del contrato de medicina prepaga”, publicado en Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio de Erreius, Alan Gobato explica que “la articulación de los cambios de grupo etario, por composición de grupo familiar, de grupos corporativos o de las condiciones de contratación a directas o su inversa, a su vez, también deben ser analizados a la luz de distintos derechos”.

Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sanos o enfermos, no se admiten discriminaciones, y claramente no es legítimo discriminar según las facultades o salud conservadas de la persona”, agrega.

Por principio de igualdad, se debe estar a que una vez contratada la cobertura médico-asistencial, se debe mantener la misma a lo largo de la vigencia de la relación contractual, sujeta solo a los cambios autorizados por la Autoridad de Aplicación en materia de precios de las cuotas, pero no por su particular condición de salud, sino por los efectos de incrementos de precios por inflación”, remarca el especialista.

Y enfatiza que “no se deben admitir cambios en materia de cobertura, prestación o esfuerzos adicionales, por mayor edad, o cambio de estado de salud, so pena de ser considerado tal cambio como discriminatorio”.

Es injuriante y discriminatorio considerar un riesgo a la edad. En segundo lugar, vulnera la sustentabilidad de la relación de consumo, sin perjuicio de que es un tratamiento discriminatorio. La vulneración es exactamente la misma, se lesiona el principio de igualdad”, concluye.

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Fuente: Erreius