Un banco deberá abstenerse de debitar cuotas de un préstamo personal obtenido de modo fraudulento

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La Sala F de la Cámara Comercial dictó una medida cautelar con efecto retroactivo contra una entidad financiera, que deberá abstenerse de debitar las cuotas de un préstamo personal obtenido de modo fraudulento a un cliente y, además, deberá reintegrar provisoriamente varias de las cuotas debitadas con anterioridad.

En el caso  Corvini, Alfredo Luis c/ BBVA Banco Francés SA s/medida precautoria”, el actor planteó una revocatoria con apelación en subsidio de la providencia que desestimó la ampliación de la medida innovativa, la que solo había dispuesto cautelarmente el cese del débito de las cuotas del préstamo personal obtenido mediante fraude, pese a que había quedado acreditada documentalmente la percepción de cuotas con posterioridad al inicio del expediente.

Todo comenzó cuando un tercero, mediante el artilugio de su requerimiento telefónico, procedió a retirar el dinero por la ventanilla de la “Suc. Boedo” de la entidad, portando el documento de identidad del accionante, el cual había sido hurtado de su vehículo junto con otros elementos días anteriores.

Según se denunció, el banco efectuó distintos descuentos de la caja de ahorro con imputación al mentado “préstamo personal”, por más de $ 120.000.

El reclamante solicitó la devolución de los fondos descontados aunque nada de ello se dijo en la resolución cautelar, la cual dispuso: “(…) la inmediata suspensión en la afectación de su caja de ahorro (…) de las cuotas correspondientes a “Préstamo Personal” concedido por la suma de $ 500.000, a tal fin líbrese oficio debiendo el interesado acompañar el proyecto en forma digital para su confronte y firma”.

El actor indicó que la dilación en el dictado de la ampliación cautelar permitió la ocurrencia de dicha circunstancia, resultando la denegatoria una privación injustificada del derecho y una desnaturalización de la propia tutela concedida.

Los jueces Alejandra Tevez, Ernesto Lucchelli y Rafael F. Barreiro hicieron lugar a la apelación. “La medida fue solicitada de forma 'autónoma', que pretendió que se ordene al banco demandado cesar en el cobro/débito de las cuotas del préstamo personal obtenido de modo fraudulento”, explicaron.

Por haberse satisfecho los requisitos de verosimilitud y peligro en la demora, es factible otorgar el alcance requerido por el actor para la reversión de aquellos débitos”, indicaron, y destacaron que “el art. 230 CPCC concibe una finalidad instrumental ambivalente pues sirve a la eficacia de la sentencia final tanto cuando procura en el tránsito hacia ella que se mantenga la situación de hecho o de derecho existente (si de su modificación se siguiera el peligro de daño) como cuando se insta a su modificación, si el statu quo sobre los bienes o las cosas del pleito es lo que genera el peligro o la infructuosidad de la sentencia”.

Así entonces, la versión 'innovativa' que registra la norma antedicha es apta para producir efectos retroactivos sobre conductas, situaciones o efectos ya agotados o consumados. Dicho de otro modo, puede revertir las cosas a un estado anterior, es decir, tener efecto retroactivo sobre situaciones consumadas”, enfatizaron.

Además, destacaron que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha subrayado que atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia que conllevan las pretensiones, para lo cual deben encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela de orden constitucional”.

En sintonía con tal premisa, los jueces señalaron que tienen el deber de de evitar la consumación de un daño mayor, en una operatoria amparada por una legislación de orden público, tal es la ley 24.240.

De allí que, desde esta perspectiva precautoria, consideraron pertinente disponer que el cese ordenado ostente efectos retroactivos, por lo que el banco debía proceder a la reversión provisional de los débitos indicados precedentemente, con la consecuente acreditación en la caja de ahorro de titularidad del actor.

Por lo expuesto, hicieron lugar a la apelación y ordenaron que las costas por la actuación de alzada sean distribuidas en el orden causado.

En el artículo “Los peligros de la actividad bancaria y su necesario control”, publicado en Temas de Derecho Comercial, Empresarial y del Consumidor de la editorial Erreius, Ángel M. González señaló que “el fraude puede constituir cualquier engaño, maniobra o ardid destinado a producir un beneficio al agente, en el caso que nos ocupa, de la entidad bancaria y una pérdida (daño) a la víctima, que en nuestro supuesto es el que contrata con el banco, pudiendo involucrarse actos aislados o, en su caso, actos concatenados al efecto de producir el daño”.

“Por la totalidad de los perjuicios así causados a los contratantes con la entidad bancaria y, en su caso a determinados terceros, en determinadas circunstancias, la entidad bancaria deberá responder no como un simple particular, sino como un profesional en la actividad en la que obtiene los frutos que cada día se vislumbran como más importantes”, remarcó el experto.

 

Fuente: Erreius