Cajas de seguridad: son inválidas las cláusulas de exoneración de responsabilidad impuestas por los bancos

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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial obligó a un banco a indemnizar a clientes que habían sufrido el robo de sus cajas de seguridad a través de la modalidad “boquete”. La entidad se había defendido señalando que habían firmado un contrato que contenía una cláusula de exclusión de responsabilidad.

Para las juezas Matilde Ballerini y María I. Gómez Alonso de Díaz Cordero, admitir la validez de cláusulas de exoneración de responsabilidad del banco provocaría su desnaturalización, dejándolo prácticamente sin objeto

En el caso “Natta, Oscar Alberto y otros c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ordinario”, los actores solicitaron que se condene al banco a pagar $2.800.000 con más intereses y costas, por los daños y perjuicios que alegaron haber padecido como consecuencia del robo que sufrieran de los bienes depositados en las cajas de seguridad cuya titularidad detentaban.

La sentencia de primera instancia admitió parcialmente la demanda. El juez rechazó la excepción de falta de legitimación activa, ya que el contrato suscripto entre las partes concedió idéntico permiso de uso al locatario como a sus representantes y autorizados, sin diferenciar alcance alguno entre ellos. A su vez, consideró que la relación se encontraba amparada por la Ley de Defensa del Consumidor, ya que los accionantes eran el usuario final del servicio prestado por el banco.

Respecto de la responsabilidad de la entidad bancaria, estimó que la modalidad de “boquete” utilizada para el robo de las cajas de seguridad no configuraba un supuesto que permitiera eximirla, ya que el resguardo de los bienes contenidos en ellas implicaba una obligación de resultado que el banco accionado debía cumplir. Por otro lado, sobre la base del art. 37, incs. a y b, de la Ley 24.240, desestimó la validez de la Cláusula n° 18 del contrato invocado, por la que se pretendía liberar de responsabilidad en supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

La entidad apeló la sentencia al considerar que la Cláusula 18 del contrato celebrado establece que el banco garantiza exclusivamente la integridad exterior de la caja, salvo caso fortuito o fuerza mayor, y no responde por los objetos depositados en ella. A su vez, señaló que el suceso que dio origen al reclamo fue imposible de prever, aun habiendo tomado todas las medidas de seguridad necesarias, lo que impide imputarle responsabilidad alguna por el hecho.

Las camaristas de la sala B señalaron que “el contrato de caja de seguridad es un contrato de adhesión, en el cual el adherente se encuentra imposibilitado de discutir o modificar las cláusulas predispuestas, incumbiendo por ende a la autoridad jurisdiccional la valoración de las circunstancias del contrato, la buena fe y el uso y la práctica empleados en casos análogos a fin de preservar el equilibrio de las prestaciones”.

"Por lo que la esencia del contrato de caja de seguridad es un deber de custodia y vigilancia de parte del banco, en cuyo mérito las pretendidas cláusulas de eximición de responsabilidad por parte de este no tienen valor alguno, ya que se pretendería por esta vía una renuncia anticipada de derechos del cliente, desdibujándose la naturaleza misma del contrato”.

En ese sentido, remarcaron que “el profesional banquero que lucra con el arrendamiento de cajas de seguridad ofrece a su clientela ‘seguridad’; de lo que se sigue responsabilidad en caso de daño (arg. arts. 126 y 127, CCom. aplicables al tiempo de los hechos aquí debatidos) y la profesionalidad de la defendida exige standard de responsabilidad agravada frente a los usuarios”.

Y en razón de la esencia del contrato de caja de seguridad y de su funcionalidad, admitir la validez de cláusulas de exoneración de responsabilidad del banco provocaría su desnaturalización, dejándolo prácticamente sin objeto, acarreando también la negación de ese resultado que allí mismo se garantiza, pues ello resulta inconsecuente con la obligación asumida, por cuanto presupone, desde el inicio de la relación, que el incumplimiento no aparejará para el banco consecuencias jurídicas.

Para los camaristas, en esta clase de contratos, “la cláusula de irresponsabilidad del banco encubre la inobservancia de la obligación esencial a cargo de la entidad bancaria -la ‘obligación de vigilancia’-, cuya transgresión equivale a un completo incumplimiento del acuerdo, porque esta constituye la naturaleza propia del servicio de caja de seguridad y para más, desde la perspectiva de las previsiones de la Ley de defensa del consumidor”.

Es que el artículo 37 de dicha norma establece que "Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daño, b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte, c) las cláusulas que contengan cualquier precepto que impongan la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor" (ver también arts. 988 y 1119 CCivCom.).

Por otro lado, en el Código Civil y Comercial “se impone como obligación a cargo del prestador de una caja de seguridad la de responder por ‘…la integridad de las cajas y el contenido de ellas, conforme con lo pactado y las expectativas creadas en el usuario…’ y expresamente se consigna que ‘…La cláusula que exime de responsabilidad al prestador se tiene por no escrita…’, admitiendo solo una limitación dineraria cuantitativa”.

Es indudable que cuando el cliente solicita del banco el servicio de locación de una caja de seguridad, tiene como fin principal y decisivo la custodia, que puede obtener por dos órdenes de medios reales y personales, esto es, mediante el uso de una cosa (arriendo) y la prestación de guarda y vigilancia (depósito). Este débito es, en verdad, objetivamente incontrovertible”, agregaron.

Así las cosas, responder de la custodia de los locales significa que el locador debe disponer los medios idóneos para asegurar su vigilancia diurna y nocturna para impedir que otro -que no sea el locatario- pueda abrir la caja. Es decir, el banco responde por una lesión externa, ya que la obligación de velar por la integridad y custodia de la caja es única, configurándose una obligación de resultado.

Para excluir la responsabilidad del banco en estos contratos, este debe demostrar mediante una prueba positiva que el resultado ha sido impedido por una causa no imputable a él, que no habría podido superar con el empleo de aquel grado de diligencia requerido por el tipo concreto de obligación.

Entre estos se pueden considerar al terremoto, una acción de guerra o de revolución, una orden de autoridad, sea legítima o de hecho, un acto de violencia de las tropas de ocupación, etc., mas el robo, que proviene de la obra del hombre, no tiene dicho carácter, porque precisamente para sustraer los valores al peligro de tal evento está destinada la caja de seguridad.

Por ese motivo, “el robo no solo no configura un caso fortuito insuperable, sino que además no pudo resultarle al banco imposible de prever y de evitar”.

En cuanto al contenido del reclamo, señalaron que “exigir a las víctimas del robo de la caja de seguridad una prueba rigurosa e inequívoca sobre la veracidad de lo guardado en la referida caja, les impondría una carga cuyo cumplimiento sería virtualmente impracticable, dado que normalmente los depósitos en dichos compartimientos se realizan en condiciones de absoluta privacidad”.

En materia del contenido de la prueba del contenido de la caja de seguridad, la prueba de presunciones adquiere un valor fundamental que, junto con la prueba directa que pueda reunirse, debe ser valorada sobre la base de los criterios de credibilidad y razonabilidad del reclamo, procurando formar convicción mediante una disminución del margen de duda, antes que exigir una acabada y completa comprobación que resulta inalcanzable.

De esta manera, consideraron que la obligación del banco en este contrato es de resultado, por lo que debe responder por el robo.

En el artículo “Análisis y crítica de la regulación del servicio de caja de seguridad en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, publicado en Temas de Derecho Comercial Empresarial y del Consumidor, Aldo Mercol remarca que sería válida una cláusula de limitación de la responsabilidad del prestador hasta un monto máximo, mas no la limitación absoluta de la responsabilidad.

“Su invalidez se funda en su inmoralidad, ya que quita seriedad al vínculo obligacional (art. 1004, CCyCo.)”, agrega, y señala que “la eximición total de la responsabilidad implica una renuncia anticipada del cliente usuario de la caja de seguridad al derecho de accionar que tiene contra el banco prestador para obtener el resarcimiento que corresponda cuando deba responder por hurto, robo, destrucción de contenido, etc.”.

En cuanto a la posibilidad de limitar la responsabilidad, sostiene que “es coherente con la distribución de riesgos y su adecuada cobertura por parte del prestador y de los usuarios, siempre que al momento de contratar se brinde una adecuada información sobre el servicio prestado al usuario, pero puntualmente se informe claramente sobre cómo funciona esta cláusula de responsabilidad y sus alcances”.

Fuente: Erreius