Rechazan amparo que pretendía adquirir moneda extranjera sin límite y sin pagar el impuesto PAIS para cancelar una deuda del exterior

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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo de una acción de amparo que pretendía que se le permita adquirir una suma de dólares sin límite cuantitativo y sin pagar el denominado impuesto PAIS para cancelar una deuda contraída antes de la instauración del nuevo régimen cambiario.

En el caso “Tomassini, Daniel Mariano c/Banco Central de la República Argentina s/amparo ley 16.986”, la jueza de primera instancia rechazó la acción, que tenía por objeto ordenar al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que reglamentase el art. 35, inc. a, de la ley 27.541 y le permita al actor la adquisición de 11.800 euros o su equivalente en dólares estadounidenses, sin límite cuantitativo y sin pagar el tributo establecido en aquella norma, a los fines de cancelar la obligación que aquel había contraído con una universidad extranjera antes de la instauración del nuevo régimen cambiario, para la realización de una maestría.

En cuanto al cuestionamiento del límite cuantitativo para la adquisición de las divisas, la magistrada destacó que el interesado había omitido plantear su caso ante la institución con la que operaba o la autoridad monetaria, a fin de obtener una respuesta concreta, acudiendo directamente a la vía judicial, por considerar que existía una omisión arbitraria del BCRA.

La magistrada, además, entendió que la falta de previsión de la situación del actor en la reglamentación del BCRA no configuraba una omisión manifiestamente arbitraria e ilegal.

A igual conclusión llegó en lo concerniente al pago del tributo establecido por el art. 35 de la ley 27.541. En este punto, consideró que el caso no encuadraba en las excepciones previstas, circunstancia que -insistió- tampoco se traducía en una omisión reglamentaria manifiestamente arbitraria o ilegítima.

El actor interpuso recurso de apelación y se agravió exclusivamente por la interpretación atribuida a las normas involucradas, que le impide acceder al mercado cambiario sin abonar el impuesto PAIS, “cuando la propia ley no grava la adquisición de moneda extranjera ante la necesidad de hacer frente a la deuda contraída en el exterior”.

También cuestionó la vulneración del principio de legalidad tributaria, en la medida en que se trasladaba la potestad de determinar las acciones que configuran el hecho imponible a la libre determinación del BCRA.

Al contestar el memorial, la autoridad monetaria señaló que el actor no había cuestionado la validez del régimen cambiario vigente, contemplado en las Comunicaciones «A» 6770, 6776, 6780, 6782, 6787, 6788, 6792, 6838 y 6844, ni la inconstitucionalidad del impuesto PAIS establecido por la ley 27.541.

El Fiscal General propuso desestimar el recurso, al entender que el actor promovió directamente el amparo, sin probar que su situación particular no encontrase respuesta dentro de la reglamentación existente ni demostrar la arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta en la conducta de la demandada.

En este sentido, recordó que el artículo 35, inc. a, de la ley 27.541 (cuya constitucionalidad no fue impugnada) dispone la aplicación del impuesto PAIS para la compra de billetes y divisa en moneda extranjera para atesoramiento o “sin un destino específico vinculado al pago de obligaciones en los términos de la reglamentación vigente en el mercado de cambios”.

Sobre dicha base, el Fiscal General entendió que la correcta interpretación de la norma supone que la noción del “destino específico vinculado al pago de obligaciones” no presenta la extensión que pretende otorgarle el accionante, pues, de lo contrario, resultaría superfluo o sobreabundante el agregado “en los términos de la reglamentación vigente en el mercado de cambios”.

Consideró que el hecho imponible, entonces, consistía en la compra de billetes y divisas en moneda extranjera, correspondiendo a la ulterior reglamentación determinar los alcances de la noción “destino específico” y, de tal modo, qué operaciones de ese estilo se hallan desgravadas, y que el BCRA, como autoridad en materia de política cambiaria, monetaria y financiera, cuenta con la potestad para determinar los alcances de la exención, sin que corresponda al Poder Judicial sustituirlo en ese cometido.

De este modo, concluyó en que el BCRA ha emitido distintas comunicaciones para regular el acceso a moneda extranjera por parte de residentes con aplicación específica (art. 3.11 del texto ordenado de las normas sobre “Exterior y cambios”, aprobado por la Comunicación «A» N° 6915 del 28/02/2020), en tanto la circunstancia de que la particular situación del actor no estuviera incluida en esas prescripciones “no se traduce sin más en una conducta arbitraria o irrazonable por parte de la demandada, sino que se trata de un exclusivo juicio de oportunidad, mérito y conveniencia sobre el cual, como regla, no corresponde pronunciarse”.

Al analizar el caso, para los jueces de la Sala IV correspondía confirmar el rechazo del amparo, pues el recurrente no había logrado desvirtuar los argumentos expuestos por la jueza de grado en cuanto a la ausencia de una omisión manifiestamente arbitraria o ilegítima.

Y destacaron que “los argumentos del dictamen del Fiscal General permiten descartar la configuración de un ostensible apartamiento de la juridicidad en el ejercicio de la actividad regulatoria del BCRA, sin que ello implique formular un juicio definitivo sobre la procedencia de la pretensión sustancial del actor en orden a los derechos que entienden le asisten, ni adelantar un pronunciamiento sobre la validez del régimen normativo descripto, lo cual podrá ser eventualmente debatido y dilucidado por la vía pertinente”.

En relación con la pretensión vinculada con el pago del impuesto PAIS, remarcaron que “más allá de que no se encuentra acreditada la imposibilidad de su pago ni el obstáculo a la realización de la maestría en el exterior, el apelante no demuestra que la cuestión deba necesariamente tramitarse por esta vía excepcional, prescindiendo de la vía procesal ordinaria, a tenor del carácter estrictamente patrimonial de la cuestión involucrada, que permitiría la reparación en la misma especie o in natura del hipotético daño que le pueda causar el mayor tiempo que insuma la tramitación de un proceso ordinario, en caso de que resultase estimada la demanda”.

En ese sentido, los jueces Marcelo Duffy, Jorge Morán y Rogelio W. Vincenti señalaron que “si el actor invocase la afectación de un supuesto derecho fundamental a aprender en el exterior, lo cierto es que el pago del tributo y su posterior repetición en el marco de un juicio de conocimiento, no le impedirían tal actividad”.

Si aquel hubiera acreditado la imposibilidad de pagar el tributo, omitió descartar la idoneidad de una petición precautoria en el marco de un proceso ordinario, en caso de que se verificasen los recaudos de procedencia de tal medida”, concluyeron los magistrados y confirmaron el rechazo de la acción.

 

Fuente: Erreius