Condenan a cementerio privado por robo en su playa de estacionamiento

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Un hombre interpuso una demanda por daños y perjuicios contra un cementerio privado por el robo que sufrió en su playa de estacionamiento, que se encontraba custodiado por un guardia de seguridad privada.

En su escrito de inicio, señaló que -tras asistir al entierro de la madre de su amiga-, se percató de que el automóvil de sus padres, para el que cuenta con permiso de manejo, fue violentado y que le sustrajeron diversos elementos.

Al llegar al vehículo dijo que se encontró con la “desagradable sorpresa” de que el cristal de panel fijo de la puerta trasera derecha estaba totalmente destruido y las luces de alarma encendidas, los seguros abiertos y las pertenencias que estaban en el interior habían sido sustraídas.

Entre ellas se encontraban un bolso en el que llevaba su computadora personal y papeles de trabajo y otro bolso que contenía indumentaria y accesorios deportivos.

Dijo que inmediatamente se dirigió al guardia de seguridad, quien le respondió que no había visto nada y que no tenía información para dar. Le consultó por el encargado o gerente del lugar, pero le respondió que no había nadie disponible ni sabía a qué hora podía encontrar a alguna persona encargada.

El demandado solicitó que se rechace el reclamo, ya que, luego de efectuar una negativa de todos los hechos, destacó que era inaplicable la Ley de Defensa del Consumidor al caso porque no se configura entre las partes la relación de consumo a la que alude la citada norma.

De esta manera, se trataría de un tercero que no tiene relación con su parte, máxime considerando que en el cementerio existe una playa de estacionamiento de libre acceso al público en general y gratuita.

El juez de primera instancia rechazó la demanda. Desde su punto de vista, resultaba clara la obligación de aplicar el régimen consumeril, ya que el hecho de que la empresa ofrezca un lugar para estacionar el vehículo es una prestación accesoria, acarrea ventajas al proveedor, que atraerá más clientes que si no contara con estacionamiento.

En esta clase de casos, donde la prueba del robo es casi imposible, el juez consideró que su deber era “intentar con el material probatorio que se produce en la causa y la conducta procesal de las partes, generar en base a indicios conducentes y relevantes una presunción en sentido favorable o contrario a la pretensión”.

Al examinar las testimoniales y confrontándolas con la demás pruebas, entendió que se observaban importantes inconsistencias en orden al regreso a casa, a la individualización del panel fijo roto y a la ubicación del vehículo respecto del portón de entrada.

Si bien no desconoció la dificultad probatoria del hecho, consideró que la prueba rendida y valorada en forma global no acreditaba la producción del robo en la playa de estacionamiento.

La imprudencia del dueño y el hecho de un tercero, ajeno a la empresa, por el que este no debe responder, actúan como interruptivos del nexo de causalidad”, indicó el magistrado, quien consideró que el actor no tomó la mínima precaución de guardar sus objetos en el baúl del vehículo.

Dicha resolución fue apelada por la parte actora y la Primera Cámara de Apelaciones hizo lugar parcialmente al recurso. Para los jueces de esa instancia, “probado el carácter de consumidor del pretensor provoca la inversión de la carga probatoria en su favor”.

En ese análisis, indicaron que la accionada no aportó elementos de juicio que permitan esclarecer el hecho y concluir en su ausencia de responsabilidad.

“En el caso de robos o hurtos de rodados de playas de estacionamiento de comercios, shopping, complejos y demás, la prueba del hecho adquiere ribetes particulares, dada la dificultad probatoria respecto del presupuesto fáctico fundante de la acción. En dichos supuestos, la jurisprudencia ha admitido tener por ocurrido el hecho ante la existencia de indicios graves, precisos y concordantes”, explicaron los magistrados.

La demandada apeló ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza. Para los integrantes de la sala I, Pedro Llorente y Julio Gómez, en el caso ““Parque Jardín Mendoza SA En J° 257690/53793 Huetagoyena Enrique Rafael c/Parque Jardín Mendoza - Cementerio Privado s/daños y perjuicios p/recurso extraordinario provincial” correspondía confirmar la sentencia porque se brindaron dos declaraciones testimoniales que corroboraban la existencia del robo, que no fueron cuestionados por la empresa.

Además, tuvieron en cuenta que el reclamante efectuó la denuncia policial el mismo día del hecho y denunció el hecho ilícito a su compañía aseguradora a los fines de la reparación del vidrio siniestrado.

“Si bien no existe prueba directa de las circunstancias fácticas fundantes de la acción y el material probatorio colectado no es abundante, frente a la actitud asumida por la demandada, los elementos aportados por el accionante constituyen indicios que autorizan a presumir la ocurrencia del hecho tal como ha sido expuesto en la demanda”, agregaron los magistrados.

En este sentido, explicaron que “la prueba indiciaria consiste en la reunión e interpretación de una serie de hechos y circunstancias relativos a un injusto determinado que se investiga, a efectos de intentar acceder a la verdad de lo acontecido por vía indirecta”.

Así, concierne a cualquier cosa, circunstancia o acontecimiento que permita ser objeto de verificación judicial, está basada sobre la inferencia y el razonamiento, y tiene como punto de partida los hechos o circunstancias probados, de los cuales se tratará de extraer la relación existente con el hecho, explicaron.

De esta manera, ratificaron el fallo y condenaron al cementerio privado a indemnizar al demandante.

En el artículo “La responsabilidad civil de los centros comerciales por daños al consumidor”, publicado en Erreius online, Diego González Vila explica que “mientras el consumidor se encuentre dentro del ámbito físico o en las inmediaciones del establecimiento, estamos ante una relación de consumo”.

“La seguridad debe ser garantizada en el período precontractual y en las situaciones de riesgo creadas por los comportamientos unilaterales, respecto de sujetos no contratantes”, agregó.

En este punto, señala que “el deber de indemnidad abarca toda la relación de consumo, incluyendo hechos jurídicos, actos unilaterales, o bilaterales”.

De este modo, indicó que “no cabe interpretar que la protección de la seguridad -prevista en el art. 42 de la CN- tenga un propósito meramente declarativo, sino que, por el contrario, es correcta la hermenéutica orientada hacia el goce directo y efectivo por parte de sus titulares”.

“Estamos ante un deber de seguridad como factor de atribución de responsabilidad agravado y con jerarquía constitucional porque el artículo 10 bis de la ley de defensa del consumidor (LDC) pone en evidencia la responsabilidad objetiva agravada del proveedor del bien o servicio”, agregó el especialista.

Dicho artículo establece que “el incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre elección a: ...”.

Así, para el especialista, se desecha la posibilidad del proveedor de excusarse de la falta de cumplimiento alegando su falta de culpa ni el hecho de la víctima o de un tercero por el cual no debe responder, ya que solo puede eximirse únicamente demostrando el caso fortuito o la fuerza mayor (responsabilidad objetiva agravada), porque no menciona la norma las otras causales exonerativas de responsabilidad.

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Fuente Erreius