Una empresa deberá indemnizar a una clienta por incumplir con el Registro No Llame

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Una jueza obligó a una empresa de telefonía a pagarle $10.000 a una clienta en concepto de daños punitivos porque ella se había anotado en el “Registro No Llame”, creado por la Ley 26.951, para dejar de recibir publicidades y ofertas de servicios, pero igual era molestada por la empresa.

La jueza de Paz de Cipolletti, Gabriela Lapuente, consideró que Movistar infringió la normativa que tiene por finalidad proteger de distintos abusos a los usuarios de servicios de telefonía.

En este caso, la mujer había inscripto su número de teléfono en el registro y, luego de vencidos los 30 días que tiene la compañía para cumplir con la normativa vigente, continuó recibiendo llamados y ofertas, lo que quedó debidamente acreditado en la causa.

La actora fundó su pretensión en lo dispuesto por los artículos 4, 7, 8 y 25 de la Ley 24.240 (reformada por la Ley 26.361), artículo 42 de la CN, ley 26.951, decreto 2501/2014 y el  art. 11 del CCC.

Para la empresa, de la conjugación del artículo 8 de la ley 26.951, en su inciso d, y el artículo 1 de la Ley 26.951 surge que la conducta que se le atribuye, además de hallarse encuadrada en la excepción legalmente dispuesta, no revestía la calidad de abusiva, por lo que solicita se rechace la demanda.

Asimismo, la firma planteó la improcedencia del daño punitivo porque no se encontraban cumplidos, desde su punto de vista, los presupuestos que eventualmente lo tornarían admisible.

Al analizar el caso, la magistrada indicó que “la demandada ha incumplido una obligación fundamental, cual es la de no dirigirse a ninguno de los inscriptos en el Registro Nacional No Llame”.

En este punto, la ley establece que "toda persona física o jurídica titular o usuario autorizado del servicio de telefonía en cualquiera de sus modalidades puede manifestar su voluntad de no ser contactada por quien publicitare, ofertare, vendiere o regalare bienes o servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 25.326”.

De esta manera, las empresas “no podrán dirigirse a ninguno de los inscriptos en el Registro Nacional ‘No Llame’”. Asimismo, “deberán consultar las inscripciones y bajas producidas en el citado registro con una periodicidad de treinta (30) días corridos a partir de su implementación”.

En ese sentido, la jueza entendió que “la conducta de la demandada demuestra falta de cumplimiento no solo con la norma legal, sino con el deseo del usuario de no ser molestado con este tipo de ofrecimientos o propuestas y propagandas, lo que demuestra una actitud absolutamente indiferente y contraria a la voluntad expresamente manifestada por el usuario al inscribirse en el Registro”.

“Con relación al grado de intencionalidad, merece destacarse la indiferencia con que actúa la empresa que, debiendo controlar regularmente las altas y bajas del Registro, continúa enviando publicidad y/u ofertas de servicios ajenos al objeto del contrato a quienes se encuentran inscriptos en un Registro que fue creado pura y exclusivamente para liberar a quienes así lo desean de recibir constantemente este tipo de ofertas”, indicó la jueza en el caso “Manzano, Daniela Carolina c. Telefónica Móviles Argentina SA (Movistar)”.

En cuanto a la aplicación del daño punitivo, la jueza explicó que ese instituto cumple una doble función: sancionar al autor de una grave inconducta y, al mismo tiempo, disuadir -ante el temor de la sanción- a que se reiteren en un futuro hechos semejantes”.

Los recaudos legales para su aplicación son: a) Incumplimiento por parte del proveedor de obligaciones legales o contractuales y b) Solicitud expresa de la parte perjudicada.

“Si bien la norma solo menciona como requisito de procedencia la existencia de un incumplimiento de obligaciones legales o contractuales con el consumidor, la doctrina es conteste en que no cualquier incumplimiento justifica la aplicación de la multa en análisis”, agregó.

A tal fin, entonces, no basta un mero actuar negligente, debiendo presentarse circunstancias agravantes tales como intención, temeridad, malicia, mala fe, grosera negligencia o, en algunos casos, abuso de poder o privilegio. Debe tratarse de casos de particular gravedad, caracterizados principalmente por un menosprecio a los derechos del damnificado o a intereses de incidencia colectiva y a los supuestos de ilícitos lucrativos.

 “En el caso, la demandada ha incumplido una obligación fundamental, cual es la de no dirigirse a ninguno de los inscriptos en el Registro Nacional No Llame, registro que tiene por finalidad proteger a titulares o usuarios de servicios de telefonía de los abusos del  procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados”, enfatizó la jueza.

En ese punto, remarcó que “la conducta de la demandada demuestra falta de cumplimiento no solo con la norma legal, sino con el deseo del usuario de no ser molestado con este tipo de ofrecimientos o propuestas y propagandas, lo que demuestra una actitud absolutamente indiferente y contraria a la voluntad expresamente manifestada por el usuario al inscribirse en el Registro”.

“Lo que se intenta precisamente con la imposición del daño punitivo es desalentar conductas abusivas que, priorizando netamente aspectos económicos, dejen en evidencia un gran menosprecio por los derechos ajenos, como ocurre en el caso de autos”, señaló la jueza de Paz.

Luego de ponderar las distintas circunstancias, fijó la condena por daño punitivo en $10.000.

En el artículo “El Registro No Llame y el sistema de protección de datos personales”, publicado en Erreius Online, Marcelo Gelcich explicó que con el objetivo de “proteger a los titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados” (arts. 1 y 3), la ley 26951 creó “en el ámbito de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Registro Nacional ‘No Llame’”.

“La ley prevé un grupo de deberes y responsabilidades para el telemarketer, que se derivan de la titularidad de bases de datos, regulados en la ley 25326, que incluye tanto la actividad de obtención de datos como su utilización, el deber de dar acceso al titular de los datos, los deberes de seguridad y confidencialidad, y el deber de destruirlos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados, entre otros”, indicó el especialista.

“Además, en dicha norma se prevén distintas sanciones administrativas, que se aplican no solo a los titulares de los bancos de datos sino también a los usuarios, que son las de apercibimiento, suspensión, multa (de $1.000 a $100.000), clausura o cancelación del archivo, registro o banco de datos, y no excluyen las indemnizaciones por daños y perjuicios ni las sanciones penales que se apliquen en el ámbito judicial”, remarcó el experto.

De esta manera, además de la sanción impuesta por el Juzgado de Paz, la empresa podría recibir también una multa administrativa.

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Fuente Erreius