Confirman multa contra empresa que vendió celulares por Internet y luego no los entregó

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El caso se inició luego de la denuncia de un cliente, quien explicó que había comprado dos teléfonos celulares por Internet y luego la operación fue cancelada unilateralmente por la empresa.  

Según el denunciante, la compañía no argumentó ninguna razón aparente para finalizar la transacción, más que cambiar el precio de venta, ya que había stock en las sucursales antes y después de la compra. 

El órgano administrativo fijó una multa al considerar que  “… frente a la confirmación de la compra, la expectativa legítima del consumidor está orientada a la concreción de la operación, razón por la cual la anulación unilateral por parte del proveedor debió estar respaldada por información fehaciente y detallada que justificara dicho comportamiento excepcional”. 

La firma apeló la decisión ante la Cámara. Allí, adujo que la decisión no se ajustaba a lo previsto en el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC), ya que la norma se refiere al deber de informar respecto de las “características esenciales de los bienes y servicios del producto que se provee y las condiciones de su comercialización”. 

Afirmó que las características del producto estuvieron siempre a disposición del cliente en la página web de la empresa. En cuanto al precio consignado en dicha página, sostiene que quedó demostrado que medió “un error involuntario de tipeo”. 

En cuanto al monto de la sanción, Garbarino sostuvo que hay una inexistencia de infracción y que se desconoce cuál fue “el argumento o criterio que utilizó la dependencia para aplicar dicho monto”. Asimismo, argumentó que no ha habido perjuicio para el consumidor, “ni beneficio o intencionalidad” de su parte. 

Los jueces Carlos F. Balbín, Mariana Díaz y Fabiana Schafrik de Núñez remarcaron que solo después de formulada la denuncia, en oportunidad de realizar su descargo, la empresa adujo la existencia de un error en la publicación, que indicaba un precio irrisorio en comparación con el precio real de los bienes ofertados. 

Sin embargo, aun si por hipótesis se admitiera que el error así configurado pudo justificar que la operación fuese “revertida”, de acuerdo a los magistrados, ello de ningún modo releva al proveedor de brindar información adecuada al consumidor sobre las circunstancias que justificarían esa decisión, máxime cuando aquel ya había manifestado su voluntad de adquirir los productos e incluso había suministrado los datos de su tarjeta de crédito y comunicado los términos en que realizaría el pago.  

En este punto, enfatizaron que el artículo 7 de la LDC indica que “[l]a no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta...”. 

A propósito del deber de información, destacaron que “adquiere, en materia de defensa del consumidor, el rango de derecho fundamental reconocido expresamente en el artículo 42 de la Constitución Nacional en tanto constituye un trascendental instrumento tendiente a conjurar la superioridad económico-jurídica que suelen detentar los proveedores” y que “[…] actúa no solo en la etapa precontractual sino también durante la ejecución del contrato”. 

“En el primer supuesto, la información de todas aquellas circunstancias que refieren a la prestación en sí y a las condiciones económicas y jurídicas de adquisición del producto o contratación del servicio tiende a facilitar la emisión de un consentimiento esclarecido, informado y por tanto plenamente eficaz; en el segundo caso, se presenta como un efecto del contrato perfeccionado que apunta a que el consumidor o usuario pueda hacer valer sus derechos”, agregaron. 

Y señalaron que, en ese marco, “resulta evidente que al tomar unilateralmente la decisión de dejar sin efecto la operación, la empresa debió -cuando menos- informar al consumidor las razones excepcionales -un error a ella imputable- que, según la proveedora, justificaban ese proceder excepcional”. 

En cuanto al monto de la sanción, los jueces explicaron que se deben aplicar las pautas enunciadas por el artículo 49 de la LDC, considerando las circunstancias fácticas del caso. 

“En tales términos, la administración explicitó cuáles fueron las pautas que, en este caso concreto, determinaron la aplicación de la multa y su graduación. De acuerdo a lo expuesto, no puede deducirse que la autoridad de aplicación hubiera desoído los parámetros impuestos por la normativa a efectos de graduar la sanción aplicada”, agregaron. 

En este contexto consideraron que “se encontraba probada la conducta cuando menos negligente de la empresa; tanto al incurrir en error al publicar el precio de los productos, como al omitir información esencial en ocasión de comunicar al consumidor que la operación había sido ‘revertida’”. 

Además, remarcaron que la recurrente soslayó el hecho de que, al graduar la multa, la administración ponderó su condición de reincidente, por lo que rechazaron la apelación. 

Miriam R. Feigelman, en el artículo “El derecho a la información y el trato digno en las relaciones de consumo”, señaló que “la información adecuada y veraz que debe brindar el proveedor no ha de ser parcializada, sino que debe ser lo más clara y completa posible para que cualquier consumidor o usuario pueda comprenderla sin que sea necesario tener conocimientos especiales en la materia”. 

“Asimismo, debe quedar a salvo la dignidad del consumidor, otorgándole un trato digno, conforme a las disposiciones legales vigentes, de modo de no denigrarlo”, destacó. 

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Fuente: Erreius