Qué establece el proyecto de ley de protección de datos personales sobre el manejo de las bases de deudores

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La propuesta redactada por una comisión de expertos propicia la derogación de la Ley 25.326 y su modificatoria, 26.343. De acuerdo con los fundamentos, es necesario dictar una nueva ley porque la norma vigente fue sancionada hace más de 17 años y ha quedado desactualizada.

En lo concerniente al tema de este artículo, el Capítulo 6 del proyecto, que se refiere a la prestación de servicios de información crediticia, busca regular el uso de las bases de información crediticia, el tiempo de permanencia de los deudores en ella y las maneras en que estos pueden salir o que esa deuda quede en el olvido. También pretende dar por finalizadas algunas polémicas, como por ejemplo, qué se entiende como última información relevante a los fines de considerar cumplidos diversos plazos.

El texto contempla situaciones en las que se deniegue al titular de los datos la celebración de un contrato, solicitud de trabajo, servicio, crédito comercial o financiero, sustentado en un informe crediticio.

En ese contexto, deberá informársele tal circunstancia, así como la empresa que proveyó dicho informe, y hacerle entrega de una copia de este.

Por otro lado, se deja en claro que en el caso de los archivos o bases de datos públicas conformadas por cesión de información suministrada por entidades crediticias, los derechos de rectificación, oposición y supresión deben ejercerse ante la entidad cedente que sea parte en la relación jurídica a que se refiere el dato impugnado.

Sebastián Navas, colaborador de la editorial Erreius, explica que este tipo de leyes tiene como objeto “la protección de los datos personales de los individuos y personas jurídicas para que su uso o difusión no vulnere arbitrariamente ciertos derechos, siempre que la tutela dispensada no lesione el orden público, la seguridad jurídica, el interés institucional de la sociedad, así como también su legítimo derecho a la información, conforme a los límites resultantes del artículo 19 de la Constitución Nacional”.

“El acceso a una información no solo representa un derecho a conocer de manera detallada sobre la situación en que se encuentra el consumidor/deudor, sino que comprende también el derecho a que esa información llegue a conocimiento del usuario de manera oportuna, so riesgo de sufrir un perjuicio mayor en su patrimonio; si bien es cierto que la situación de mora en el cumplimiento de las obligaciones del préstamo es atribuible exclusivamente al consumidor/ deudor, no es menos cierto que el mismo no tiene obligación de asumir un perjuicio mayor que el sufrido por la situación de morosidad, si ese agravio puede preverse con una información completa y oportuna de su situación crediticia”, remarca el experto.

Principales modificaciones

La ley vigente, en su artículo 26, establece que “en la prestación de servicios de información crediticia solo pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento”.

En tanto, el proyecto indica que esos datos deben ser obtenidos de:

- Fuentes de acceso público irrestricto: aquellas que contienen información destinada al público, de libre acceso e intercambio por razones de interés general, accesible, ya sea en forma gratuita u onerosa.

- Restricto: que es la información que no está sujeta a confidencialidad ni tampoco destinada a ser difundida abiertamente al público, ya que el acceso de terceros resulta condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos.

- Informaciones facilitadas por el titular de los datos o con su consentimiento.

En cuanto a los datos personales incluidos en la base, la ley vigente indica que puede tratarse de aquellos relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.

El proyecto agrega, para evitar reclamos judiciales, que no habrá necesidad de contar con el consentimiento del titular de los datos.

En cuanto a la información entregada por las empresas a los titulares de los datos ante un pedido determinado, la norma vigente indica que aquellos les comunicarán las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido señaladas durante los últimos seis meses, así como el nombre y domicilio del cesionario, en el supuesto de tratarse de datos obtenidos por cesión.

En este punto, el proyecto eleva el plazo a los últimos 12 meses, y debe incluirse la fuente de la información, así como nombre y domicilio, en caso de corresponder.

 Datos relevantes y el Banco Central

La norma actual dice que “solo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hace constar dicho hecho”.

En tanto, el decreto reglamentario vigente indica que el plazo de cinco años debe contarse “a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible”.

Para el cálculo del plazo de dos años correspondiente a los supuestos en los cuales el deudor hubiere cancelado o extinguido la obligación, debe tenerse en cuenta la fecha precisa de la extinción.

Por un lado, el decreto efectúa una descripción de algunos tipos de documentos y contratos a partir de los cuales se podrán obtener datos respecto al cumplimiento o no de obligaciones de contenido patrimonial, pero al mismo tiempo aclara que la misma no es taxativa, sino enunciativa; entonces, las empresas de información crediticia no cuentan con restricciones respecto a las fuentes de información con las que se manejen, siempre que se respete la finalidad y el tratamiento de la recolección de datos.

En tanto la iniciativa sostiene que “solo se pueden archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera durante los últimos 5 años a contar desde la última información significativa, o desde el vencimiento del plazo original de la operación de crédito de que se trate, el que fuera mayor. El plazo se reduce a dos años cuando el deudor cancele o extinga la obligación, a contar a partir de la fecha precisa en que se extingue la deuda”. Se considera información significativa:

- El momento en que se produce la mora del deudor;

- Las modificaciones en las clasificaciones que otorgan al deudor las entidades crediticias;

- El inicio de la acción judicial de cobro;

- La sentencia judicial que dispone el pago de la deuda;

- La fecha de la apertura del concurso de acreedores o de la declaración de quiebra, en caso de deudas verificadas o en trámite de verificación en los procesos de concursos preventivos y quiebras, respectivamente;

- Aquella otra información que defina el órgano de control.

No se considera última información significativa la asentada en una base de datos por el solo hecho de ser la constancia final de una serie o sucesión de datos, si se trata de una mera repetición de la misma información que, sin novedad o aditamento alguno, ha sido archivada durante los meses anteriores.

El proyecto agrega que “la prestación de servicios de información crediticia no requerirá el previo consentimiento del titular de los datos a los efectos de su cesión, ni la ulterior comunicación de esta, cuando estén relacionados con el giro de las actividades comerciales o crediticias de los cesionarios”.

Según el proyecto, las entidades crediticias deberán ceder la información relativa al cumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial al Banco Central de la República Argentina, en la forma y condiciones que el mismo establezca, indicando qué información han cedido a terceros.

 “El Banco Central de la República Argentina difundirá dicha información de manera amplia y transparente. En ningún caso esta obligación afectará el derecho de acceso de los titulares de los datos”, agrega la propuesta del Poder Ejecutivo.

Además, deben comunicar al titular de los datos la información a ceder al último domicilio por él denunciado, o por un canal de comunicación habitual entre las partes que permita acreditar el envío y su fecha.

Dicha comunicación se debe efectuar cuando las obligaciones pasen de cumplimiento normal a incumplimiento, dentro de los 10 días hábiles de producida la nueva clasificación, y puede remitirse por medio postal o electrónico, en la forma y condiciones que establezca el BCRA. En cualquier caso, el cedente tiene la carga de acreditar el cumplimiento de la comunicación aquí dispuesta.

En caso de disconformidad con el contenido de la información comunicada, el titular de los datos puede pedir la rectificación o la eliminación.

Acceda al proyecto completo aquí

Fuente: Erreius