Incumplimiento a consumidores: fijan pautas matemáticas sobre cómo calcular el monto de los daños punitivos

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En este caso, el juez de primera instancia condenó a una firma a abonarle una suma por daño moral y otra por daño punitivo a un usuario que sufrió la falta de servicio pese a realizar distintos reclamos a la proveedora y ante órganos administrativos.

La demandada se agravió por considerar que la suma de $7.000 reconocida por el daño moral era excesiva y desproporcionada, y además señaló que el mero incumplimiento contractual no justificaba la existencia de un agravio de esa naturaleza que deba ser reparado.

También cuestionó la procedencia del daño punitivo al señalar que no incurrió en un actuar doloso o de culpa grave en el incumplimiento que justifique recurrir a esta medida excepcional.

En tanto, el cliente cuestionó los montos al considerarlos exiguos.

Para los camaristas, el reclamo del daño moral debía proceder “en tanto la aflicción o perturbación que debe haber sufrido la actora son de una entidad superior a los inconvenientes esperables en el desarrollo de todo contrato de consumo”.

“El obrar de la demandada, al no honrar su compromiso de brindar el servicio de internet banda ancha contratado, no obstante percibir contraprestación dineraria por él, con las sucesivas negativas a reconocer la existencia del problema, obligando a la actora a transitar por tortuosos trámites administrativos sin resultados, el tiempo vital insumido por el conflicto -de 2012 a la fecha- y, posteriormente, intentar esta vía jurisdiccional por un prolongado tiempo, no puede sino haberle generado una indebida alteración al sosiego espiritual de la actora”, agregaron.

De esta manera, fijaron el monto de la reparación del daño moral en $12.000.

En cuanto al daño punitivo, concluyeron que “están configurados los extremos subjetivos que justifican la imposición de una sanción por este concepto”.

“No se puede soslayar la importancia del incumplimiento en que incurrió la empresa demandada respecto del usuario, así como la existencia de conducta culposa grave al ofrecer por vía telefónica la prestación de un servicio que nunca estuvo en condiciones de prestar; a su vez, se verifica un actuar desaprensivo a los derechos de la contraparte, respecto a quien en ningún momento se le otorgó un trato digno al no informársele la existencia de circunstancias impeditivas y, en su caso, efectuar las tareas necesarias para resolverla, ni tampoco asumió un rol activo a fin de evitar que esta desembolsara sumas de dinero por un servicio que no se le brindaba”, explicaron.

Al analizar el quantum de la multa en este rubro ($9.500), lo estimaron exiguo y destacaron que -de esa manera- se impedía cumplir con la finalidad de prevención que le es propia.

“Una multa de escaso valor no alcanza a generar un cambio en la conducta contumaz y desaprensiva para con el consumidor, sino que lo único que consigue es que la corporación pague y siga actuando de idéntica manera”, agregaron los magistrados.

También señalaron que “para que la cuantía de los daños punitivos no sea inferior ni exceda el monto necesario para cumplir con la función de disuasión, sería valioso acudir a fórmulas matemáticas, entre otras herramientas, que permitan cumplir con aquella función”.

En este punto, remarcaron que “el determinar el quantum del daño punitivo en concreto no resulta una cuestión lineal en tanto el art. 52 bis de la LDC solo explicita una pauta genérica ... la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan”.

“Por otro lado, tal dificultad torna necesario que el juzgador busque instrumentos que permitan objetivizar, en la mayor medida posible, su cálculo y así permitir que las partes conozcan cómo y cuáles han sido los elementos tenidos en cuenta por el juzgador para arribar al monto que fijó y así fortalecer el ejercicio del derecho de defensa de ambos”, se lee en la sentencia.

Luego utilizaron una fórmula matemática para la cuantificación de esta multa, como “una opción superadora en gran medida de los inconvenientes que se presentan en la fijación prudencial y con fundamentos retóricos”.

“Así, es posible efectuar cálculos complejos con variables interrelacionadas determinadas a partir de elementos que las partes habrán de conocer, aportando transparencia y minimizando las zonas en las que se puede suscitar la arbitrariedad judicial, puesto que ella supone la necesidad de explicitar y argumentar respecto de los valores que se asignan a las variables que la integran”, destacaron.

La fórmula que postularon es la siguiente: D = C x {(1-PC) / (PC*PD)}, ya que consideraron que “ella sirve adecuadamente para fijar una sanción económica para quien causa un daño esperado ineficiente sin invertir en la cuantía óptima para prevenirlo”.

Con ella se logra “…equivalencia de la ‘responsabilidad total esperada’ del dañador con los ‘daños reparables esperados’ que se deriven de su comportamiento” y, al mismo tiempo, que el deudor internalice las consecuencias de la baja probabilidad de condena, “...obligándolo a pagar a un damnificado los daños provocados a los demás afectados que no hicieron el reclamo ante la autoridad jurisdiccional...”.

La variable “D” constituye el daño punitivo a reparar, a cuya cuantificación se pretende arribar con la presente ecuación.

- Los elementos de esa ecuación son:

i) “C”: la cuantía del daño provocado al consumidor;

ii) “PC”: la probabilidad de ser condenado por la indemnización compensatoria de los daños provocados;

iii) “PD”: la probabilidad de ser sentenciado por daños punitivos, condicionada a la existencia de una condena por resarcimiento compensatorio.

Tras realizar el cálculo determinaron la variable “C” en $15.691,53 -monto que surge del reintegro de gastos más el daño moral provocado a la actora-.

“La variable PC refleja la probabilidad de ser condenado por la indemnización compensatoria de daños provocados, lo que, dado que se trata de un conflicto de escasa cuantía, la probabilidad de que un damnificado decida transitar un proceso judicial y logre una condena resarcitoria por el daño infligido es baja, por lo que estimo que la relación es de 10/100 -de cada 100 personas, 10 harían un reclamo-, decimalizado: 0,10; y; finalmente, la variable “PD” cabe estimarla en 80/100, decimalizado: 0,80; lo que se traduce en una probabilidad del 80% de una condena que incluya daños punitivos en casos semejantes, la que es alta en tanto se trata de un instituto que en la actualidad ha dejado de ser novedoso, contándose con varios precedentes en el mismo sentido en la jurisprudencia local”, destacaron los jueces.

En consecuencia, el cálculo fue el siguiente:

D= 15.691,53 x {(1-0,10) / (0,10*0,80)}

D = 15.691,53 x (0,90) / (0,08)

D = 15.691,53 x 11,25

D = $176.529,71 (daño punitivo)

De esta manera, hicieron lugar a la apelación de la actora y modificaron la decisión del a quo, elevándose el monto de la condena a la suma de $188.529,71 -comprensiva de los rubros daño moral ($12.000) y daño punitivo ($176.529,71)-, suma a la cual deberá adicionársele el monto de $3.691,53 en concepto de daño material (reintegro de gastos), con más los intereses que devenguen los rubros daño moral y material.

El especialista Francisco Junyent Bas, colaborador de Erreius, explica que la finalidad del daño punitivo “es de carácter sancionatorio, pues procura castigar determinadas conductas que lesionan al interés comunitario y que deben ser reprochadas por el derecho”.

“Su finalidad no es solo castigar al proveedor por una conducta grave, sino también desalentarla en el futuro; vale decir que se trata de una sanción punitiva y preventiva a la vez, pero fundamentalmente disuasiva para evitar la reiteración de hechos similares”, destacó.

“La consideración sobre la gravedad del hecho conlleva la necesidad de relacionar la conducta no solamente como un hecho grave, sino también con la nota de indiferencia o desaprensión que transgreda las pautas de la moral media impuestas por la colectividad”, agrega el especialista.

Para la procedencia de la multa civil resulta necesario que la conducta del proveedor, en su antisociabilidad, implique una especulación de la operatoria mercantil con conocimiento del desmedro de los derechos del consumidor.

En definitiva, en el caso concreto, y a pedido de parte, si se dan los requisitos explicitados, será aplicable la sanción prevista en el artículo 52 bis de la LDC; de lo contrario, no lo será.

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Fuente: Erreius.