Puntos destacados de la resolución que creó el arbitraje electrónico de consumo

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A través de la resolución 65/2018, la Secretaría de Comercio reglamentó el funcionamiento del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. La medida, oficializada el pasado lunes en el Boletín Oficial, se justificó en que por “la dinámica cambiante de las relaciones de consumo y la experiencia acaecida en el arbitraje de consumo, resulta pertinente readecuar las reglas procesales vigentes en la materia”.

En concreto, entre otros puntos, se destacan:

- Nuevos plazos procesales.

- La reorganización de funciones internas del personal.

- Las nuevas causales de exclusión de árbitros de Asociaciones de Consumidores y Empresariales.

- La incorporación del inicio de reclamos por vía electrónica.

- La creación de las secciones de arbitraje electrónico y arbitraje turístico.

- La reestructuración del proceso de amigables componedores.

- La creación de los capítulos de notificaciones, prueba, laudo y recursos.

A su vez, se esclarecen las funciones y diferencias entre el Secretario Jurídico y el Secretario Letrado intervinientes en el proceso.

El primero tendrá como función la firma de todas las notificaciones previas a la conformación del Tribunal Arbitral de Consumo y posteriores al dictado del laudo, el control de admisión de reclamo, la mejora de gestión y el control de expedientes, la revisión de los procesos de arbitraje de consumo que tramitan por ante él y la asistencia a la autoridad del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo en la supervisión y funcionamiento de los mismos.

Por su parte, el segundo tendrá como función asistir al Tribunal Arbitral de Consumo desde el momento de su conformación hasta el dictado del laudo, elaborar providencias, realizar notificaciones, asistir obligatoriamente a las audiencias asegurando la legalidad del acto y notificar los laudos.

Los Tribunales Arbitrales se conforman por: un árbitro institucional, un árbitro representante de las Asociaciones de Consumidores y un árbitro representante de las Cámaras Empresariales, lo que garantiza y preserva el equilibrio entre las partes, pero no así la neutralidad.

El laudo tendrá carácter vinculante y ejecutivo, con autoridad de cosa juzgada, equiparable a una sentencia judicial y, ante el incumplimiento, podrá ejecutarse por las vías procesales correspondientes. Al igual que el fallo judicial, el laudo puede ser recurrible.

El arbitraje electrónico

Entre las novedades se encuentra la regulación del arbitraje electrónico, que será aquel que se sustancie íntegramente bajo esa modalidad, desde la solicitud del arbitraje hasta la terminación del proceso, incluidas las notificaciones por medios electrónicos, sin perjuicio de que alguna actuación arbitral deba, ineludiblemente, practicarse en forma presencial o bajo otra modalidad.

El Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, que es quien atiende y resuelve las reclamaciones de los consumidores y usuarios con carácter vinculante, produciendo idénticos efectos a la cosa juzgada para ambas partes, podrá establecer métodos o sistemas informáticos a fin de asegurar la identidad y autenticidad de las comunicaciones.

En todos los casos en que se aplique este procedimiento, el Tribunal Arbitral de Consumo será “unipersonal”, conformado por un solo árbitro, el que será designado mediante un sorteo que se realizará en el ámbito del mencionado Sistema entre los inscriptos en el Registro de árbitros institucionales.

Por excepción, y exclusivamente por la complejidad del caso planteado, el Sistema podrá sortear un Tribunal Arbitral de Consumo “colegiado”.

Una vez designado el árbitro, se notificará la reclamación al proveedor dentro de los tres días hábiles posteriores.

Vencido el plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción de la notificación que posee el proveedor de bienes y servicios para realizar su descargo, por medio de intercambio de correo electrónico o soporte informático que establezca el Sistema, el árbitro intentará la conciliación entre las partes, la que, de lograrse, se formalizará mediante un laudo homologatorio.

Hay que destacar que, con la contestación, el proveedor deberá acompañar la prueba documental de la que pretendiere valerse y que tuviere en su poder.

Frente a la imposibilidad conciliatoria, el árbitro unipersonal dictará el laudo en ese mismo momento o en un plazo no mayor a los cinco días hábiles de concluida la audiencia.

Si el tribunal es colegiado, el laudo deberá dictarse en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de finalización de la audiencia.

El árbitro podrá prorrogar el plazo para dictar el laudo por un término no mayor de 30 días hábiles, y en caso de que la producción de pruebas fuera estrictamente necesaria.

Excepciones, excusación y recusación de los árbitros

El tribunal estará facultado para decidir fundadamente sobre su propia competencia. La excepción de incompetencia deberá oponerse al momento de presentar la contestación del reclamo.

La excepción se podrá resolver como cuestión previa o en el laudo. Lo resuelto será irrecurrible y deberá ser notificado a las partes.

Deberá excusarse todo árbitro que, al momento de su designación como integrante del Tribunal Arbitral de Consumo:

a) Posea un parentesco por consanguinidad dentro del cuarto y segundo grado de afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados.

b) Tenga interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguna de las partes.

c) Haya sido patrocinante o apoderado de alguna de las partes, haya emitido opinión o dictamen, o haya dado recomendaciones acerca del reclamo, antes o después de iniciado el mismo.

d) Tenga con alguna de las partes expresa amistad, enemistad o animosidad manifiesta por hechos conocidos.

Un árbitro solo podrá ser recusado si existen circunstancias justificadas y fundadas que den lugar a dudas respecto de su imparcialidad o independencia.

El consumidor y el proveedor de bienes y servicios podrán recusar con causa al Tribunal Arbitral, o a uno o varios de sus integrantes. El primero, al momento de tomar conocimiento de la conformación del tribunal; el segundo, al momento de contestación del reclamo o desde el conocimiento de cualquier circunstancia que dé lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia.

Planteada la recusación, el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo deberá resolver la aceptación o el rechazo de la misma dentro del plazo de 48 horas, siendo irrecurrible su decisión. Se notificará al árbitro, al resto de los miembros del Tribunal Arbitral de Consumo y a las partes de lo resuelto.

Aceptada la recusación, se procederá al sorteo de un nuevo árbitro inscripto en el Registro correspondiente.

En caso de ser necesario, de oficio o a pedido de parte, el tribunal podrá pasar a un cuarto intermedio, el que no deberá exceder el plazo máximo de 30 días hábiles.

Fuente: Erreius