El número de miembros de la Corte: un debate constituyente en tiempos convulsos

El doctor Gonzalo G. Carranza, ante la reciente presentación del Proyecto de Reforma Judicial, analiza los alcances del decreto 635/2020, que dispone la creación del “Consejo consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público”, conformado en su mayoría por juristas de reconocido prestigio, y el debate en torno a la posible ampliación del número de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Imagen del articulo

Por Gonzalo G. Carranza (1)

En los últimos días se ha generado un revuelo mediático con razón del anuncio del presidente Alberto Fernández en relación con el impulso del Ejecutivo de un proyecto de ley sobre la reforma del Poder Judicial, con especial incidencia en el aletargado traspaso de competencias del Estado federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia penal. Pero junto con este proyecto el presidente anunció que crearía un Consejo que tendría como misión aportar algunas recomendaciones de cara a una reforma más estructural del sistema judicial, comenzando por su cúspide, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El revuelo mencionado, del que se hicieron eco los medios, las principales fuerzas de la oposición y hasta los más altos funcionarios de la Administración de turno, ha tenido que ver sobre todo con esta cuestión, con una posible reforma que afecte a la Corte, específicamente en el número de sus integrantes.

La conformación y competencias del Consejo en cuestión fueron oficializadas por el decreto 635/2020, del 29 de julio, que lleva como título “Consejo consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público”. Este nuevo órgano ad hoc, formado en su mayoría por juristas argentinos de reconocido prestigio en el país y en el extranjero, tendrá la trascendental función de asesorar al presidente de la Nación a través de un dictamen en el que se recojan las propuestas y recomendaciones sobre una serie de ejes (art. 4), en lo que aquí importa:

1. Descripción valorativa con especial indicación de los problemas que se observan para el correcto funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Consejo de la Magistratura de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, ambos de la Nación.

2. Respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se realizará un análisis de su funcionamiento que incluya: a) el establecimiento para la selección de integrantes, de criterios de diversidad de género y representación federal; b) evaluación integral de las normas que reglamentan la competencia atribuida al Alto Tribunal por la Constitución Nacional, ya sea en materia originaria o bien por apelación ordinaria y extraordinaria; c) análisis y eventual reformulación del sistema de desestimación in limine -certiorari-; d) análisis de normas en materia de audiencias orales para el tratamiento de los casos trascendentes y e) trámite de recursos y fijación de plazos procesales máximos para su resolución, particularmente en materia penal”.

El texto del segundo apartado del artículo 4 del decreto no ofrece lugar a duda: no se trata de una recomendación sobre el número de integrantes que deberían conformar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino de entrever un método para la selección de integrantes que responda a los criterios de diversidad de género y representación federal, criterios que deberían ser obvios de toda obviedad, pero que por no haber sido desde antaño seguidos suponen un lastre que entorpece que la Corte esté integrada por voces más diversas. Pero como no estamos hablando de la interpretación de la Constitución sino de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, con motivo de estas recomendaciones los integrantes de la Comisión podrían dejar entrever que una de las alternativas posibles para mejorar el actual estado de cosas es ampliar el número de miembros que integran el Máximo Tribunal. Esto resulta meridianamente posible combinando el criterio personal sobre el que han de discutir con el criterio funcional del órgano sobre el cual realizarán recomendaciones.

Los alborotos mediáticos, como se ha señalado, antes que contra el diseño de un sistema de nombramiento más eficaz que el actual, se han alzado en torno a la definición del número de miembros que debiera tener la Corte Suprema, discusión ya en cierta forma normalizada en Argentina, que vuelve al mismo debate de tiempo en tiempo (y casi de gobierno en gobierno), algo tan normal ya como las crisis económicas a las que los argentinos están prácticamente acostumbrados. Y esta discusión, por más nimia que parezca a los más legos, resulta crucial en términos jurídicos y, sobre todo, políticos: no está de más recordar que durante la década de los 90 se operó una ampliación del número de miembros de la Corte que supuso a la postre la famosa “mayoría automática” del presidente Carlos Menem.

Respecto del número de miembros de la Corte, conviene hacer un breve recorrido histórico para advertir los vaivenes de la cuestión. En primer lugar, hay que partir de la premisa normativa: el número de integrantes del Más Alto Tribunal del país puede variar tan solo con la modificación de una ley ordinaria. No existe, entonces, una reserva constitucional específica que encorsete el número de jueces ni que indique el proceso a seguir para aumentarlo o disminuirlo. En este sentido, el constituyente derivado de 1860 eliminó la referencia que originalmente contenía el artículo 91 de la Constitución de 1853, en la que se señalaba que serían nueve los miembros que formarían parte de la Corte. A partir de entonces, superada la reserva constitucional, comenzó un derrotero normativo según las inclemencias temporales: la ley 27, sancionada el 16/10/1862, señalaba en su artículo 6 que la Corte estaría integrada por cinco miembros; con Frondizi en el poder se elevó el número de miembros a siete; Onganía (presidente de facto) lo redujo posteriormente a cinco; y en 1990, mediante la ley 23774, durante la presidencia de Menem se elevó la cifra nuevamente a nueve. Tras poco más de 15 años de aquel sistema en vigor, con Néstor Kirchner en el poder y con numerosos juicios políticos abiertos contra los magistrados de la Corte de Menem, la cifra bajó a cinco, aunque de manera gradual según preveía la ley 26183.

El debate actual, entonces, gira en torno a la posible ampliación del número de magistrados para hacer lugar a un aludido “desbordamiento” de trabajo de la Corte; argumento este que más allá de su posible verosimilitud se enfrenta, sin embargo, al temor señalado por más de un partido político de la oposición, que teme que la reforma suponga un retroceso a la década de los 90, lo que ocurriría si el presidente Fernández lograra una “mayoría propia”.

Pero del dictamen que resulte del trabajo de este Consejo de sabios del derecho y su posterior adopción legislativa no solo depende que el número de miembros de la Corte aumente o no, sino también que mejore el sistema de designación de magistrados, lo que podría contrarrestar aquel argumento vertido contra las posibles facultades discrecionales del Gobierno. No creo, en este sentido, que lo que haya que hacer sea modificar rotundamente el sistema actualmente vigente, me refiero al decreto (PEN) 22/2003, del 19 de junio, sino que, a partir de esta base, debería diseñarse un sistema que responda a criterios que permitan contar con una Corte diversa en género, integrada por los mejores juristas con los que cuenta el sistema provenientes de cada rincón del país y que puedan encarnar la independencia como estandarte de su futura actividad jurisdiccional. Así, el problema no reside tanto en el número, sino en la calidad del proceso que se diseñe, del cual deben formar parte no solo los actores constitucionales relevantes (Ejecutivo y Senado), sino también los representantes de la sociedad civil, propiciándose así al mismo tiempo un proceso transparente y respetuoso de los pesos y contrapesos establecidos constitucionalmente.

La discusión de fondo en relación con el número de miembros de la Corte, sin embargo, parece ir por otro rumbo: el problema reside en el diseño de Corte Suprema que surja del debate de estos académicos, que será la base para un posterior debate político en las esferas del Poder Legislativo. Esta opción adoptada por el Ejecutivo no parece ser la más correcta, sobre todo en medio de la tormenta que el país y el mundo están pasando. Es que parece que el debate que se espera (por la entidad de las reformas que parecen situarse a la vuelta de la esquina) pretende ser más de tipo constituyente que constituido, más allá de que la decisión que finalmente se adopte tome forma de ley. Como ha señalado recientemente el maestro Sagüés, estas discusiones que afectan al futuro de la Corte “requiere[n] serenidad, madurez y, en particular, un elevado consenso en la solución que se arbitre. No es propio de períodos alterados por la convulsión social una crisis económica profunda y una pandemia que trastorna las variables de funcionalidad del Estado y de la sociedad”. En este sentido, “una fórmula impuesta a machetazos sería el peor de los remedios para enfrentar los serios defectos que perjudican a la judicatura argentina”. Creo que el debate sobre el futuro subjetivo y funcional de la Corte es necesario, pero no en momentos en los que las prioridades deberían ser otras.

 

Este contenido forma parte de la Publicación de Temas de Derecho Administrativo, dirigida por el Doctor Carlos F. Balbín.

Si aún no sos suscriptor, accedé ahora mismo a todas las prestaciones y servicios haciendo clic acá.

Nota:

(1) Abogado (UNC, Argentina); máster en Derecho Constitucional (CEPC, España); investigador de la Sala de Derecho a la Salud del Instituto de Investigación en Ciencias Jurídicas de la Universidad Blas Pascal (IDI-CJ UBP, Argentina); doctorando en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas y profesor e investigador del Área de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid (España). Coordinador Académico del Máster Universitario en Dirección en la Gestión Pública de la Universidad Internacional de la Rioja (España)