Reforma Judicial: proyecto de Organización y Competencia de la Justicia Federal

El Presidente de la Nación presentó esta tarde por video conferencia, desde la Casa Rosada, el proyecto de Reforma Judicial. Estuvo acompañado por algunos de los integrantes de una comisión de juristas que serán los encargados de asesorar en referencia a las modificaciones a aplicarse en el sistema judicial. Los detalles del anuncio

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El Presidente de la Nación, en conferencia de prensa, anunció el proyecto de ley que busca reformar el Poder Judicial, y que elevará para su consideración al Congreso de la Nación.

La iniciativa fue presentada como proyecto para sancionar la “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Provincias” y propone organizar la Justicia Federal con competencia penal.

El mandatario estuvo acompañado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y algunos miembros del Consejo Asesor que elaborarán sugerencias para realizar diversas modificaciones en el sistema de Justicia.

Los miembros integrantes de ese Consejo son los juristas María del Carmen Battaini, Marisa Herrera, Andrés Gil Domínguez, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Omar Palermo, Claudia Sbdar, Hilda Kogan, Gustavo Ferreyra, Carlos Beraldi, León Arslanian y Andrés Gil Domínguez.

Entre los principales puntos del anuncio, se destacan:

1.- Creación de la Justicia Federal Penal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal de Comodoro Py y el Fuero Penal Económico.

El mandatario indicó también que “cada uno de esos Tribunales actuarán en lo sucesivo con una de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero”.

Es decir fusiona las 12 juzgados de Comodoro Py con los 11 del Fuero Penal Económicoentonces y crea 23 nuevos juzgados con una secretaría. Por ello, serán  46 juzgados con una secretaría cada uno. La iniciativa, propone además, la creación de cinco nuevos tribunales federales orales, 23 fiscalías de primera instancia, cinco fiscalías para los nuevos tribunales federales orales y ocho defensorías públicas.

Ampliar el número de juzgados deriva de la puesta en marcha del sistema acusatorio que impone el Código Procesal Penal Federal.

La propuesta presidencial crea un nuevo fuero federal para la Ciudad de Buenos Aires.

El Presidente ha indicado que el proyecto propicia que el nuevo Fuero Penal Federal comience a funcionar cuanto antes, indicando que “se prevé un sistema de subrogancias que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados y magistradas en el que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación, que deberá dar los Acuerdos correspondientes para quienes resulten subrogantes”.

2.- Se prevé,  dentro del plazo máximo de DOS (2) años de la entrada en vigencia de la ley, la implementación del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en el Fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de lo establecido en la Ley N° 27.150 y sus modificatorias.

3.- Transferencia de la totalidad de la competencia Penal No Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para investigar y juzgar la totalidad de los delitos cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con excepción de la materia federal, al Ministerio Público y a los jueces competentes de la referida Ciudad.   

4.- Se propicia la unificación de los fueros Nacional en lo Civil y Comercial Federal y Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, ambos de la Capital Federal, bajo la denominación de fuero en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido a la cantidad de conflictos de competencia que se suscitan entre ambos fueros, lo que atenta contra la celeridad, eficiencia y eficacia tan reclamada a la labor judicial.

El fuero quedaría integrado por una Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal, por Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal y por Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias, todos con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los órganos que integran el Fuero en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal serán competentes respecto de las materias que a la fecha de entrada en vigencia de la ley tengan asignadas los fueros Nacional en lo Civil y Comercial Federal y Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. Los Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias creados por la Ley N° 25.293 mantendrán su actual competencia.


5.- El proyecto propone el fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país.

Se intentará poner en marcha un proyecto que perdió estado parlamentario impulsado por la anterior gestión de gobierno en el marco del programa “Justicia 2020”.   

El Presidente destacó que “aquella iniciativa tuvo en consideración los 114 proyectos de ley presentados desde el año 2008 sobre creación de juzgados federales, poniendo el objetivo en el fortalecimiento de la justicia federal con asiento en las provincias y la especialización por materia, evitando con ello el establecimiento de competencias múltiples”.

La intención es implementar gradualmente en todo el país el Código Procesal Penal Federal.

6.- Finalmente, plantea una serie de reglas de actuación judicial que deberán respetar los jueces y juezas federales. Entre ellas, destacó:

a) Mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados.

b) Evitar comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de cualquiera de las partes.

c) Garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario.

d) Ejercer sus funciones libres de interferencias.

e) Comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo.

f) Evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones, y en ningún caso deberán actuar sobre la base de consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias.

g) Evitar valerse del cargo para promover o defender intereses privados, transmitir o permitir que otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición especial para influenciar.

El proyecto que se eleva a consideración del Congreso mantiene estas pautas de actuación y agrega que su incumplimiento constituirá una causa grave de mal desempeño, además de las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponder. 

Al finalizar, calificó al Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público como “juristas de reconocimiento técnico indiscutido”, indicando que se los convocó para “repensar el funcionamiento de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público”.

Mediante decreto 635/2020 - BO: 30/7/2020, se oficializó la creación del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público anunciado. La norma indica que está integrado por personalidades del ámbito del Derecho que no solo acrediten sólidos antecedentes a nivel profesional y académico, sino además que hayan demostrado en su trayectoria un compromiso con la defensa de los principios básicos que hacen a la vigencia del Estado de Derecho, a efectos de adoptar definiciones sobre la manera de abordar las propuestas surgidas tanto de instituciones y organismos del Estado, como de ámbitos académicos, profesionales y de la comunidad en general sobre la organización y el servicio de Justicia en relación con el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, dada la complejidad de la tarea que debe ser llevada a cabo y la necesidad de que ella se encamine sobre la base de pasos firmes y amplios consensos.

Este Consejo Consultivo actuará en el ámbito de la Presidencia de la Nación y tendrá como objetivo asesorar al Presidente, para lo cual deberá elaborar, en el plazo de 90 días desde su constitución, un dictamen técnico con recomendaciones y propuestas sobre los ejes de la conveniencia, o no, de modificar el actual régimen legal de designación de sus titulares del Ministerio Público y la posibilidad de que sus mandatos sean temporarios; la incorporación de perspectiva de género en la composición del Ministerio Público y en los actos que hacen a su funcionamiento; la incorporación al Ministerio Público de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Información Financiera; etc

Acceda al texto del proyecto aquí

Fuente Erreius