Habilitan la feria judicial extraordinaria para permitir el cobro de diferencias salariales

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó la feria judicial extraordinaria decretada por la propagación del virus COVID-19 a fin de que los actores cobren las diferencias salariales reconocidas por sentencia judicial.

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En la causa “Palermo Enrique Alfredo y otros c/ Estado Nacional -DIE-DTO 1104/05 751/09 s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seguridad”, la jueza de primera instancia desestimó el pedido de habilitación de feria extraordinaria solicitada por la parte actora a los efectos de que se ordene la transferencia de las sumas ya depositadas a favor de los accionantes.

En este caso, el pasado 5 de febrero de 2020, la jueza a quo ordenó llevar adelante la ejecución en concepto de crédito no consolidado adeudado a los co-actores hasta hacerse íntegro pago de la suma de $422.970,81.

A los pocos días, la jueza ordenó librar oficio al Banco de la Nación Argentina -Sucursal Tribunales a fin de que transfiera ese monto. Pero dicha orden de libramiento no pudo ser cumplida por la feria judicial extraordinaria declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La parte actora aclara que las transferencias peticionadas por su parte ya han sido ordenadas en la causa y que, por haberse dispuesto la feria, no pudieron llevarse a cabo. A esos únicos efectos solicita la habilitación de feria que se discute en el presente.

Pero la jueza a quo expresó que “habiéndose cotejado, mediante el sistema informático, las circunstancias fácticas acaecidas en autos, entiende quien decide, que el caso en análisis no se encuentra subsumido en los supuestos que taxativamente el Máximo Tribunal ha tenido en cuenta en forma exclusiva a efectos de proceder a dar curso a lo aquí solicitado, razón suficiente que conlleva a rechazar lo peticionado por la parte actora y en consecuencia, desestimar el pedido de habilitación de feria judicial”.

La actora interpuso recurso de apelación, en el que destaca el carácter alimentario del crédito salarial cuya percepción pretende.

Además resalta que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada a nuestra Constitución Nacional, impide que se despoje a la persona de las remuneraciones, integrantes del derecho de propiedad. Además, aclara que dicha normativa internacional también impide que los ciudadanos sean discriminados en las remuneraciones, como entiende que sucedería si no se habilitara la feria.

Agrega que, si bien en la especie las sumas no fueron dadas en pago -debido a la falta de cancelación de la deuda-, en la causa se procedió a embargar y llevar adelante la ejecución, medidas que se encuentran firmes. Por ello, según sostiene, se configura una situación muy similar al pago y cuyos efectos son los mismos.

Y entiende que el punto 2 de la Acordada CSJN N° 9/2020 (y sus complementarias) sobre la habilitación de feria a la que se refiere el Alto Tribunal, se limita a causas en trámite en las que se encuentren pendientes libranzas de pago “que sean exclusivamente de manera electrónica de los pagos por alimentos, por indemnización por despido, por accidentes de trabajo, por accidentes de tránsito y por honorarios profesionales de todos los procesos, siempre que en todos estos supuestos hayan sido dados en pago”.

En estas condiciones, la sala V de la Cámara entendió que el pedido de habilitación de feria efectuado debe ser concedido porque “se encuentra fuera de discusión que el salario reviste, en todos los casos, carácter alimentario de manera que las sumas involucradas en autos (diferencias de carácter salarial), participan de esa característica”.

Asimismo, “la circunstancia de que las transferencias en cuestión ya habían sido ordenadas por la magistrada de grado, como así también el hecho de que las sumas fueron depositadas luego de varios años de litigio, donde el Estado Nacional no procedía al pago (más allá de la previsión presupuestaria durante dos años consecutivos), por lo que la actora tuvo que recurrir al embargo y la ejecución forzosa del crédito”.

“En síntesis, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que se reconoció el derecho de los actores y el carácter alimentario del crédito que pretenden percibir, se advierte que la situación descripta justifica habilitar la feria judicial extraordinaria para transferir los fondos depositados y consentidos a las cuentas de los actores”, concluyeron los jueces Guillermo Treacy, Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Alemany.

En cuanto a la Acordada Nº 9/2020, indicaron que “la correcta hermenéutica… de sus disposiciones desecha una interpretación literal y señala que se trata de una norma que se inscribe en un contexto fáctico y normativo mucho más complejo, cuyo examen exige a sus intérpretes la consideración de factores y circunstancias, tanto de la causa -relacionada con los derechos involucrados, la postura asumida por la demandada, etc.- como de la coyuntura actual -que tienen que ver con la pandemia y la prolongación de la feria judicial extraordinaria- que resulta incompatible con la interpretación literal y aislada de la normativa en cuestión”.

Fuente Erreius