Incluyen en el temario de sesiones extraordinarias el proyecto para renegociar la deuda externa

El Gobierno incluyó en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto de ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública, que declara prioritario para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda externa.

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"En uso de las facultades que le otorgan los artículos 63 y 99, inciso 9) de la Constitución de la Nación Argentina, el presidente de la Nación Argentina decreta: Inclúyese en el temario a tratar por el Congreso de la Nación, durante el actual período de sesiones extraordinarias, la consideración del proyecto en cuestión”, indica el decreto publicado en el Boletín Oficial.

El Poder Ejecutivo remarca la importancia de la aprobación de esta ley “dado que el perfil de vencimiento de la deuda pública externa no admite aplazar el tratamiento de la normativa que aquí se propicia hasta el momento que se debata el proyecto de ley nacional de presupuesto”.

La iniciativa de nueve artículos pide al Congreso que se le otorguen facultades al Poder Ejecutivo Nacional para efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los títulos públicos de nuestro país emitidos bajo ley extranjera

Además, autoriza a la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Economía) a prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y renunciar a oponer defensa de inmunidad soberana respecto de reclamos en la jurisdicción que se trate durante la renegociación de la deuda.

La renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicará que se renuncie a la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de los siguientes bienes:

- Cualquier bien, reserva o cuenta del Banco Central de la República Argentina;

- Cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, incluyendo los comprendidos por los artículos 234 y 235 del Código Civil y Comercial de la Nación (bienes fuera del comercio y pertenecientes al dominio público, respectivamente);

- Cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio argentino que preste un servicio público esencial;

- Cualquier bien (sea en la forma de efectivo, depósitos bancarios, valores, obligaciones de terceros o cualquier otro medio de pago) de la República Argentina, sus agencias gubernamentales y otras entidades gubernamentales relacionadas con la ejecución del presupuesto;

- Cualquier bien alcanzado por los privilegios e inmunidades de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, incluyendo -pero no limitándose- a bienes, establecimientos y cuentas de las misiones argentinas;

- Cualquier bien utilizado por una misión diplomática, gubernamental o consular de nuestro país;

- Impuestos y/o regalías adeudadas a la Argentina y sus derechos para recaudarlas;

- Cualquier bien de carácter militar o bajo el control de una autoridad militar o agencia de defensa del país;

- Cualquier bien que forme parte de la herencia cultural de la Argentina; y

- Los bienes protegidos por cualquier ley de inmunidad soberana que resulte aplicable.

El citado ministerio podrá dictar las normas aclaratorias y/o complementarias que fueran necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

El oficialismo, en la Cámara de Diputados, pretende que el próximo martes 28 se reúnan las comisiones pertinentes y el jueves 30 se vote en el recinto. Una semana después se trataría en el Senado.

Otros puntos destacados:

- El texto señala que “las políticas de endeudamiento inconsistentes con la capacidad de repago en divisas y que priorizaron los instrumentos bajo legislación extranjera tornan indispensable la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa para recuperar en su integridad el ejercicio de la autodeterminación financiera y económica de la República Argentina”.

A tal fin, se autoriza al Ministerio de Economía a “contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen”.

Por otro lado, autoriza a la Autoridad de Aplicación a realizar todos aquellos actos necesarios para dar cumplimiento a la ley, incluyendo, sin limitación, a:

a) Emitir nuevos títulos públicos, a efectos de modificar el perfil de vencimientos de intereses y amortización de capital para restaurar la sostenibilidad de la deuda pública externa;

b) Determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos;

c) Designar instituciones y/o asesores financieros para que actúen como coordinadores en la estructuración;

d) Designar instituciones y/o asesores financieros para que actúen como agentes colocadores y/o en la ejecución de las operaciones de crédito público y/o para que actúen en la administración de manejo de pasivos y/o emisión de nuevos títulos y/o la contratación de otros empréstitos de crédito público;

e) Aprobar y suscribir contratos con entidades y/o asesores financieros para que presten los servicios enumerados precedentemente, previéndose para ello el pago de comisiones en condiciones de mercado, las que en ningún caso podrán superar el 0,1% por todo concepto del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado, acorde a las especificaciones técnicas particulares que determine la Autoridad de Aplicación.

En forma previa a la suscripción de los contratos se deberá dar intervención a la Sindicatura General de la Nación;

f) Preparar y registrar títulos públicos emitidos ante los entes regulatorios y/u organismos de control y/o autoridades competentes de los mercados de capitales internacionales;

g) Aprobar y suscribir contratos con agentes fiduciarios, agentes de pago, agentes de información, agentes de custodia, agentes de registración y agencias calificadoras de riesgo y/o aquellos agentes que resulten necesarios tanto para las operaciones de administración de pasivos como de emisión y colocación de nuevos títulos públicos, previéndose el pago de los correspondientes honorarios y gastos en condiciones de mercado, acorde a las especificaciones técnicas particulares que determine la Autoridad de Aplicación.

En forma previa a la suscripción de los contratos se dará intervención a la Sindicatura General de la Nación;

h) Realizar el pago de otros gastos necesarios de registración, impresión de documentos, distribución de prospectos, traducción y otros gastos asociados acorde a las especificaciones técnicas particulares que determine la Autoridad de Aplicación o a quien esta designe, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en la presente ley. 

Por otro lado, el proyecto exime a las operaciones comprendidas en la ley del pago de todos los impuestos, incluido el impuesto al valor agregado, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro que puedan aplicarse a las operaciones contempladas en esta norma. 

Además, faculta a la Jefatura de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias que resulten pertinentes para cumplir la ley. Los gastos que demande el cumplimiento de la ley serán imputados a las partidas presupuestarias correspondientes a la Jurisdicción 90 (Servicio de la Deuda Pública).

Asimismo, se destaca que la ley será de orden público y entrará en vigencia, hasta el 31 de diciembre de este año, a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

 Fuente Erreius