Adelanto digital: Temas de Derecho Administrativo - diciembre 2019

En la nueva edición de Temas de Derecho Administrativo online se analiza, entre otras cosas, la cláusula anticorrupción en las contrataciones públicas, empresas y sociedades del Estado y temas de novedad como impugnación contra resoluciones de colegios y consejos profesionales.

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La edición diciembre 2019 de la publicación Temas de Derecho Administrativo dirigida por el Dr. Carlos F. Balbín presenta los siguientes temas:

- La cláusula anticorrupción en las contrataciones públicas: tratamiento normativo nacional y en el proyecto de ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Por: Susana E. Vega

 La Dra. Susana Elena Vega analiza el tratamiento normativo de la llamada “cláusula anticorrupción” del artículo 10 del decreto 1023/2001 y las posteriores normas dictadas al respecto, partiendo de la afirmación de que en el marco de las contrataciones públicas, el tratamiento de la corrupción se intensificó normativamente en el ámbito interno, especialmente con motivo de diversos hechos ocurridos tanto de trascendencia internacional como local, que han generado el dictado de distintas normativas tendientes a prevenir y regular aspectos vinculados, especialmente inspiradas en los acuerdos emanados de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), sin perjuicio de las Convenciones ratificadas por nuestro país en la materia.

Además, la autora examina el tratamiento normativo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En tal sentido, estudia la ley 2095 de compras y contrataciones y asevera que si bien el legislador local adoptó sobre el tema similar texto que el nacional, pretendió no obstante morigerar en cierta manera los términos del artículo 10 del reglamento delegado 1023/2001, aunque agregando también en su texto que ello es sin perjuicio de las acciones penales que se pudieren deducir.

Por último, la Dra. Vega indaga sobre la aplicación de la cláusula anticorrupción en el marco del proyecto de ley de obras públicas y concesiones de obra pública en el ámbito de la CABA.

- Las empresas y sociedades del Estado: Aerolíneas Argentinas - Por: Gastón Urrejola

 El Dr. Urrejola analiza a las empresas del Estado como forma de descentralización, haciendo hincapié en las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria -es decir, sociedades en las que el Estado es propietario en forma individual o conjunta de acciones que representan, al menos, el 51%- y su relación con el derecho público y en particular el caso de Aerolíneas Argentinas SA.

- Breve reseña del proceso especial de impugnaciones contra resoluciones de colegios y consejos profesionales en el Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires - Por: Hernán Lombardia

El Doctor Lombardia describe el Proceso Especial de impugnación contra sanciones emanadas de los colegios profesionales, que tiene plazos más cortos, menor amplitud probatoria, reducción de trámites y de cuestiones a decidir, resultando en definitiva más ágiles para su resolución establecida en el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo Provincial.

 Observa el autor que el sistema instituido por el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires (según L. 13.325) vulnera el Principio de la Tutela Judicial Efectiva, habida cuenta de que quien pretenda la revisión judicial de una sanción emanada por los colegios o consejos profesionales, únicamente podrá interponer un recurso directo a la Cámara Contencioso Administrativa competente sin posibilidad alguna de ofrecer algún tipo de prueba o poder acceder a un ámbito de discusión amplia, ya que el órgano judicial tiene vedado -según este sistema- revisar cuestiones de hecho y derecho, convirtiendo de esta manera a la función administrativa que tienen estos entes públicos no estatales en función jurisdiccional.

- La responsabilidad patrimonial de los fiscales por falta de servicio en la investigación penal preparatoria de la Provincia de Buenos Aires. Análisis a la luz del principio de eficacia. Caso “Pomar” - Por: Pablo J. Majul

 El autor analiza la premisa que surge de la sentencia “ROBERT MARÍA CRISTINA C/PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA-OTROS JUICIOS” y su acumulado “RICABARRA ISMAEL JAVIER C/FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA”, mediante la cual el Juzgado de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Mercedes, a cargo del Juez Luis Oscar Laserna, condena a la Provincia de Buenos Aires a indemnizar por el accidente fatal sufrido por la familia.

 El Dr. Majul explica que el caso Pomar es un triste precedente (no firme) de que los funcionarios públicos encargados de llevar a cabo la investigación en la búsqueda -que llevó veinticuatro días- de la familia fueron redimidos y eximidos de toda responsabilidad frente a la comunidad que les confirió las atribuciones de las que gozan para protegerla.

 El autor reflexiona los lineamientos de su artículo sobre dos interrogantes: a) ¿para qué sirve responsabilizar al funcionario si el Estado responderá ante el daño ocasionado? y b) ¿cuál es el fin de promover una acción de daños y perjuicios contra el funcionario? Concluyendo que la respuesta no es económica, sino moralizadora, porque estamos en una República y los funcionarios son agentes dotados de atribuciones, prerrogativas y poderes que deben usar para proteger a la comunidad y cumplir los fines más altos del Estado, que es el bien común. Avalar una norma o tendencia jurisprudencial de eximirlos constituye una discrecionalidad interpretativa que termina por persuadir a los funcionarios a que no importa lo que hagan o dejen de hacer en su función, siempre estarán protegidos por la corporación. Contrariamente, si se establece una postura de “responsabilidad”, se establecen pautas disuasivas que coadyuvarán a que los funcionarios lleven a cabo sus tareas más responsablemente y con mayor profesionalidad.

- Los adultos mayores y las políticas habitacionales del GCBA: ¿Existen alternativas a la institucionalización? - Por: Karina A. Pose

 La Dra. Pose realiza un comentario a la sentencia emitida por la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario en autos M., N. M. c/GCBA s/daños y perjuicios (excepto responsabilidad medica), en la cual la sala III confirmó la sentencia de grado que hizo lugar a la pretensión indemnizatoria por los daños y perjuicios que sufrió la actora como consecuencia del fallecimiento de su madre en un establecimiento geriátrico tras haber sufrido heridas por un ataque de canes mientras se encontraba alojada en el hogar. Para así decidir, el tribunal manifestó que el vínculo que unía a la víctima del ataque con el hogar se trataba efectivamente de una relación de consumo y que si bien la actora no formaba parte de la relación de consumo, los daños cuya indemnización persiguió habrían sido provocados como consecuencia de aquella.

La autora, teniendo en cuenta los hechos que han motivado el caso objeto de análisis: la muerte de una persona mayor en un hogar de ancianos provocada por la desatención al deber de seguridad, tanto de las autoridades de la institución, cuanto del Gobierno de la Ciudad, afirma que la falta de políticas públicas específicas, tendientes a garantizar el derecho de acceso a una vivienda adecuada y definitiva para los adultos mayores, se agrava con la deficiencia de las existentes. El mal estado de mantenimiento edilicio de los hogares de ancianos y la escasez replicada por el sistema de subsidios, sumada a la inejecución de la ley 624, complejizan el panorama a la hora de definir una solución habitacional definitiva para adultos mayores de la Ciudad.

Resulta por ello dable advertir que existe mucho camino por recorrer para cumplimentar de manera efectiva los compromisos internacionales asumidos con relación a los derechos de los adultos mayores, para que vean realmente garantizado su derecho de acceso a una vivienda adecuada y definitiva.

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Fuente: Erreius