La Corte dejó sin efecto una cautelar que eximía del impuesto a las ganancias a un grupo de magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional

La Corte Suprema resolvió por unanimidad revocar la medida cautelar que había exceptuado del pago del impuesto a las ganancias a un grupo de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público que asumieron sus actuales cargos con posterioridad al 1 de enero de 2017

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El caso se inició cuando la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional promovió una acción declarativa de certeza con el objeto de que se "despeje la incertidumbre provocada por la mención contenida en el artículo 5° de la ley 27.346, que sustituye el inciso a) del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. 

Allí se incorporaba incorporando al gravamen a las rentas derivadas: 

a) Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. En el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las Provincias y del Ministerio Público de la Nación, cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive". 

La acción se promovió contra el Estado Nacional -Poder Ejecutivo Nacional-, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. 

En concreto, la asociación solicitó que se declarara que el concepto "nombramiento" sea entendido como "ingreso", es decir, que la norma comprendiera solo a los funcionarios y magistrados que al 1 de enero de 2017 no pertenecían a los escalafones del Poder Judicial o del Ministerio Público de la Nación. 

Para ello, pidió que se tomara como fecha de ingreso la correspondiente a la designación en tales organismos y, para quienes estuvieran concursando sin pertenecer al Poder Judicial o al Ministerio Público, la fecha de la presentación en el concurso. 

Como medida cautelar de no innovar, la asociación requirió que el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público se abstuvieran de retener suma alguna en concepto de impuesto a las ganancias "...hasta tanto se dicte la reglamentación que expida las instrucciones necesarias para comprender exactamente los términos utilizados en el instrumento legal, que deberán coincidir con el criterio expuesto más arriba, bajo riesgo de convertirse en una reglamentación que vulnera el espíritu de la ley".  

El juez de primera instancia hizo lugar a la cautelar y dispuso que estén alcanzados por el impuesto los magistrados, funcionarios y empleados designados en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación a partir del 1 de enero de 2017, salvo que hubieren ingresado con anterioridad a dicha fecha o que proviniesen de los Poderes Judiciales y ministerios públicos provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y siempre que sus retribuciones no hubiesen estado alcanzadas por el pago o retención del tributo en cuestión. 

El caso fue apelado por el Estado Nacional y la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, por mayoría, mantuvo la medida cautelar pero modificó sus alcances, limitándola a los sujetos representados por la asociación de magistrados. 

El caso llegó a la Corte Suprema. Allí, el Estado se agravió por el no cumplimiento de los recaudos previstos en la ley 26.854, especialmente por la ausencia de pruebas que den cuenta de la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la irreparabilidad del daño.  

Al resolver la cuestión, el Máximo Tribunal sostuvo que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal utilizó argumentos dogmáticos e insuficientes para admitir la procedencia de la medida solicitada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y que, por ello, su decisión fue arbitraria. 

En los considerandos firmados por los cinco magistrados que la integran (Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda), la Corte entendió que la Cámara no debió haber concedido la cautelar por el hecho de que exista una forma de interpretar la ley del impuesto a las ganancias que pudiera resultar contraria a los intereses de los magistrados y funcionarios representados por la parte actora. Agregó que la Cámara tampoco había justificado que la medida fuese necesaria para evitar un daño irreparable a los actores. 

Además, sostuvo que los jueces, al examinar este tipo de medidas, deben tener especial cuidado, en tanto se trata de decisiones preliminares que, por sus efectos expansivos, pueden suspender total o parcialmente la aplicación de una ley vigente y, de ese modo, afectar la división de poderes. 

La Corte concluyó que no existían razones suficientes para adoptar una decisión cautelar de tal gravedad que eximiera del cumplimiento de lo ordenado por la ley a los sujetos representados por la actora. De ello derivó que la vigente ley del impuesto a las ganancias resulta plenamente aplicable. 

“De ello se deriva que la vigente ley 27.346, sancionada tras una amplia discusión de los poderes del Estado y cuya constitucionalidad -como se dijo- no ha sido cuestionada, resulta plenamente aplicable a los beneficiarios de la medida cautelar que se revoca, sin que ello implique adelantar opinión sobre el fondo del asunto debatido”, se lee en los considerandos. 

Para el tribunal, resultaba imprescindible recordar su doctrina según la cual “la misión del juez es aplicar el derecho objetivo con independencia del planteo de las partes, máxime si se trata de obligaciones tributarias, cuya naturaleza es de derecho público no disponible”. 

Y consideró que, siendo ello así, los magistrados “honrados con un cargo que impone tan alta misión deben ser los primeros ciudadanos llamados a cumplir la ley cabalmente”. 

Finalmente, Rosenkrantz y Highton de Nolasco dejaron a salvo el derecho del que gozan los magistrados -al igual que todo ciudadano- de plantear ante la justicia sus agravios respecto de lo que consideren ser sus derechos, tal como fue reconocido por la Corte a lo largo de toda su jurisprudencia. 

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Fuente Erreius