Clases presenciales: la Corte Suprema de Justicia se expidió a favor de la autonomía de la CABA

La CSJN se expidió a favor de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de la causa iniciada por el Jefe de Gobierno porteño, donde se planteó la inconstitucionalidad del DNU que suspendió el dictado de clases presenciales en la CABA.

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Este martes 5 de mayo, la CSJN se expidió sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) por DNU 241/2020 que había dispuesto, entre otras medidas, la suspensión del dictado de clases presenciales y de las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 hasta el 30 de abril de 2021 inclusive, en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Específicamente, la medida buscaba que se declare inconstitucional el artículo 2 del Decreto 241/2021, que establece “la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021, inclusive” en el aglomerado del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Consideran que la decisión del decreto "trasunta una inconstitucional afectación a la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Recordamos que el día 19 de abril el Tribunal Máximo declaró su competencia originaria para entender en la causa y ordenó correr traslado de la demanda interpuesta en los términos de las normas que regulan el proceso sumarísimo.

Además, en fecha 29 de abril el Procurador General de la Nación dictaminó acerca de las cuestiones constitucionales propuestas, concluyendo en la invalidez de la norma impugnada por el GCBA. En este sentido, en su dictamen consideró que los argumentos expuestos en la norma refutada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión dispuesta de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles.

El fallo

En su voto conjunto, Rosatti y Maqueda consideraron que la Ciudad de Buenos Aires adquirió el estatus constitucional expresado en el nuevo artículo 129, según el cual “tendrá un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad”.

Así, subrayaron que los constituyentes reformadores introdujeron a la Ciudad como un actor pleno del sistema federalen tanto ciudad constitucional federada” que “integra de modo directo el sistema federal argentino conjuntamente con los restantes sujetos políticos que lo componen”.

Sostuvieron que la vigencia del artículo 129 de la Constitución Nacional imposibilita que la CABA reciba el mismo trato que antes de la reforma de 1994, es decir, como un “territorio federalizado”, propio de una época en la que esta carecía de autonomía.

Y ahondaron diciendo que la Ciudad integra de modo directo la federación argentina, surgiendo sus competencias no por la intermediación de los poderes nacionales -como antes de la reforma constitucional de 1994-, sino del propio texto de la Constitución Nacional y de las normas dictadas en su consecuencia.

Consecuentemente, consideraron que “corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -al igual que a las provincias- la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes” en consonancia con la autonomía porteña y el poder reservado en el art. 5° de la Constitución Nacional. Así, aclararon que la Convención Constituyente de 1994 “introdujo a la educación entre las atribuciones de la policía del bienestar de las provincias, y expresamente incorporó como sujeto activo -y en igualdad de condiciones que las provincias- a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Asimismo, citaron el artículo 125 de la Constitución Nacional, que establece que “Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales; y promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura”.

También consideraron que “tanto la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para definir la modalidad educativa como la atribución federal para atender a una emergencia sanitaria deben entenderse en el marco del federalismo que ordena la Constitución Nacional.” Así, agregaron que “La distribución de competencias en un Estado federal como el nuestro, y la complejidad de aspectos que pueden converger en una misma realidad, exigen que el preciso deslinde de competencias se haga atendiendo cuidadosamente a las circunstancias de cada caso.

Con respecto a la interrelación entre las atribuciones, enfatizaron que "los actos de las legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no pueden ser invalidados sino en los casos en que la Constitución concede al Congreso Nacional, en términos explícitos, un poder exclusivo, o en los supuestos en los que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, o bien cuando existe una absoluta y directa incompatibilidad o repugnancia efectiva en el ejercicio de facultades concurrentes”.

Por otro lado, en relación con la competencia sanitaria del Estado Nacional al dictar el DNU 241/21, explicaron que “la Administración se encontraba obligada a explicar, más que en cualquier otro acto dado el contenido concreto de su regulación, los antecedentes que la llevaron a ejercer la competencia invocada, explicitando además la adecuada proporcionalidad entre el objeto de la decisión y su finalidad, que debe hallarse en necesaria correspondencia con la de las normas competenciales invocadas por el órgano emisor”.

Así, concluyeron que las alegaciones ensayadas por el Estado Nacional, sin mayores explicaciones sobre la particular incidencia relativa de la educación presencial en la propagación del COVID-19, no alcanza para justificar el ejercicio de una competencia sanitaria federal que incide de manera tan drástica en la modalidad de la enseñanza porteña.

Aclararon que lo dicho no busca avalar (o desautorizar) decisiones sanitarias que deberán basarse en criterios de razonabilidad entre los que pueden mencionarse la necesidad, la proporcionalidad y el ajuste a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, elementos estos que resultan ajenos al pronunciamiento adoptado por esta Corte en la presente decisión.

Con respecto al plazo de vigencia temporal del DNU impugnado, consideraron que dicha circunstancia no resulta óbice para que la Corte emita su pronunciamiento. Así subrayaron que “dado que circunstancias como las examinadas en la causa pueden prorrogarse o repetirse en el futuro, el Tribunal entiende que su pronunciamiento no solo no se ha vuelto inoficioso sino que debe orientar, desde lo jurídico -no desde lo sanitario- decisiones futuras”.

Por último, en relación con la conformación territorial formulada del AMBA por el decreto 125/2021, más allá de su pertinencia estratégica “no tiene la virtualidad de alterar las potestades constitucionales reconocidas a los diversos componentes del Estado Federal que formen parte de tales áreas”. Además, consideraron que la previsión del AMBA no puede ser entendida como la constitución de una “región” en los términos del art. 124 de la Constitución Nacional ni puede implicar una alteración de las potestades provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte, el Presidente Rosenkrantz recuerda que la existencia de una situación de emergencia en materia sanitaria habilita la adopción de remedios que en condiciones de normalidad podrían no ser válidos. De todos modos, considera que “la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente. La emergencia está sujeta al derecho en este país, en tanto también es una situación jurídicamente regulada”.

También aclara que “no debe perderse de vista que la emergencia, si bien puede proporcionar la ocasión para ejercer un poder existente, no crea poderes nuevos".

En su voto, el magistrado Lorenzetti consideró que el derecho humano a la educación debe ser satisfecho en la mayor medida posible porque es el que define las oportunidades de desarrollo de una persona.

Además, sostuvo que existen claros precedentes de la Corte Suprema afirmando la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estableciendo que la Ciudad de Buenos Aires adquirió un nuevo estatus constitucional de conformidad con el art. 129 de la Constitución Nacional. Así, explica que el poder de las Provincias es originario, “lo que importa una interpretación favorable a la competencia autónoma y restrictiva de sus limitaciones”.

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Fuente: Erreius