El Procurador General de la Nación dictaminó que es inconstitucional el decreto que suspendió las clases presenciales

La Procuración General de la Nación dictaminó sobre la inconstitucionalidad del DNU 241/2021, que suspendió el dictado de clases presenciales hasta el 30 de abril, en el marco de la causa iniciada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora será la Corte Suprema quien deberá resolver. Ponemos a disposición el dictamen.

Imagen del articulo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de declarar que la presente causa corresponde a su competencia originaria, ordenó el pase de las actuaciones a la Procuración General y le dio un plazo de 72 horas para dictaminar sobre la pretensión del Gobierno de la Ciudad dirigida a cuestionar la validez constitucional del decreto 241/21, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 16 de abril, en cuanto ordena la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021, en el aglomerado del “Área Metropolitana De Buenos Aires” (AMBA).

El Dictamen de la Procuración

En su presentación de 49 páginas, el Procurador General Interino de la Nación, Dr. Eduardo E. Casal, consideró que "los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles".
 
Si bien señaló que el gobierno nacional tiene las facultades sobre la salud en todo el país y para tomar medidas de emergencia en casos excepcionales, como lo es una pandemia, estas deben estar fundamentadas, lo que a su criterio en este caso no ocurre.

Y agregó: "Así lo creo, pues no ha sido debidamente acreditado que el dictado de clases presenciales haya sido la causa del agravamiento de la situación sanitaria a la que aludió el decreto impugnado, en cuyos considerandos se efectúan afirmaciones genéricas acerca de la necesidad de reducir la circulación de personas y el uso del transporte público, sin precisar adecuadamente la supuesta relación directa e inmediata entre las actividades de educación presencial y el crecimiento exponencial de casos en la región".
 
Más adelante, el Procurador sentenció: "También se advierte que desde el regreso a la modalidad presencial del dictado de clases, siempre se les confió a los gobiernos locales su eventual suspensión temporaria así como su reinicio, de acuerdo con la evaluación que sus titulares realizaran del riesgo epidemiológico".
 
Pero refiriéndose en concreto al Decreto en cuestión, agregó: "Sin embargo, ese criterio fue modificado por el mismo Estado nacional sin que se aprecien fundamentos acerca de los motivos por los cuales asumió facultades en relación con una actividad que antes había dejado en manos de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y solo en relación con una región que comprende a esta última".
 
"Lo expuesto adquiere mayor relevancia aún si se tiene presente que el derecho vulnerado por la norma impugnada es el referido al acceso a la educación", concluyó el Dr. Casal.

El dictamen, que es de carácter no vinculante, fue entregado ayer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual quedó en condiciones de decidir sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en contra de las medidas adoptadas por el gobierno nacional mediante el Decreto 241/21.
 

Nuevos anuncios del Presidente

Esta mañana, el presidente Alberto Fernández anunció que las restricciones establecidas hace dos semanas se mantendrán hasta el 21 de mayo.
 
Sobre el dictado de clases reforzó que se deberá realizar exclusivamente a distancia. En este sentido, subrayó que “sabemos las dificultades que esto plantea a los niños, niñas y adolescentes y a las familias. Lamentablemente, en estas zonas de alarma se trata de una medida necesaria para reducir la circulación. Todo este esfuerzo lo estamos haciendo para retomar, en estas zonas, la presencialidad cuando los indicadores epidemiológicos y sanitarios así lo permitan”.
 
Se espera que el nuevo DNU sea publicado en el Boletín Oficial en el transcurso del día. 
 
 
 
Fuente: Erreius