La Cámara de Apelaciones porteña dispuso la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito de la CABA

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo ordenó al Gobierno porteño que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

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El pasado domingo 18 de abril,  la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo hizo lugar a la medida cautelar que pretendía la suspensión del DNU 241/2021, a los fines de asegurar la presencialidad en las escuelas de la CABA.

 

El Ministerio Público Fiscal, horas antes,  había dictaminado a favor de la  admisibilidad del recurso de queja y el pedido de avocación directa de parte de ese tribunal, y posteriormente la Cámara porteña  dispuso hacer lugar a la pretensión incoada y ordenó  la suspensión de lo dispuesto en el art. 2°, párrafo tercero, del DNU 241/2021, ordenando al GCBA que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, conforme la resolución conjunta del Ministerio de Educación y de Salud 1/2021.

 

En la resolución se destacó que la naturaleza de los derechos fundamentales en juego y la urgencia de la pretensión dirigida a resolver la suspensión de un DNU nacional cuya vigencia comienza a operar  el lunes 19 de abril, y que involucra a todos los menores de edad que asisten a clases en el ámbito de la Ciudad, sus padres y cuerpo docente, hacen imposible aguardar el tiempo que demandaría cumplir con los pasos procesales establecidos por el Código de rito, y una decisión contraria implicaría un excesivo apego a las normas procesales que llevaría a despojar de efectos útiles la decisión que se adopta.

 

Tal y como lo sostuvo el Ministerio Público Fiscal, “se advierte que en el caso se encuentra seriamente comprometido el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes y el acceso a una tutela judicial efectiva, lo que implica brindar a las partes y a la sociedad una decisión en tiempo útil que responda sus planteos. Al respecto, cabe destacar que el Código Procesal Contencioso Administrativo y Tributario, en su artículo 248 y bajo este excepcional escenario, autoriza al tribunal a decidir los puntos omitidos en la decisión de la anterior instancia”.

 

“El Estado local ha sido nominal y sustancialmente demandado en la presente causa, circunstancia que -en principio- apareja la competencia del fuero local para entender en la contienda. En este aspecto, cabe recordar que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires precisó de modo general la competencia de este fuero en los artículos 1º y 2º del Código Contencioso Administrativo y Tributario (ley 189). En el artículo 2º se establece que '[s]on causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad administrativa legitimada para estar en juicio sea parte, cualquiera que sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La competencia contencioso administrativa y tributaria es de orden público'".

 

No es posible soslayar la atribución de competencia establecida a favor del fuero local, en el marco de lo dispuesto en el artículo 129 de la Constitución Nacional, para entender en el conocimiento de las causas en las cuales el GCBA sea parte.

 

La Cámara entendió que, en este estado liminar del proceso, el Decreto sancionado por el Poder Ejecutivo nacional, en su artículo 2°, párrafo tercero, vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía.

 

Destacaron que en lo atinente a la prestación de la educación inicial, primaria y secundaria en el ámbito jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una competencia netamente local, cuya regulación le compete a la Ciudad y no al Estado Nacional. Lo contrario, implicaría vulnerar la autonomía local, con grave afectación del sistema republicano de Gobierno.

 

Conforme la normativa reseñada, la responsabilidad en la prestación y el modo en que se organiza el servicio de educación es una competencia netamente local y, por ende, debe ser dispuesta por los órganos constitucionales que tanto la Constitución nacional, local y las leyes dispusieron para ello. Esto es: el Poder Ejecutivo local. Cualquier interferencia, por más razones válidas que ofrezca, implica lesionar la división federal de nuestro Estado y vulnerar la autonomía local. Máxime cuando la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de su competencia, venía adoptando las medidas correspondientes para asegurar la prestación del servicio de la educación, conforme las disposiciones consensuadas en el resto del país.

 

Desde un análisis limitado de la cuestión se observa, en este estado liminar del proceso, que asiste verosimilitud en el derecho invocado puesto que la parte actora ha logrado acreditar tales extremos al poner en evidencia las graves consecuencias que supone para el grupo afectado -todos los niños, niñas y adolescentes que asisten a los colegios, y que son pasibles de una tutela especial- la suspensión de las clases presenciales.

 

También se tuvo  por acreditada la no frustración del interés público, en tanto que, a través de esta decisión, se intenta garantizar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Finalmente, en atención a los derechos implicados y a la naturaleza de la acción planteada, para dar cumplimiento a la exigencia de contracautela, se considera razonable la imposición de una caución juratoria y tenerla por cumplida, dados los términos de la demanda y la petición cautelar.

 

Se estableció que dada la dinámica del contexto sanitario, resulta pertinente que el Gobierno de la Ciudad presente un informe durante el viernes próximo sobre la evolución de la situación epidemiológica.

 

Recordamos que el Gobierno porteño, el pasado viernes, inició una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evitar la suspensión de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. La procuradora Laura Monti determinó que el máximo tribunal tiene competencia para resolver sobre este tema.

El Dr. Majul analiza el reclamo presentado por el Gobierno porteño ante la CSJN sobre la presencialidad de las clases, para acceder haga click aqui

Acceda al fallo Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas s/Incidente de queja por apelación denegada - queja por apelación denegada.

Fuente: Erreius