La movilidad de los jubilados en cuarentena

El Dr. Damián M. Alegre realiza una profunda crítica a la medida que suspende la fórmula de movilidad automática, en tanto al verse “afectadas” las variables empleadas para medición, se pone en cuarentena la movilidad previsional por 180 días más, lo cual genera incertidumbre, siendo de vital necesidad que la emergencia tenga una fecha cierta de finalización, conforme también ha sido requerido en innumerables fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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El pasado 11/3/2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia. En consonancia con ello, el Estado Nacional a través del decreto de necesidad y urgencia 260/2020 amplía la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la ley 27541, por el plazo de un año y a través del decreto de necesidad y urgencia 297/2020, se estableció el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde el 20/3/2020, el cual fue prorrogado en innumerables oportunidades.

Dentro de la mencionada situación, el Estado Nacional intenta tomar medidas para cuidar y velar por la salud de los “adultos mayores”, aquellas personas que se encuentran en un mayor estado de vulnerabilidad y que están jubiladas y pensionadas. Por lo tanto, con el afán de velar por su salud y resguardarlos de los riesgos que pudiera traer aparejados el COVID-19, recomienda su aislación social.

Paradójicamente con este lineamiento, puede observarse que cercena la movilidad entre un 5,53% al 13,23% del beneficio previsional a todos los jubilados sin excepción. Evidentemente, no resulta un recurso de importancia para el gobierno otorgar a los jubilados y pensionados el sustento que legalmente les correspondía para poder sobrellevar la pandemia.

Acto seguido, el 17/6/2020, se sanciona el decreto de necesidad y urgencia 542/2020. En este se prorroga hasta fin de año la suspensión de la fórmula de movilidad previsional. Lo interesante a remarcar de este decreto es que otorga recursos de gran importancia para los abogados previsionalistas a la hora de analizar las posibles medidas a llevar adelante para reclamar la movilidad que legalmente les correspondía a los beneficiarios.

Por un lado, se hace mención que, dentro de los 180 días que fueron dados inicialmente para constituir una comisión que debería analizar una fórmula de movilidad que fuere “sustentable”, no se ha avanzado en el tema. Irónicamente, emplean de excusa el COVID-19, cuestión que recién apareció, como fuere indicado oportunamente, el 20/3/2020, habiendo contado con, por lo menos, casi tres meses para comenzar a diseñar una fórmula nueva de movilidad.

Aquí está más que manifiesto que, en principio, la idea era suspender la fórmula de movilidad como mecanismo de ajuste a los jubilados y reducción del gasto público, en consonancia con la situación imperante económica que está sobrellevando el país a la hora de avanzar con la negociación de la deuda pública.

Seguido a ello, es muy importante dejar en claro que en los considerandos del decreto de necesidad y urgencia se establece expresamente que “…el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto una gran cantidad de medidas para morigerar el impacto de las restricciones de las actividades económicas y la circulación de personas en el marco de la emergencia sanitaria con la finalidad de preservar los ingresos de los trabajadores y de las trabajadoras, las fuentes y los puestos de trabajo y de brindar una cobertura a los sectores sociales más vulnerables…”.

Muy a nuestro pesar, parece ser que los jubilados y pensionados no son entendidos por el Estado Nacional como sectores vulnerables y se desconoce lo manifestado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “García”(3), cuando sentencia que el Alto Tribunal “…se ha manifestado particularmente sensible a las cuestiones que atañen al resguardo de los créditos pertenecientes a la clase pasiva, grupo vulnerable e históricamente postergado, procurando con sus decisiones hacer efectiva la protección que la Constitución Nacional garantiza a la ancianidad [art. 75, inc. 23)]”.

Como corolario final del análisis de los considerandos que tratan de convalidar la prórroga de la suspensión de la fórmula de movilidad, establece una innumerable lista de medidas tomadas en pos de tratar de ayudar a la economía del país. Dentro de ellas, no existe medida alguna que efectivamente haya beneficiado a este sector vulnerado e históricamente postergado, sino que parece que, una vez más, los jubilados y pensionados deben realizar un nuevo esfuerzo dentro de la emergencia que vive el país hace más de 100 años y nuevamente se verán forzados a ceder y ser solidarios con los aportes que realizaron durante toda su vida laboral.

Recordemos que la jubilación no es una gratificación que otorga el Estado, ni es un premio por haber cumplido una determinada edad y aportes, es la respuesta al esfuerzo contributivo que realizó un beneficiario durante toda su vida activa que debe tener una justa y racional sustitución una vez jubilado.

No resulta viable ni tolerable que el Estado Nacional se ampare en que “…la situación descripta [haciendo mención a la pandemia] ha impactado en la recaudación de los recursos de la seguridad social, en las remuneraciones al trabajo y en la evolución de los precios al consumidor y toman inciertos los indicadores o parámetros más relevantes utilizados para establecer una metodología rigurosa de cálculo con el fin de determinar la movilidad de los haberes previsionales…”, cuando párrafos anteriores en los considerandos del decreto de necesidad y urgencia 542/2020 enarbola como prioritaria la medida tomada en referencia a “…las postergaciones y reducciones de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de hasta el noventa y cinco por ciento…”. Es completamente racional que frente a una economía destrozada y un Estado que reduce las contribuciones, de los que se vale en gran medida el sistema para pagar los beneficios de los jubilados y pensionados, impacten de lleno estas medidas en la recaudación de los recursos de la seguridad social.

De más está decir que para contingencias como las que estamos viviendo actualmente existe el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el cual ha sido creado a tal efecto.

Por otro lado, es importante dejar mención que el Estado Nacional convalida expresamente que los índices de las remuneraciones al trabajo y de la evolución de los precios al consumidor son variables que deben ser tomadas en consideración a la hora de plasmar una nueva fórmula de movilidad. Lo previamente expuesto convalida la existencia de una fórmula mixta que incluya el IPC y RIPTE como la actualmente suspendida.

Además, es de importancia remarcar que los incrementos porcentuales que debían otorgarse ya vienen con un atraso de seis meses. Que, por lo tanto, las variables que el Estado Nacional ya percibió y que no hace otra cosa que volcar tardíamente en el mensual de los beneficiarios que aportaron durante toda su vida laboral no tendrían espacio para ser negados.

Al verse “afectadas” las variables empleadas para medir la movilidad que debía otorgarse, se continúa con la suspensión y se pone en cuarentena la movilidad previsional por 180 días más, lo cual genera incertidumbre, máxime que venimos de tres años de emergencia previsional, que después de cuatro meses se declara una nueva emergencia por 180 días y ahora esta es prorrogada. Es de vital necesidad que la emergencia tenga una fecha cierta de finalización, conforme también ha sido requerido en innumerables fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mientras que los gobiernos no garanticen una estabilidad monetaria en relación con los aportes realizados históricamente por los beneficiarios, los haberes se verán depreciados enormemente y en simultáneo deberán ser reajustados aplicándoles movilidad.

Este contenido que forma parte de la Publicación Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social del mes de Agosto 2020, es exclusivo para suscriptores de Erreius, podés ingresar al artículo completo haciendo click acá.

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Notas:

(*) Abogado especialista en Derecho Previsional. Miembro de la Comisión Previsional de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA). Publicista

Fuente Erreius