Las ART deberán incluir al coronavirus como enfermedad profesional de trabajadores exceptuados del aislamiento

A través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 367/2020, el Gobierno estableció que las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) consideren “presuntivamente” al coronavirus como una “enfermedad de carácter profesional”, por lo que no podrán rechazar la cobertura a los trabajadores que se desempeñen en sectores exceptuados del aislamiento y que lo hayan contraído en el marco de la cuarentena obligatoria.

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De acuerdo al artículo 1 del decreto, “la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del apartado 2, inciso b), del artículo 6 de la ley 24557, respecto de las y los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal y con el fin de realizar actividades declaradas esenciales, del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el decreto 297/20, y mientras se encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta por esas normativas, o sus eventuales prórrogas, salvo en los casos de trabajadoras y trabajadores de la salud”.

El DNU destaca que sus disposiciones se aplicarán a aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido a partir de la entrada en vigencia del decreto 297 de fecha 19 de marzo pasado.

En los casos de profesionales de la salud, se considerará que la citada enfermedad guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico. Además, esta presunción rige para este sector hasta los 60 días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de la ampliación de emergencia pública en materia sanitaria realizada en el decreto 260/20, y sus eventuales prórrogas.

Las ART no podrán rechazar la cobertura y deberán adoptar los recaudos necesarios para que, al tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral acompañada del correspondiente diagnóstico confirmado emitido por entidad debidamente autorizada, el dependiente damnificado reciba, en forma inmediata, las prestaciones previstas en la ley 24557.

La determinación definitiva del carácter profesional de la mencionada patología quedará, en cada caso, a cargo de la Comisión Médica Central (CMC), la que entenderá originariamente a efectos de confirmar la presunción establecida en el decreto y procederá a establecer la imprescindible y necesaria relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo efectuado en el referido contexto de dispensa del deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La referida Comisión Médica Central podrá invertir la carga de prueba de la relación de causalidad a favor del trabajador cuando se constate la existencia de un número relevante de infectados por

la enfermedad COVID-19 en actividades realizadas en el referido contexto y en un establecimiento determinado en el que tuviesen cercanía o posible contacto, o cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de que el contagio haya sido en ocasión del cumplimiento de las tareas desempeñadas.

¿Quién se hará cargo del pago?

Hasta 60 días después de finalizado el plazo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el financiamiento de las prestaciones otorgadas para la cobertura de esta contingencia será imputado en un 100% al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, que se creó para dar cobertura a las patologías no listadas.

El decreto también señala que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) o la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), en el marco de sus respectivas competencias, establecerán las condiciones y modalidades requeridas a los efectos del reintegro por parte del citado fondo fiduciario de las erogaciones efectuadas y garantizarán el mantenimiento de una reserva mínima equivalente al 10% de los recursos de este último, con el objeto de asistir el costo de cobertura prestacional de otras posibles enfermedades profesionales, según se determine en el futuro.

Superintendencia de Riesgos del Trabajo

El decreto también faculta a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a dictar las normas relativas al procedimiento de actuación ante la Comisión Médica Central (CMC) y a dictar todas las medidas reglamentarias, complementarias y aclaratorias que sean necesarias en el marco de sus competencias.

La resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

En ese marco, el superintendente Gustavo Darío Morón, a través de la resolución 34/2020, determinó a la Comisión Médica Central, las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y sus delegaciones “como áreas esenciales o críticas de prestación de servicios indispensables para la comunidad, a efectos de asegurar su cobertura permanente, a los trabajadores exceptuados del aislamiento en el marco de lo dispuesto en el artículo 6 del DNU 297/2020”.

Además, resalta que los agentes convocados para prestar tareas esenciales se encuentran alcanzados por las previsiones del mencionado, resultando exceptuados del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, debiendo limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios.

Y delegó en la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas, la facultad de otorgar y firmar la credencial de libre circulación prevista en la Decisión Administrativa 427/2020 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Las Comisiones Médicas Jurisdiccionales fueron creadas por la Ley 24.241 y son las encargadas de determinar el contenido de las prestaciones en especie y constituyen la instancia única, con carácter obligatorio y excluyente de cualquier otra, para que el trabajador afectado solicite u homologue la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y como consecuencia, el otorgamiento de las prestaciones dinerarias.

Las actividades realizadas por las Comisiones Médicas pueden repercutir directamente tanto sobre la salud de los trabajadores damnificados, como sobre la percepción de las prestaciones dinerarias, las cuales poseen carácter alimentario.

Accedé al Decreto 367/2020