Puntos destacados del proyecto que modifica el régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos

El proyecto consta de 18 artículos que modifican el régimen previsional especial de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Nación y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, como así también el Régimen Especial para funcionarios del Servicio Exterior de la Nación.

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En el caso de los jueces y del Ministerio Público de la Nación, establece el aumento gradual de la edad jubilatoria hasta los 65 años -en la actualidad, son 60 años- para hombres y mujeres. La escala para el aumento de la edad será la siguiente: 60 años en 2020; 61 años en 2021; 62 años en 2022; 63 años en 2023; 64 años en 2024 y 65 años en 2025.

El proyecto de ley mantiene dentro de este régimen especial a los jueces de la Corte y a los de Cámara, así como a los fiscales y procuradores, pero excluye, por ejemplo, a los prosecretarios administrativos, que antes lo integraban.

Para poder jubilarse, deberán haber cumplido dicha edad y además acreditar 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes incluidos en el sistema de reciprocidad jubilatorio.

Tendrán derecho al haber de la jubilación ordinaria si también cumplen los siguientes requisitos:

- Haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial de la Nación o en el Ministerio Público de la Nación o de las provincias adheridas al Régimen de Reciprocidad Jubilatoria.

- Haberse desempeñado como mínimo 10 años de servicios continuos o 15 discontinuos en alguno de los cargos indicados en el proyecto, siempre que se encontraren en su ejercicio al momento de cumplir los demás requisitos necesarios para obtener la jubilación ordinaria.

El haber inicial de la jubilación ordinaria será equivalente al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas, sujetas a aportes y contribuciones, por el desempeño de los cargos, percibidas durante el período inmediato anterior al cese definitivo en el servicio. En la actualidad, es al 82% del último cargo.

En ningún caso dicho haber podrá ser superior a la remuneración total, sujeta a aportes y contribuciones, previa deducción del aporte personal jubilatorio del cargo correspondiente al cese definitivo en el servicio. El haber fijado conforme a esas pautas será móvil.

Los magistrados y funcionarios que no acreditaran la totalidad de los servicios exigidos y mencionados anteriormente tendrán derecho a que se les reconozca el período durante el cual se hayan desempeñado en los cargos a través del reconocimiento de las diferencias del haber previsional, según el esquema de "prorrata tempore", con ajuste a los lineamientos que al respecto fije la reglamentación.

El Ejecutivo aclara que “las modificaciones propuestas no afectan derechos adquiridos, ya que rigen para quienes se jubilen a partir de la entrada en vigencia de la ley”.

Por otro lado, se incrementa en siete puntos la alícuota del aporte de activos. “De este modo, se procura mejorar la relación entre los beneficios a percibir y el esfuerzo contributivo, sin afectar la razonable proporcionalidad entre el monto del haber previsional y la retribución de los magistrados y funcionarios en actividad”, argumenta el Ejecutivo.

Es decir, los funcionarios alcanzados aportarán el 18% de su salario, a diferencia de los del régimen general, que contribuyen con el 11%.

En caso de fallecimiento del titular, el derecho a percibir la pensión se asignará conforme a los requisitos y en las condiciones establecidas por los artículos 53 y 98 de la Ley N° 24.241.

Existen 17.600 funcionarios y magistrados en actividad que aportan, en promedio, al régimen previsional $ 32.600 mensuales; y aproximadamente 7.000 beneficiarios que perciben un haber medio jubilatorio de $ 289.000, excluidas las pensiones.

En la actualidad, la jubilación ordinaria de mayor valor abonada es de $ 770.100, “lo que representa 55 veces el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), establecido en $ 14.068; y más de siete veces el haber máximo de dicho sistema, que asciende a $ 103.064”, indican los fundamentos del proyecto.

Para los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, los requisitos para obtener la jubilación son los mismos que para los magistrados nacionales, y se agrega que “la prestación de servicios en los destinos considerados como peligrosos o insalubres no será computada doble a los fines de acreditar el requisito de años en el Servicio Exterior de la Nación”.

Además, los funcionarios de carrera del Servicio Exterior de la Nación que sean designados en alguno de los cargos previstos en el artículo 1 de la Ley 22.731, a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley (en caso de que se apruebe), estarán obligatoriamente comprendidos en el Régimen Previsional General de la Ley 24.241, quedando a su respecto derogado el régimen previsional especial instituido por la Ley 22.731.

En el caso de los diplomáticos, se trata de un colectivo de casi 1.100 funcionarios que aportan en promedio $ 39.000 por mes; y poco más de 700 beneficiarios que perciben mensualmente un haber medio jubilatorio de $ 396.000, sin considerar las pensiones.

La jubilación más alta abonada es de $ 616.476, lo que equivale a 44 veces el haber mínimo garantizado del SIPA; y a seis veces el haber máximo de dicho sistema.

Además, indica que hasta tanto se expida la Comisión Ad Hoc a que hace referencia el artículo 56 de la Ley 27.541 y el Congreso Nacional dicte la ley respectiva, los haberes de los sujetos comprendidos en el proyecto se regirán por las siguientes pautas de movilidad:

- Para los beneficios ya otorgados a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, se aplicará lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 24.018 y sus modificatorias, y en el artículo 6° de la Ley N° 22.731, respectivamente.

- Para los beneficios que se otorguen a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se aplicará el porcentaje fijado en el artículo 10 de la Ley 24.018 y sus modificatorias, y en el artículo 4 de la Ley 22.731, respectivamente, sobre el promedio de las remuneraciones actualizadas, sujetas a aportes y contribuciones, que se tuvieron en cuenta para determinar el haber inicial, cada vez que varíe la remuneración del cargo correspondiente al cese definitivo en el servicio.

Por último, el proyecto indica que la ley entrará en vigencia al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Fuente Erreius