Movilidad Previsional: Rechazaron el reclamo de un jubilado que había pedido la inconstitucional de la ley 27.541

Los jueces de la sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social entendieron que la cuestión debía analizarse a la luz de la emergencia por la pandemia de Covid-19 y que no aparecen como desproporcionados y repugnantes a la Constitución Nacional los aumentos dados por decreto.

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La decisión fue tomada en los autos Torterola, Jorge Nicolás c/ Anses s/ Amparos y Sumarísimos por los jueces de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Frente al reclamo de un jubilado, los magistrados consideraron que no es inconstitucional la ley 27.541, en tanto suspendió la aplicación de la fórmula de movilidad previsional que regía durante 2018 y 2019, aun cuando esa medida provocó que el demandante haya cobrado haberes mensuales más bajos respecto de los que percibía antes de la entrada en vigencia de la ley.
 
En el caso bajo análisis, el Tribunal debía verificar si el art. 55 de la ley 27.541 y Dtos. 163/20 y 195/20, tachados de inconstitucionalidad, violan las garantías de los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, generando un menoscabo en los haberes del actor de carácter confiscatorio, que no respete los principios de sustitutividad y proporcionalidad establecidos durante décadas por el Tribunal cimero.

En su voto el Dr. Fantini señaló que "El análisis de la cuestión no puede efectuarse aisladamente sino dentro del marco de emergencia económica y sanitaria originada por la pandemia mundial del COVID-19".
 
Y agregó que "De allí que la critica a cualquier pauta de movilidad, ha de considerarse en todas sus aristas no sólo previsionales sino también ante un contexto macroeconómico, que garantice una pauta de ajuste que a su vez pueda ser sostenible en el tiempo, acorde con la capacidad de los recursos fiscales".
 
En la sentencia, el Dr. Fantini dictaminó que "corresponde al poder político analizar la realidad impuesta por la pandemia de "COVID-19", y construir una fórmula de movilidad seria, razonable y perdurable y que únicamente puede ser justiciable en la medida en que esa pauta o parámetro sea irracional o contraria a los preceptos constitucionalmente protegidos."

Por su parte la Dra. Dorado señaló que atendiendo al marco de crisis en que se encuentra el país, "no se advierte que las normas que alteraron las condiciones originales bajo las que se habían establecido la movilidad de las prestaciones, art. 32 ley 24.241, sus complementarias y modificatorias, contradigan la garantía de razonabilidad, pues resultan justificadas por los hechos que les han dado origen, esto es, una crisis económica y de emergencia que colocó a las autoridades competentes del gobierno nacional en la necesidad de proceder de ese modo a fin de asegurar el cumplimiento de las funciones básicas del Estado Nacional".
 
Para finalmente agregar la magistrada que "tampoco hay violación del art. 17 de la Constitución Nacional cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad".
 
Recordemos que la fórmula de movilidad que se mantuvo suspendida durante 2020 determinaba un incremento acumulado para el año de 42%, mientras que la ley y luego del DNU del PE otorgó de manera discrecional subas de entre 24,3% y 35,3%, en algunos casos muy por debajo del aumento prometido.
 

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Fuente: Erreius