Reglamento para las presentaciones por medios electrónicos

Con fecha 24 de octubre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución registrada bajo el número 2135. Allí se aborda una cuestión que venía trayendo bastantes discusiones en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires: la firma electrónica de las resoluciones judiciales.

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Por Gabriel H. Quadri 

Al respecto, desde el momento de la sanción del nuevo Reglamento para Presentaciones Electrónicas (Ac. 3886/18), y aun cuando la propia Corte (en su sitio web) señaló que el mismo no era de aplicación a las resoluciones y proveídos, la controversia se instaló, polarizando las opiniones: según una corriente de pensamiento, los magistrados que contaban con firma electrónica (no digital) no podían suscribir con la misma proveídos y resoluciones judiciales; según la otra postura, ello sí era posible.

Que el tema se presentara era lógico; el Reglamento se orientaba muy fuertemente a la despapelización en el ámbito de las presentaciones, pero, paralelamente, no decía qué hacer en cuanto a las resoluciones.

Por lo demás, fue la misma Corte quien reconoció que la firma con la que contaba el común de los magistrados hasta el momento era electrónica y no digital (cfe. Ac. 3891/2018), disponiendo allí lo conducente para que los magistrados pudieran ir obteniendo esta última en debida forma.

El problema se instaló en la práctica, dado que varias Cámaras de Apelaciones comenzaron a devolver los expedientes donde las resoluciones se encontraran firmadas de manera electrónica, ordenando se subsanara la cuestión (ver, entre otros, C. Civ. y Com. Necochea, 28/6/2018, “Arista, Juan José y Ruiz, Maira Susana S/ Concurso Preventivo”; C. Civ. y Com. Azul, sala 1°, 14/9/2018, “Álvarez, Carlos Aníbal y Otro/A C/ Renero, Matias y Otros S/ Daños Y Perj”; sala 2°, 18/9/2018 y 1/10/2018, “Giammatolo, Nilda Gladys C/Sanatorio Azul s.a. S/ daños y perjuicios”), incluso con la renuencia de algún magistrado de primera instancia a hacerlo.

Pues bien, en ese contexto, adviene la nueva Resolución de la Suprema Corte de Justicia que estamos comentando.

La Resolución indica, entre sus fundamentos, que “resulta oportuno precisar algunos aspectos que han generado dudas en los operadores judiciales” y, en tal sentido: 

·       Indica un procedimiento a seguir para el caso de desconocimiento de la firma efectuada por magistrados o funcionarios en las resoluciones judiciales dictadas en formato “electrónico” (art. 1°). Parecería que tal hipótesis se refiere a la posibilidad de que las partes lleven a cabo tal desconocimiento. Con lo cual, la Resolución da lugar -desde ahora- al planteamiento de este tipo de incidencias. 

·       Establece el temperamento a adoptar para el caso de que “otros órganos judiciales” requieran -excepcionalmente, dice la Resolución- que los expedientes físicos cuenten con soporte papel de las resoluciones judiciales rubricadas por medios electrónicos (art. 2°). Es evidente que esta referencia a los “otros órganos judiciales” es una alusión directa a las Cámaras de Apelación. Para el caso de emitirse estas requisitorias, la Resolución establece que los órganos requeridos solo deberán agregar aquellas que tienen el carácter de “registrables” (es decir, sentencias definitivas y autos interlocutorios con fuerza de tales o que definan artículo). Señalando que dicho recaudo quedará satisfecho con la impresión que realice el organismo jurisdiccional de tales resoluciones registrables, certificando el actuario su fidelidad en relación con los registros electrónicos (no respecto de los libros de registro, cuya obligatoriedad aún no se ha derogado). 

·       Se recuerda a los Secretarios de los organismos jurisdiccionales que son responsables del registro completo de la información relativa a los trámites de expedientes en el sistema informático, garantizando la exactitud, integridad y actualización instantánea de los mismos (art. 3°). Esto responde a las inquietudes formuladas por Cámaras y Colegios de Abogados.

De este modo, la Resolución viene a colocar un factor más en el controvertido panorama del expediente digital para la Provincia de Buenos Aires, al validar la firma electrónica de las resoluciones judiciales (pues si se está estableciendo el procedimiento a seguir cuando se la desconozca, necesariamente se está reconociendo que se la puede utilizar), pero sin definirse, paralelamente, sobre la obligatoriedad o no de su uso.

Es cierto que la Corte señala que las áreas competentes están abocadas a elaborar un proyecto de modificación integral del Acuerdo 2514/92.

Pero no menos cierto es que, hasta tanto ello ocurra, se deja el tema en un estado de indefinición.

Tal lo dicho, creemos que la norma no establece como obligatoria la suscripción de manera electrónica de las resoluciones judiciales. Pero, aunque no lo dice expresamente, valida tal modalidad de firma, al establecer un procedimiento para el supuesto de desconocimiento.

Otra interpretación posible, derivada de los términos del art. 2, podría llevar a pensar que la regla -desde ahora- sería la signatura electrónica de las resoluciones. Porque ese artículo habla de un procedimiento “excepcional” de requisitoria -por parte de otros órganos- de la impresión de ciertas resoluciones, y que en tal caso lo único que se podría reclamar que se imprimiera serían las resoluciones registrables. Entonces, esta excepcionalidad podría llegar a interpretarse no ya como referida a la requisitoria, sino a la forma misma de las resoluciones.

La Resolución no es, entonces, para nada clarificadora, y creemos que contribuirá en muy poco tiempo a aquietar las aguas bonaerenses, lo que solo pensamos que sucederá cuando la Corte emita la preanunciada nueva versión del Acuerdo 2514.

Amén de ello, nos llama la atención está validación de la firma electrónica para suscribir resoluciones judiciales a contrapelo de las prescripciones del art. 288 del CCyCN, y más aún cuando ya es posible (y de hecho, muchos magistrados y funcionarios al momento lo han hecho) obtener una firma digital que cumpla con tal requisito. No vemos, entonces, ninguna razón plausible que amerite está habilitación, cuando era perfectamente factible proceder con estricto apego a la normativa vigente, sin otro recaudo que pedir de los magistrados que aún no contaran con firma digital que moderasen su ansiedad electrónica hasta tanto la consiguieran.

Por lo demás, sí nos parece valedero el recordatorio formulado en el art. 3, porque en la práctica, esa cuestión viene generando bastantes problemas, al impedir visualizar la versión digital completa de las actuaciones, yerro fundamentalmente derivado de la omisión de colocar en estado “público” determinadas actuaciones, lo que impide su visibilidad por cualquier persona que resulte ajena al órgano.

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Fuente: Erreius