Declaran la inconstitucionalidad de la ley porteña que habilitaba a revisar decisiones del fuero nacional

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil declaró la inconstitucionalidad de la ley porteña que habilitaba al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) a revisar las decisiones del fuero nacional.

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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil declaró la inconstitucionalidad de la ley porteña que habilitaba al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) a revisar las decisiones del fuero nacional.

En una demanda que promovían dos mujeres en el marco de una causa por “usucapión”, el 4 de noviembre de 2021, las coactoras interpusieron unrecurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, conforme lo normado por el artículo 26 de la ley 402 CABA, contra el decisorio de la Cámara Civil, del 18 de octubre de 2021, que confirmó la sentencia y desestimó la demanda.

Leyes en juego

Los camaristas explicaron que “cuando el artículo 4 de la ley local 6452 (pub. BOCBA 6246, del 29/10/2021; sancionada el 20/09/2021 y promulgada el 25/10/2021), norma la modificación del artículo 26 de la ley 402 para que disponga que “el recurso de inconstitucionalidad se interpone contra la sentencia definitiva del tribunal superior de la causa emitida por los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires o los integrantes de la Justicia Nacional de la Capital Federal...”, deviene evidente que con su dictado se excede el ámbito de la propia jurisdicción, arrogándose atribuciones que la propia constitución de la Ciudad no reconoce a la legislatura local y que avanzan sobre las facultades exclusivas del Congreso de la Nación".

“Ello, constituye un instituto local novedoso e imposible de asimilar a los establecidos en el ámbito nacional, cuando la legislatura local carece de potestades para dictar normas adjetivas a cumplir por los tribunales de jurisdicción nacional”, remarcaron.

Además, entendieron que no tiene facultades para modificar los Códigos Procesales de la Nación y de la ley 48, que reglamenta el recurso extraordinario.

Contrario a la lógica jurídica

“Lo legislado no sólo es contrario a toda lógica jurídica, sino que, además, constituye una decisión violatoria de la Supremacía Constitucional, desde cualquier punto de vista donde se lo analice y estudie, pues vulnera el principio de jerarquía normativa cuando, como es sabido, el Poder Legislativo (federal) es aquel que tiene a su cargo la sanción de las normas jurídicas que imponen conductas a determinadas categoría de personas y es ejercido por el Congreso Nacional”, agregaron.

Así, entendieron que “tal tarea no puede ser delegada en otros poderes”.

“Deviene reñido con la ley suprema, que la legislatura local en el ejercicio regular de sus atribuciones, sustituya a los otros poderes del Estado –en este caso el Congreso Nacional– en las funciones que le sean propias para crear un recurso procesal no sancionado por el legislador nacional”, explicaron.

Test de constitucionalidad

“Es que después de establecidos los órganos del poder judicial, y luego de atribuirle la ley su jurisdicción y competencia, es el Congreso Nacional quien debe dotar las normas procesales a que deben atenerse el juez y las partes", remarcaron.

Incluso, enfatizaron que “el propio artículo 117 de la Constitución Nacional preceptúa que la jurisdicción apelada de la Corte Suprema –y a fortiori de los tribunales inferiores– se ejercerá conforme a “las reglas y excepciones” que establezca el órgano legislativo, de modo que al no existir una norma del Congreso Nacional que regule el recurso de inconstitucionalidad, su interposición en esta sede resulta inadmisible”.

De esta manera, para los jueces, la ley local bajo cuestionamiento no supera el test de constitucionalidad.

 

La declaración de inconstitucionalidad de oficio

Los jueces indicaron que la declaración de inconstitucionalidad de una ley se rige por un principio de carácter restrictivo y sólo pueden apelar a ese recurso cuando la incompatibilidad con la Constitución sea inconciliable.

Sobre la aptitud jurisdiccional para la declaración oficiosa de inconstitucionalidad, precisaron que si bien la declaración de inconstitucionalidad de oficio de una ley fue admitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Mill de Pereyra”, lo hizo dejando constancia que era un remedio extremo al cual sólo debía recurrirse cuando se dieran excepcionales circunstancias.

 

 

Fuente: Erreius