Actualizaron el protocolo sobre interrupción legal del embarazo

Mediante la resolución 3158/2019, la Secretaría de Salud de la Nación aprobó la actualización del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)” que regía desde el 2015.

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De acuerdo a los considerandos de la norma, se dictó para establecer una “metodología de trabajo rigurosa y uniforme para el ámbito nacional” y destaca que el documento “apunta principalmente a la no judicialización de los casos, a la protección de los derechos de la mujer, particularmente en adolescentes y en casos de abusos en menores en línea con los cambios que ocurrieron en el Código Civil”.

En concreto, establece que todas las personas con capacidad de gestar tienen derecho de acceder a la interrupción legal del embarazo cuando este se encuadre en alguna de las causales establecidas en el Código Penal.

En su artículo 86 indica que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º) Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto".

En el caso de violación, destaca que nunca será exigible la denuncia policial o judicial de violación para llevar adelante la ILE y agrega que los únicos requisitos que se debe solicitar a la mujer víctima de la violación es el consentimiento informado y la declaración jurada.

A los fines de evitar la revictimización, en los casos de violación no se requerirá que la mujer ahonde en detalles. Los profesionales no deben insistir en preguntar y recabar datos del posible actor del delito.

Por otro lado, considera esencial identificar precozmente a las personas que presentan un embarazo en el contexto de las causales de ILE, realizar una consejería adecuada y, en los casos en los que la decisión sea interrumpir la gestación, acompañar la decisión y no demorar la práctica.

Y establece que entre los 13 y los 16 años las adolescentes pueden dar su consentimiento para la realización de esta práctica autónomamente cuando esta no implique un riesgo grave para su salud o su vida.

Las adolescentes deberán siempre ser escuchadas y deberán prestar su consentimiento, previamente informado, necesiten o no acompañamiento (asistencia), ya que la regla general según el Código Civil y Comercial es su plena capacidad para consentir.

En los casos de menores de 13 años, las niñas podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores o personas que ejerzan, formal o informalmente, roles de cuidado. Estos deberán firmar una ratificación del consentimiento informado de la niña. Si hay desacuerdo entre la niña y sus progenitores, el equipo de salud a cargo de llevar adelante la ILE deberá valorar la situación.

Por otro lado, la resolución establece que el certificado único de discapacidad no representa, en modo alguno, una restricción a la capacidad de ejercer autónomamente los derechos.

Si es necesaria una interconsulta y/o implementar mecanismos administrativos, estos no pueden implicar demoras innecesarias en la realización de la ILE.

En cuanto a la calidad de la atención y los requisitos para acceder a la práctica de ILE, la norma indica que deberán ser los mismos en establecimientos públicos, de obras sociales y privados. Los profesionales deberán respetar los derechos de las personas y, en caso de no hacerlo, podrán ser sancionados.

Sobre la objeción de conciencia, se determina que no debe traducirse en obstrucción a la práctica.

También se establece que todas las prácticas e intervenciones que se realicen, ya sea de manera ambulatoria o con internación, deberán registrarse tanto en la historia clínica como en los otros sistemas de registro establecidos según la institución o jurisdicción correspondiente.

De todas maneras, desde el ministerio de Desarrollo Social se informó que la norma será derogada y que volverá a estar vigente el protocolo anterior, que regía desde 2015.

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Fuente: Erreius