Una medida cautelar suspendió la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Provincia del Chaco

La jueza de feria, Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 19 de Resistencia, hizo lugar a una medida cautelar para suspender la vigencia de la Ley 27.610 en la Provincia del Chaco. Se trata de la primera presentación judicial que logra frenar la interrupción voluntaria del embarazo luego de la sanción de la norma.

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En su presentación, distintas personas solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de la norma que entró en vigor esta semana, ya que sostuvieron que el art. 15, inc. 1, de la Constitución Provincial garantiza el derecho “a la vida y a la libertad, desde la concepción” a todas las personas, y que, como se trata de una competencia concurrente de la provincia con la Nación, debe primar la interpretación de la ley más favorable a la persona humana.

Además, pidieron que se ordene la suspensión cautelar de la vigencia y/o la no aplicación en el territorio de la ley 27.610, "hasta tanto se resuelva sobre su planteo de inconstitucionalidad e inaplicabilidad", por considerarla “contraria a la Constitución de la Provincia del Chaco, así como de las restantes normativas legales, constitucionales y de tratados internacionales de aplicación”.

Esgrimieron, entre otras cuestiones, que el Estado local debe garantizar a todas las personas el goce de los derechos "a la vida y a la libertad desde la concepción (…)" y que las "conductas contrarias a su preservación, como son las prácticas abortivas -eliminación del niño por nacer-, exigen el máximo esfuerzo y defensa provincial".

También alegaron que "el riesgo palpable que generan los actos denunciados, los que llevan claramente a la muerte de uno, dos, tres, cien o miles de niños y niñas chaqueñas, ante la amenaza real cierta y concreta de la entrada en vigencia de la ley 27610, que favorecería el aborto libre contra los niños por nacer".

"Dicha situación de extrema gravedad institucional funda suficientemente la precedencia de esta medida, por lo que una sola muerte jamás va a poder ser devuelta a la vida, sí podrá ser evitada, por ello debe ser concedida con la urgencia que nos mueve, a fin de evitar próximos perjuicios hasta tanto se resuelva la cuestión de la causa principal", manifestaron en la presentación.

Y señalan que tienen legitimación procesal activa para promover esta acción, de conformidad en lo dispuesto por el art. 1 de la ley 26061 (Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes), así como lo dispuesto por la ley 23849, en cuanto declara que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los dieciocho años de edad. Consideran que “la naturaleza de los derechos que mencionan excede el interés de cada parte y al mismo tiempo, pone en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección, entendido como el de la sociedad en su conjunto y que, en tal sentido, los artículos 41, 42 y 43, párrafo segundo, de la Constitución Nacional brindan una pauta en la línea expuesta".

Respecto a la verosimilitud del derecho, manifestaron que “se puede encontrar el derecho a la vida de la persona por nacer en la mayoría de los diferentes instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, como por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948); la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) registrada en nuestro ordenamiento como Ley 23.054; la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) aprobada por Ley 23.849 con las reservas realizadas a favor de la vida desde la concepción. De los que realizan especificaciones sobre su contenido y en relación al derecho a la vida, a la autonomía, a la salud, derechos personalísimos y en relación a la persona, su derecho a que se respete su vida y, en general a partir del momento de su concepción”.

Sobre la inexistencia de otra vía rápida y eficaz, remarcaron que "los derechos y garantías Constitucionales que se ventilan en la presente causa, es el derecho a la vida, por lo cual no existe otra vía que la presente para garantizarlo, que sea práctica, efectiva y sin dilaciones".

Con relación al peligro en la demora, sostuvieron que "está determinado por el riesgo claramente palpable que generan los actos denunciados, los que llevan claramente a la muerte de uno, dos, tres, cien o miles de niños y niñas chaqueñas, ante la amenaza real cierta y concreta de la entrada en vigencia de la ley 27610, que favorecería el aborto libre contra los niños por nacer".

Sin analizar el punto concerniente a la legitimación activa, la jueza manifestó que “si bien pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre la misma”,  en alusión a la Constitución local, pactos internacionales y normativa vigente.

Además, la magistrada hizo mención a que el peligro en la demora se encuentra acreditado por la aplicación inmediata de una ley -la 27.610- que va en contra de “la protección al Derecho a la vida desde la concepción y en relación al niño por nacer, expresamente prevista en el art. 15 inc. 1 de la Constitución de la Provincia del Chaco”.

Y agregó que la “apariencia de buen derecho se manifiesta ante la simple lectura de las normas antes mencionadas”, en referencia al texto constitucional de la provincia de Chaco, de la Nación, pactos internacionales y a la ley de protección integral de la niñez N° 26.061.

Para la jueza, requiere de un mayor análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre la misma”, y determinó así acreditado el peligro de demora por la "aplicación inmediata" de la ley.

En este escenario, consideró que correspondía “receptar el pedido invocado y con relación a la Ley 27160”, a fin de “evitar resultados contradictorios en su aplicación, con afectación a quienes van dirigidas las mismas, hasta tanto recaiga sentencia en el juicio principal de amparo o trámite que corresponda por el mismo, o en su caso se acrediten nuevos elementos que determinen la necesidad de revisión de la cautela que se ordena”.

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Fuente: Erreius