Declaran inconstitucional detener a los que violan la cuarentena

Una jueza de garantías mendocina expone la prohibición expresa del Presidente de legislar en materia penal, incluso a través de un DNU.

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La Jueza de Garantías de Mendoza, Alejandra Mauricio, manifestó en dos fallos recientes que las personas que violen las medidas de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio, o la prohibición de circular no pueden ser sancionadas con penas de prisión.

En los fallos “F. c/ E.N.R.D. p/infracción art. 205 del C.P. en función del art. 4 del DNU 297/2020 y el art. 1 del DNU 408/2020, incumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio”; y “FC/ C.O.J.M. P/robo agravado por ser en poblado y en banda”, ordenó la liberación de personas que habían infringido las medidas de aislamiento y se encontraban detenidas por tener antecedentes penales.

Entre los diversos argumentos esgrimidos por la magistrada, expresó que la facultad del presidente de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia tiene sus límites, y uno de ellos es la prohibición de legislar en materia penal.

El art. 99 de la Constitución Nacional enumera las atribuciones del Poder Ejecutivo y en su inciso 3 le prohíbe, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos.

En tal sentido, no se desconoce la facultad del Presidente de la Nación para emitir DNU que restrinjan derechos y garantías en orden a una situación sanitaria excepcional como es la pandemia por COVID- 19; lo que se cuestiona como inconstitucional es que el incumplimiento de las restricciones genere una conducta delictiva tipificada en el Código Penal.

El principio de legalidad del art. 18 de nuestra Carta Magna, resulta contundente al expresar que las conductas que tipifiquen delito solo pueden tener su origen en una ley general de la Nación emitida por el Congreso Nacional de conformidad a los mecanismos constitucionales. De ninguna manera un DNU podrá apartarse de este mandato.

El Congreso de la Nación no puede, posteriormente, ratificar un decreto nulo de nulidad absoluta. En todo caso, podría emitir una ley que faculte al Presidente a declarar los períodos de cuarentena y establecer las restricciones, y decir que ese incumplimiento será del tipo penal del art. 205 y el 239. Pero tiene que ser una ley emitida a través de los mecanismos constitucionales, no una convalidación.

La jueza también cuestiona la aplicación de una sanción de carácter nacional (por incumplimiento del DNU 297/2020) y otra de carácter provincial (decreto provincial número 563/2020), puesto que resulta ilegal aplicar dos sanciones de diferente naturaleza a la inobservancia de restricciones de derechos y garantías por razones de salubridad que están reguladas en dos normativas emitidas por distintas autoridades. De validarse tal situación daría lugar a una doble imposición penal, circunstancia inadmisible en un Estado de Derecho.

 

Fuente: Erreius