Vigilancia del exterior de una vivienda mediante drones: ¿requiere autorización judicial?

En esta entrega de la revista Temas de Derecho Penal y Procesal Penal del mes de agosto de 2020, el Dr. Blanco realiza consideraciones sobre “vehículos aéreos no tripulados” -VANT- (conocidos coloquialmente como “drones”) y su uso por parte de las fuerzas de seguridad para vigilar a potenciales sospechosos.

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Es un hecho notorio, a estas alturas, que los vertiginosos avances tecnológicos registrados (especialmente) en las últimas dos décadas han generado, como nunca antes, la necesidad de emprender un replanteo del alcance y la interpretación de las garantías fundamentales tradicionalmente reconocidas a los ciudadanos (algunas de ellas, consagradas hace más de cien años, cuando algunos de esos avances eran inimaginables), a fin de salvaguardar su vigencia frente a la aparición de todo tipo de amenazas derivadas de la evolución tecnológica.

En tal contexto, la popularización de los “vehículos aéreos no tripulados” -VANT- (conocidos coloquialmente como “drones”) y su uso por parte de las fuerzas de seguridad para vigilar a potenciales sospechosos son solo uno de los tantos supuestos en los que se requiere dicho replanteo.

A pesar de ello, en nuestro medio ha surgido un precedente digno de ser analizado. Se trata del fallo dictado por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en un caso en el que confirmó la decisión de la jueza de grado de rechazar el pedido de allanamiento formulado por la policía provincial con base en la sospecha fundada en imágenes obtenidas mediante el uso (sin autorización judicial previa) de un dron para vigilar la vivienda del sospechoso.

En la Argentina no existen normas específicas sobre la cuestión ni tampoco precedentes vinculados con la vigilancia aérea que puedan ser tomados como referencia para dar sustento a una postura respecto de la legitimidad de la videovigilancia de inmuebles desde una aeronave o un dron.

En la resolución que aquí se analiza, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca tampoco intentó fijar una postura definitiva sobre la cuestión, limitándose a señalar que en atención a “las posibilidades de intromisiones ilegítimas en la privacidad de los ciudadanos que puede derivarse del uso de nuevas tecnologías, resulta importante recomendar un uso especialmente prudente y cuidadoso de esos elementos (como medios de investigación), procurando -de ser posible- una activa participación de los órganos judiciales y jurisdiccionales en la efectivización de las diligencias, a fin de garantizar una efectiva tutela de los derechos constitucionales (ello como regla y sin perjuicio de otras situaciones excepcionales donde motivos urgentes y de gravedad pudieran ameritar el accionar sin ese control judicial y jurisdiccional previo)”.

A mi modo de ver, parece evidente que la adopción de un criterio único -consistente en requerir siempre la previa autorización judicial- para todas las posibles variantes de vigilancia mediante VANT no constituye una solución adecuada para el conflicto potencial entre el derecho a la privacidad y el uso policial de drones.

Ello, desde que -para empezar- no puede afirmarse que en todos los casos en los que se recurre a esa clase de aeronaves para cumplir funciones de vigilancia se produzca una injerencia sustancial sobre la intimidad de los ciudadanos que justifique la exigencia de autorización judicial previa (por ejemplo, resulta evidente que la referida injerencia no se verifica en el supuesto descripto en el párrafo precedente, consistente en el empleo de drones para supervisar reuniones masivas en lugares públicos).

Por ende, es preciso evaluar en cada caso (como ocurre con cualquier otra modalidad de vigilancia estatal) si el modo en que dicho monitoreo se lleva a cabo redunda, o no, en una intrusión constitucionalmente relevante sobre la privacidad de las personas.

Este contenido, que forma parte de la Publicación Temas de Derecho Penal y Procesal Penal, dirigida por los doctores Mariano H. Borinsky y Daniel Schurjin Almenar, es exclusivo para suscriptores de Erreius. Podés ingresar al artículo completo haciendo clic acá.

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Fuente Erreius

Nota:

El Dr. Blanco es Abogado (UCA) y Secretario letrado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación