Las denuncias por violencia de género serán consideradas como una excepción al aislamiento

A través de la resolución 15/2020, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual estableció como excepción por fuerza mayor del aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado en el marco de la pandemia del COVID-19 a las denuncias penales que deban realizar las mujeres o personas LGTTBI solas o junto a sus hijos e hijas por violencia de género.

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El artículo 1 de la mencionada resolución (publicada el 5 de abril) establece: “De acuerdo al artículo 6, inciso 6 del Decreto N° 297 del 19 de marzo de 2020, serán considerados como supuestos de fuerza mayor, todas aquellas situaciones por las cuales las mujeres o personas LGTTBI solas o junto a sus hijos e hijas salgan de sus domicilios a los fines de realizar las pertinentes denuncias penales respecto de hechos de violencia o se dirijan a requerir auxilio, asistencia o protección en razón de la situación de violencia que se encuentren transitando”.

Mediante el Decreto 297/2020, el Poder Ejecutivo dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, a los fines de mitigar el impacto sanitario del COVID-19, y en el artículo 6 estableció una serie de excepciones a dicho aislamiento.

La ministra Elizabeth Gómez Alcorta indicó en los considerandos de la medida que “en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y la Ley N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, también se encuentra dentro de las obligaciones estatales garantizar el derecho a una vida libre de violencias en relación a las mujeres y a las personas LGTTBI”.

Y remarcó que dicho aislamiento social, preventivo y obligatorio puede en algunos supuestos aumentar los riesgos de este tipo de violencia, por lo que resulta imperativo aclarar que la situación establecida en el mencionado artículo 1 encuadra en los supuestos de fuerza mayor.

Además, indicó que “la justicia penal y de familia arbitró las medidas necesarias para que, a través de guardias pertinentes, puedan tomarse las denuncias por causas de violencia contras las mujeres y las personas LGTTBI solas o junto con sus hijos e hijas”.

Por lo que la ministra consideró “importante y pertinente el dictado de la resolución, puesto que colabora para que las Fuerzas de Seguridad conozcan que las mencionadas situaciones se corresponden a supuestos de fuerza mayor”.

Dentro de la temática de la protección de las víctimas que sufren violencia de género, el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, instruyó a las y los fiscales con competencia criminal y correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que “postulen la prórroga de todas las medidas preventivas para la protección de las víctimas, y sus entornos, en aquellas investigaciones en las que el objeto procesal involucre violencia de género”.

La instrucción general fue dictada mediante la Resolución (PGN) 29/2020 y sugiere que las medidas se extiendan hasta que "cesen las restricciones imperantes para la mitigación del coronavirus".

En ese sentido, Casal consideró necesario “fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia rápida mientras dure el aislamiento, de manera de asegurar la plena vigencia de las medidas de protección o cautelares -dictadas en el marco de procesos penales de violencia de género- cuya renovación pueda ser afectada por las dificultades que existen en razón de las circunstancias imperantes, en tanto no caben dudas de que el aislamiento constituye un obstáculo para el acceso a la justicia, más allá de su justificación en el paliamiento de la pandemia”.

La resolución recordó la reciente publicación de la Oficina Regional de la ONU Mujeres para las Américas y el Caribe “COVID-19 en América Latina y el Caribe: Cómo incorporar a las mujeres y a la igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis”, donde se señala que en los contextos de emergencia sanitaria aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y niñas, especialmente en contextos de violencia doméstica, por el aumento de tensiones en el hogar y el aislamiento de las mujeres.

También se mencionó que la citada Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (aprobada por ley 26.632), en su artículo 7, inciso d, obliga a los Estados a adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad, y en el inciso f, a establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección y el acceso efectivo a tales procedimientos.

Así, la resolución instruyó a las fiscalías nacionales a postular la prórroga de todas las medidas preventivas, salvo manifestación expresa contraria de la víctima, en cuyo caso se podrá solicitar la colaboración de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) y de su cuerpo interdisciplinario de profesionales.

Finalmente, recordó la plena vigencia de la “Guía de Actuación en casos de Violencia Doméstica contra las Mujeres”, aprobada mediante la Resolución (PGN) 1232/2017, que tiende a asegurar que la actuación del Ministerio Público Fiscal en casos de violencia doméstica contra las mujeres prevenga su revictimización y garantice el pleno goce de sus derechos.

Accedé a la Resolución 15/2020