Principales cambios propuestos por el Poder Ejecutivo en materia penal y de administración de Justicia

El presidente Alberto Fernández anunció una reforma judicial, con especial impacto en el fuero penal, durante su discurso ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el 138° período de sesiones ordinarias. Asimismo, anticipó que habrá un nuevo rol para los agentes de inteligencia y que pedirá desclasificar testimonios de la causa AMIA.

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Hubo anuncios también con incidencia en materia penal y administración de justicia y expuso sobre Derechos Humanos, aborígenes, migrantes y de género, que -si bien de un modo no tan predominante- también tienen vinculación con la materia penal.

A continuación, los temas más relevantes con opiniones de Daniel Schurjin Almenar y Mariano Borinsky, codirectores de la publicación Temas de Derecho Penal y Procesal Penal de Erreius.

Reforma de la Justicia Federal

Con miras a transparentar y mejorar el funcionamiento en la procuración y administración de justicia -especialmente en lo referido a los delitos contra la Administración Pública en los que incurran funcionarios del Estado Nacional-, se anunció que se impulsará un reordenamiento de la Justicia Federal.

Con tal propósito, se propiciará la creación de un nuevo Fuero Federal Penal, que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “que así logrará su plena autonomía”, dijo el mandatario.

Fernández criticó la concentración de causas en lo que llamó el “oligopolio de los jueces federales”, en referencia a los 12 juzgados con asiento en los tribunales de Comodoro Py.

De este modo, los delitos contra la función pública a los que incurran funcionarios del Estado Nacional dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados”, sentenció. “Estamos terminando para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos, la concentración de procesos que el oligopolio de jueces federales ha permitido”.

Aún no se conocen los detalles, pero se presume que podrían fusionarse los 12 juzgados federales con los más de 60 juzgados penales que tratan delitos ordinarios e incluso con los 11 del fuero Penal Económico.

Si bien tampoco se conocen detalles de esos puntos, esto podría implicar la transferencia total de los delitos ordinarios (como homicidios, estafas, robos y hurtos) de la Justicia Nacional a la porteña, que hasta ahora solo trata contravenciones y unos pocos delitos penales, como lesiones, amenazas y daños, entre otros.

“El anuncio tuvo una amplitud que impide conocer con certeza si esa unificación incluirá o no al fuero Penal Económico; más allá de la fusión del fuero Penal Federal con (al menos en parte) el ordinario”, indicó Schurjin Almenar.

Sistema acusatorio y crimen organizado

Se anunció la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio penal y el fortalecimiento de toda la actuación de la justicia federal penal en las zonas más críticas donde el crimen organizado ha logrado desarrollarse a través del narcotráfico; especialmente en la zona de influencia de Rosario y Santa Fe, donde se aumentará la actuación de jueces y fiscales.

En este punto, se impulsará la creación de una nueva sala y una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario para fortalecer el Ministerio Público Fiscal y la aplicación rápida del código acusatorio.

También se anunció la creación de nuevos cargos auxiliares fiscales y asistentes fiscales bajo la órbita de un fiscal coordinador de distrito. También se propondrá la creación de un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría federal en la ciudad de San Lorenzo, orientada a la investigación de la trata de personas, el lavado de dinero y el narcotráfico.

En cuanto al Código Procesal Penal Federal, Borinsky consideró que dicho “código acusatorio lleva a un equilibrio en la distribución del poder entre juez y fiscal, que necesariamente se complementará con la designación de fiscales auxiliares que ya están creados por ley. Solo falta su implementación”, enfatizó el codirector de la mencionada publicación de Erreius.

Sobre la redistribución territorial, el magistrado indicó que “es para lograr equilibrio en temas complejos como narcotráfico y crimen organizado que azota la zona como Rosario”.

Consejo para afianzar la administración de justicia en la República Argentina

Con el fin de suprimir las componendas entre el poder político y el Poder Judicial, más allá de cualquier signo partidario, se anunció que se conformará un Consejo para Afianzar la Administración de Justicia en la República Argentina.

Estará integrado por prestigiosas personalidades del mundo académico y judicial, y será un cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo para el impulso de otras transformaciones de fondo en el Poder Judicial.

Además, para evitar “onerosos” problemas de competencia, el Presidente anunció que buscará fusionar la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad, la que trata los conflictos entre el Estado y los particulares, y el fuero Civil y Comercial Federal porteño, donde se dirimen temas del derecho privado, como el derecho marítimo y aeronáutico, las prestaciones de salud o conflictos por marcas y patentes. La unificación derivaría en un fuero unificado con más de 20 juzgados de primera instancia.

Es una excelente oportunidad para discutir los temas en un comité que integre los estamentos académicos y que sea federal. De todas formas hay q esperar los proyectos de ley en concreto para ver de qué se trata”, explicó Mariano Borinsky.

Refuerzo institucional

El presidente también hizo hincapié en el denominado refuerzo institucional (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público), el juicio por jurados y la modernización del Código Penal.

En este ítem se anunció la necesidad de optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia; repensar el alcance del recurso extraordinario; mejorar el trabajo del Consejo de la Magistratura; instaurar el juicio por jurados cumpliendo el mandato constitucional; modernizar el Código Penal de la Nación y fortalecer el rol del Ministerio Público.

En este punto, Borinsky pidió que “la discrecionalidad judicial no reemplace a las normas del derecho”, y que dé previsibilidad y seguridad jurídica a la sociedad.

El magistrado, quien fue presidente de la comisión reformadora que presentó el proyecto en el Congreso a principios del año pasado, consideró que el mencionado objetivo será logrado mediante el proyecto de Código Penal moderno en el cual estuvo trabajando durante dos años. “Ya no habrá más doctrinas judiciales sino un único Código Penal que sistematizará las 900 leyes especiales acopiadas a lo largo de 100 años”, indicó.

Y destacó que “modernizar el Código Penal” es incorporar los nuevos delitos tecnológicos, violencia de género, terrorismo, crimen organizado, narcotráfico.

Al hablar de optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema, Borinsky explicó que “significa achicar los más de 20.000 expedientes que le llegan. Ocupará un rol central la Cámara de Casación como máxima instancia de la justicia penal federal”.

Interrupción voluntaria del embarazo (aborto)

Con mención de la falta de efectividad de la legislación vigente desde 1921 -mediante la cual la Argentina penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en la mayoría de las situaciones- se expuso que la jurisprudencia da cuenta de lo ineficaz que resulta la normativa desde un criterio preventivo (falta de disuasión hacia quienes abortan).

Por eso, se anunció la presentación por parte del PEN de un Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar.

Simultáneamente, se anunció que desde el PEN se lanzará un programa de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado; como así también el envío de un proyecto de ley que instaure el Plan de los 1000 días, para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida.

Agencia Federal de Inteligencia (AFI)

Con el antecedente de la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) sobre la Agencia Federal de Inteligencia y el control público de su administración por parte de la SIGEN, se avanzará en la construcción de consensos para un nuevo diseño del Sistema de Inteligencia Nacional.

Esta semana el PEN dictará un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifique la Ley de Inteligencia, impidiendo a los organismos de inteligencia realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia. No habrá excepción alguna que quiebre esa resolución, agregó el Presidente.

Cabría pensar si a expensas una restricción semejante podría poner en jaque -retroactivamente- la validez de aquellas pruebas judiciales basadas en tal clase de actividades”, consideró Schurjin.

Por otro lado, el mandatario consideró que se terminó “con el oscurantismo que imperó en estos años. Pusimos fin a la norma que tornó severo al financiamiento del organismo. Ahora, como consecuencia de esas medidas, más del 90% del dinero que el gobierno anterior había declarado como fondos reservados se han transparentando y vuelto a hacer públicos”.

Causa AMIA

A veintiséis años del atentado a la AMIA, el Presidente anunció que se ordenará a la Agencia Federal de Investigaciones desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo. Lo mismo se hará con toda documentación reservada que exista en el organismo sobre el tema.

Derechos Humanos

Se anunció que se recobrará el rol activo del Estado en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, en procura de asegurar con celeridad el papel que históricamente le correspondió al Estado en cuanto responsable de las políticas públicas que garanticen el proceso de memoria, verdad y justicia.

Pueblos originarios y migrantes

El Presidente también señaló que se trabajará para fortalecer el rol de sujetos de derechos de los pueblos originarios y de las comunidades de migrantes, “como históricamente ha sido y tal como lo establece nuestra legislación”.

Junto con las organizaciones y las comunidades se desarrollarán estrategias que terminen con la mirada estigmatizante, la acción persecutoria y los discursos de odio.

Género

Se seguirá adelante con la implementación y cumplimiento efectivo de la Ley Micaela para la formación y capacitación del sector público en materia de género y violencias por razones de género, incluyendo la capacitación del presidente de la Nación y altas autoridades del Poder Ejecutivo.

También se lanzará el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por razones de Género 2020-2021 y se relanzará la Línea Nacional 144 para la atención, contención y asesoramiento telefónico a personas que atraviesen situaciones de violencia por razones de género.

Por último, indicó que se enviará el proyecto de Ley para la ratificación del Convenio N° 190 sobre Violencia y Acoso en el mundo del Trabajo.