Adelanto digital: Temas de Derecho Penal y Procesal Penal - Octubre 2019

En la reciente edición de Temas de Derecho Penal y Procesal Penal online se analizan la criminalidad económica y las novedosas herramientas para su abordaje; la tutela penal del medio ambiente; el acoso callejero y un debate sobre el espacio público y la seguridad; y la suspensión del juicio a prueba junto a criterios uniformadores.

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La edición de octubre de 2019 de la publicación Temas de Derecho Penal y Procesal Penal, dirigida por los Dres. Mariano H. Borinsky y Daniel Schurjin Almenar, presenta algunos de los siguientes temas:

Nuevos instrumentos penales en la lucha contra la criminalidad económica - Por: Mariano Hernán Borinsky y Juan Ignacio Pascual

Los Dres. Borinsky y Pascual estudian en el presente trabajo la criminalidad organizada, la cual implica una distribución de competencias en la organización empresaria, y es aquí donde se diferencia la persona física de la jurídica. A su vez, tienen en cuenta diversos ámbitos delictivos, como los delitos contra el medio ambiente, los delitos relativos a la seguridad del trabajo, el delito de lavado de activos o los delitos societarios que están condicionados por las características del derecho penal de la empresa.

A su vez, los autores desarrollan la figura clave del colaborador eficaz, ya que es una herramienta sustancial en el descubrimiento del delito, el desmantelamiento de las organizaciones criminales y el recupero de los bienes en favor del Estado. El  “arrepentido” es la persona que colabora con la justicia, brindando información acerca de aquellos delitos de los que ha participado o no, a cambio de beneficios procesales, con el fin de esclarecer un hecho delictivo o individualizar sus autores o partícipes, prevenir su consumación o detectar hechos conexos.

El trabajo explica igualmente las propuestas del proyecto de reforma del Código Penal con respecto a los delitos de corrupción. La Comisión Reformadora amplió la jurisdicción universal  para aquellos delitos en que así sea previsto en los tratados en que la Argentina es parte. A su vez, se establecieron las adecuaciones a los montos de las penas de multa, diferenciando si se trata de una persona física o jurídica.  

La tutela penal del medio ambiente - Por: Agustín Pablo Sarquis

El artículo de autoría del Dr. Sarquis plantea los cambios que atraviesa la conciencia a nivel global sobre el cuidado del medio ambiente. Explica cómo comenzó a hablarse sobre políticas contra el cambio climático. Es por ello que hace mención a la Cumbre de Estocolmo, que fue la primera reunión desarrollada en el marco de la ONU, por lo que marcó un punto de inflexión en la cooperación internacional a la hora de aunar esfuerzos para desarrollar políticas conjuntas.

Además, aborda el bien jurídico desde el lugar que la Constitución Nacional le otorga. La reforma de 1994 implicó, en materia de derechos humanos, la incorporación de un nuevo capítulo en la primera parte del cuerpo, denominado “Nuevos derechos y garantías”, en el cual se consagra el derecho al ambiente como un derecho humano fundamental (art. 41). A su vez, se incorporaron tratados internacionales con jerarquía constitucional a través del art. 75, inc. 22.

El autor sostiene que el sistema represor del medio ambiente se encuentra integrado en su gran mayoría por contravenciones y/o infracciones. También considera que en los delitos medioambientales se usa la técnica legislativa de las leyes penales en blanco. Finalmente, explica las modificaciones que plantea la reforma del Proyecto del Código Penal.

Aproximaciones entre mujer, espacio público y seguridad: el debate en torno al acoso callejero - Por: Natalia Martínez y Analía V. Ploskenos

En el presente artículo, las Dras. Martínez y Ploskenos analizan la reciente modificación de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que introdujo, como inc. g) del artículo 6°, una nueva modalidad de violencia contra las mujeres en el espacio público, representada en la figura del acoso callejero.

Las autoras contextualizan el tema mediante el estudio del vínculo entre mujer, seguridad y espacio público. A su vez, consideran que las desigualdades de hombres y mujeres, constructoras del orden social, determinan que las violencias ocurridas en ámbitos públicos sean performadoras de las desigualdades de poder entre los diversos géneros. Es por ello que les parece fundamental poner en crisis conceptos tales como “orden público”, “seguridad urbana”, “seguridad ciudadana”, ya que adoptan tradicionalmente una mirada masculina y androcéntrica en lo que respecta a la creación y gestión de leyes en materia de seguridad, en la formación y dotación de personal de cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, en el sostenimiento de instituciones securitarias y, en lo que aquí especialmente interesa, en el diseño urbano de planificación y uso del espacio público.

La probation. Necesidad de uniformar su aplicación - Por: Héctor Guillermo Vidal Albarracín

El Dr. Vidal Albarracín realiza un profundo estudio sobre la suspensión del juicio a prueba o probation, regulado en los artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater del Código Penal, que consiste en la suspensión del proceso penal, sometiendo al imputado a un régimen de vigilancia personal. Esa modalidad es un procedimiento alternativo para la solución de conflictos, y es por ello que requiere un régimen especial.

Además, el artículo analiza el fallo R., N. B. s/recurso de casación, dictado por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, el 22 de abril pasado. Con base en él, el autor explica que las consideraciones de las partes sobre el instituto -si bien referido al delito de contrabando- no guardan relación y llegan a confundir sobre su alcance. 

A su vez, hace hincapié en que el art. 76 bis, primer párrafo, del Código Penal, establece que la imputación debe ser de un delito reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años. En el caso del delito de contrabando, aun en su modalidad simple, es castigado con una pena de prisión de ocho años, por lo que excede dicho tope punitivo.

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Fuente: Erreius