Presentan proyecto para agilizar los procesos de restitución de propiedades ocupadas ilegalmente

El impulsor del proyecto indicó que "exigir el cumplimiento del ejercicio del derecho a la vivienda no puede ser “por mano propia” sino que se requiere de una política gubernamental que la reglamente equitativamente". Lee la nota y enterate más.

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El diputado radical Juan Martín, acompañado por una treintena de sus pares de Juntos Por el Cambio, presentó un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) y el Código Procesal Penal Federal (CPPF) a los fines de agilizar el procedimiento de reintegro inmediato de propiedades ocupadas ilegalmente.

 

Las modificaciones propuestas

Puntualmente el legislador santafesino propone agregar un párrafo al artículo 238 bis del CPPN, que, en la actualidad, está redactado de la siguiente manera:

“En las causas por infracción al artículo 181 del Código Penal, en cualquier estado del proceso y aun sin dictado de auto de procesamiento, el juez, a pedido del damnificado, podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado por el damnificado fuere verosímil”.

El proyecto busca agregar el siguiente párrafo: “La resolución deberá ser resuelta dentro un plazo no mayor de los cinco días hábiles y tramitará mediante incidente por separado. La resolución que disponga la inmediata restitución de la posesión o tenencia del inmueble podrá ser apelada en el plazo de tres días, sin efecto suspensivo”.

También pretende incorporar el artículo 219 bis al Código Procesal Penal Federal sobre reintegro de inmuebles.

De acuerdo al proyecto, en caso de aprobarse, el artículo quedará redactado de la siguiente manera: “En las causas por infracción al artículo 181 del Código Penal, en cualquier estado del proceso y aun sin auto de remisión a juicio, el juez de Garantía, a pedido del Fiscal y/o por el damnificado, podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado por el damnificado fuere verosímil. Se podrá fijar una caución si se considerara necesario".

El mencionado artículo 181 del Código Penal está ubicado en el capítulo VI del Título Delitos contra la Propiedad, que reprime con prisión de seis meses a tres años a:

1) el que, por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes;

2) el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo;

3) el que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble.

 

 

Fundamentos

El impulsor del proyecto indicó que “el número de denuncias por ocupación de inmuebles en todo el país creció particularmente en los últimos años y no hay respuestas eficientes por parte de las autoridades, que por momentos consienten y apañan esta actitud delictiva”.

“Este accionar constante y deliberado contra la propiedad privada individual requiere la elaboración de instrumentos procesales ágiles, que piensen en garantizar una justicia temprana que repare el accionar de los usurpadores con el restablecimiento inmediato del derecho de posesión y tenencia del bien apropiado, desalentando de esta forma las tomas ilegales”, añadió el legislador en sus fundamentos.

Luego remarcó que “el déficit habitacional real y objetivo no puede ser resuelto a expensas de los derechos de otros habitantes (como el de propiedad privada, también garantizado constitucionalmente), siendo su solución competencia de otras áreas y organismos del Estado. Y en última instancia, la ausencia o ineficacia de políticas públicas para resolver el déficit habitacional, no habilita a los particulares a que tomen por vías de hecho la propiedad inmueble estatal o de terceros”.

En esa línea, agregó: “Nada justifica que las personas usurpen terrenos ni inmuebles. No se justifica en los casos en que se trate de terrenos privados, pero tampoco puede tolerarse en el caso de que los terrenos que se usurpen sean propiedad del Estado, puesto que la forma de exigir el cumplimiento del ejercicio del derecho a la vivienda no puede ser “por mano propia” sino que se requiere de una política gubernamental que la reglamente equitativamente, considerando todos las prerrogativas e intereses en juego”.

Por último, el diputado Martín sostuvo que “resulta paradójico que titulares registrales de inmuebles deban emprender un litigio de desalojo contra los ocupantes ilegales y someterse a las acciones dilatorias y a los tiempos de un juicio ordinario para recuperar algo que le es propio y cuya titularidad surge de manera evidente de la documentación que acredita su propiedad”.

 

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Fuente: Erreius