Presentan anteproyecto para incorporar el delito de adopción ilegal al Código Penal

El anteproyecto prevé incorporar tres figuras penales que sancionan la compra y venta de menores e incorpora la adopción irregular al Código Penal, a los fines de adecuar la legislación nacional a los tratados internacionales.

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El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos especializados le entregaron al presidente de la Nación, Alberto Fernández, un anteproyecto de ley que incorpora al Código Penal los delitos de compra-venta de menores y la adopción ilegal.

En concreto, el anteproyecto prevé incorporar tres figuras penales que sancionan la compra y venta de menores e incorpora la adopción irregular de menores al Código Penal, a los fines de adecuar la legislación nacional a los tratados internacionales y dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a la Argentina en el caso “Fornerón e hija” en el año 2012.

De acuerdo a lo informado, alcanza a todos los actores que participan de la secuencia del delito, incluidos los promotores, facilitadores e intermediarios.

 

Otros puntos destacados

El texto establece, además, la competencia de la justicia federal para estos delitos debido al carácter interprovincial de los mismos, e incorpora previsiones referidas a la prescripción de los delitos.

Para la calificación legal y la cuantificación de la pena, se tuvo especial consideración a las observaciones realizadas por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, quien requirió hacer una correcta demarcación para que la iniciativa no colisione con las conductas previstas por el art. 146 del Código Penal, permitiendo la impunidad o la reducción de la pena de los apropiadores de niños durante la última dictadura militar.

El proyecto es el resultado del trabajo conjunto realizado en el marco de la mesa de trabajo constituida a mediados de 2021 por la secretaría de DDHH del Ministerio de Justicia y el Observatorio de DDHH del Senado, en la participaron en la elaboración del anteproyecto de Ley Leonardo Fornerón; las comisiones de legislación penal de ambas Cámaras del Congreso, presididas por el senador Oscar Parrilli y la diputada Carolina Gaillard; el Comité Consultivo del Registro de Adoptantes; UNICEF; Abuelas de Plaza de Mayo; el Ministerio Público; la Defensora de los niños, niñas y adolescentes y la SENNAF.

La aprobación del proyecto sumaría a la Argentina a la lista de países que tipifican expresamente la adopción ilegal como Brasil, Paraguay, Chile, Colombia, El Salvador, Cuba, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Bolivia, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Alemania, Francia, España, Ucrania y Portugal.

 

El fallo Fornerón

En el caso, la niña entró en guarda judicial y posterior adopción, sin contar con el consentimiento de su padre biológico, Leonardo Fornerón, ni establecimiento de un régimen de visitas, ni una investigación penal efectiva sobre la supuesta “venta” de la niña al matrimonio de guarda, lo que llevó al actor a presentar una demanda contra el Estado argentino ante la CIDH.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en julio de 2010, resaltó que los niños tienen el derecho a vivir con su familia biológica; el derecho de un padre o una madre a vivir junto a su hijo o su hija es un elemento fundamental de la vida familiar, y las medidas internas que lo impiden constituyen una injerencia en el derecho protegido por el artículo 17 de la Convención.

Y le realizó una serie de recomendaciones al Estado argentino, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las mismas.

Luego de vencido el plazo de una prórroga solicitada por Argentina, en noviembre de ese mismo año, la Comisión sometió el caso a la Corte IDH, solicitando se concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado argentino.

En la sentencia “Fornerón”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que Argentina fue responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la protección a la familia del señor Fornerón y de su hija.

Además, le requirió al Estado argentino que adopte la legislación penal necesaria para que la adopción ilegal o la venta de niños y niñas "constituya una infracción penal, de conformidad con los estándares internacionales".

 

 

Fuente: Erreius