Análisis de las cuestiones de género para revelar el carácter sistémico de la discriminación contra la mujer

En este trabajo, la Dra. María L. Ciolli hace un recorrido por diversos temas vinculados a las cuestiones de género y perspectiva de género, desde conceptos hasta la comprensión sobre la importancia que tiene contar con una formación continua y sostenida en el tiempo para lograr la igualdad real entre las personas en clave de derechos humanos, constitucionales y convencionales.

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Por MARÍA L. CIOLLI (1)

I - INTRODUCCIÓN

Hablar del alcance e importancia que reviste la expresión “género” sin determinar su marco o contexto de estudio y análisis nos llevaría a escribir muchas páginas que, seguramente, no agotarían debidamente el tema. Por esta razón, el contenido del presente trabajo se ajustará a la importancia que reviste el análisis de género para revelar el carácter sistémico de la discriminación contra la mujer en la Argentina.

Para ello, haremos un recorrido por diversos temas vinculados entre sí, desde conceptos hasta la comprensión sobre la importancia que tiene contar con una formación continua y sostenida en el tiempo de cuestiones de género y perspectiva de género para lograr la igualdad real entre las personas en clave de derechos humanos, constitucionales y convencionales.

II - PERSPECTIVA DE GÉNERO: NORMATIVA. OBLIGACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Reconocemos la existencia de un abanico legislativo relevante y completo que va desde Convenciones Internacionales con jerarquía constitucional hasta legislación local, que responde de manera adecuada a las cuestiones de género. Pero, no es suficiente contar con robusta y profusa legislación si a la hora de juzgar se desconoce su existencia o simplemente se ignora, o bien, se la tiene en cuenta únicamente para cuestiones vinculadas a violencia doméstica y violencia de género. La perspectiva de género atraviesa transversalmente diversos ámbitos de actuación, tanto en la esfera pública como en la privada.

La mirada de género que cada individuo debe tener para analizar y resolver las cuestiones de relación entre las personas no es de aplicación exclusiva del personal del Poder Judicial, sino que es competencia y obligación de cada persona integrante de los tres Poderes del Estado. Por tal razón, la ley nacional 27499, conocida como Ley Micaela es de capacitación obligatoria en los temas sobre “género” y “violencia” contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos los niveles y jerarquías de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. El objetivo es revertir situaciones de discriminación y violencia hacia la mujer y deconstruir parámetros patriarcales al diseñar un sistema de educación y enseñanza para que se reconozcan las desigualdades existentes entre los sexos y, de esta manera, transformar la realidad a través de la información, sensibilización y aprendizaje de las necesidades que la vulnerabilidad de las mujeres reclama.

La igualdad de género debe dirimirse también a través de políticas públicas y no únicamente en las respuestas del Poder Judicial. El gender mainstreaming implica una ampliación de las políticas públicas de igualdad de oportunidades, que supone salir del aislamiento de las políticas focalizadas y extender la mirada a todos los campos abarcando a los actores del Estado.

III - GÉNERO E IGUALDAD: RELACIONES, VALOR Y TRASCENDENCIA DE LOS TÉRMINOS

Varias definiciones podemos encontrar en doctrina acerca del alcance de la expresión “género”, pero hay una en particular que compartimos por su contenido y alcance.

Género es el resultado de un proceso de construcción social mediante el cual se adjudican simbólicamente las expectativas y los valores que cada cultura atribuye a varones y mujeres. Fruto de este aprendizaje cultural de signo machista, unos y otros exhiben los roles e identidades que le han sido asignados bajo la etiqueta del género.

La igualdad que respalda la perspectiva de género no significa igualar las mujeres a los hombres, sino otorgar la misma consideración en el reconocimiento de sus diferencias. Así en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, convención de aplicación universal y con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22), establece en su artículo 1:

A los efectos de la presente Convención, la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

A pesar de los avances legislativos la discriminación contra la mujer continúa, por eso, la necesidad de las capacitaciones en género o desigualdad estructural ya que crecimos con estereotipos que consideramos verdades inalterables, y es necesario conocer, poner a la luz los roles, funciones asignadas de las personas, varones y mujeres, que natural, cultural e históricamente han sido dados a unos y otros; hasta la utilización de algunos vocablos necesitamos visibilizar por el impacto que causan. Respecto a esto último, nos lleva a la reflexión el mensaje que tienen algunas palabras, por ejemplo: “perro/perra”; “aventurero/aventurera”; “suegro/suegra”; “hombre público/mujer pública”. Podemos decir que son términos o expresiones impregnadas de estereotipos y prejuicios con alarmantes signos y/o impacto negativo y de subordinación hacia las mujeres. Es necesario que reflexionemos respecto del uso del lenguaje, este es comunicación y también educa, forma y deforma. Estamos en proceso de cambio hacia la igualdad de todas las personas en clave de derechos humanos y este tema revela la necesidad de su abordaje más profundo.

IV - ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Siguiendo la línea de lo expresado en párrafos anteriores, no podemos dejar de definir o delimitar el alcance que reviste el término “estereotipo de género”: es una preconcepción de atributos, de conductas o características poseídas, o papeles, que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres, respectivamente, y que es posible asociar a la subordinación de las mujeres. En este sentido, su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales.

Los estereotipos son elementos cognitivos irracionales que vemos como verdades absolutas. Son una imagen o guión ordenado que determina cómo debemos ser en vez de reconocer como somos, cercenando la capacidad de las personas para construir y tomar decisiones sobre sus propios proyectos de vida. Se transmiten mediante la educación social, a través del aprendizaje social, pero una vez que traspasan nuestro tejido perspectivo, ya no tenemos conciencia de ellos, se “encarnan” en nosotros y no los diferenciamos de nuestra propia forma de pensar.

El análisis de la expresión “estereotipo de género” hace que reflexionemos y trabajemos estos temas a fin de desnaturalizar conductas, procederes con un marcado tinte de discriminación en un contexto de desigualdad estructural que nos dificulta visibilizar y deconstruir conductas arraigadas y naturalizadas.

V - EVOLUCIÓN DE LAS CUESTIONES DE GÉNERO EN EL ÁMBITO CIVIL Y PENAL(6)

Nuestra sociedad viene formada por un Código Civil (1869) en el que Vélez definió a las mujeres como sujetos con incapacidad de hecho relativa [art. 55, inc. 2)]. El marido tenía un conjunto de poderes sobre la persona y los bienes de la mujer. De esta manera, el cónyuge varón está facultado para representar legalmente a la mujer y la familia [art. 57, inc. 4)], administrar el patrimonio o bienes de la sociedad conyugal, ejercer con exclusividad la patria potestad sobre los hijos y establecer el domicilio legal de la familia.

En el año 1926, se dicta la ley 11357, primera modificación al Código Civil en materia de reconocimiento de los derechos civiles de las mujeres, solo algunos aspectos acotados atento a la prevalencia e importancia del lugar que ocupan en lo doméstico y función maternal, crianza y educación de los hijos. En función de la formación moral de los niños, las mujeres solo podían trabajar, previa venia del marido, en trabajos lícitos y honestos. La honestidad es un atributo explícitamente consagrado en la ley 11357 [art. 3, inc. 2)].

En el año 1948, tiene lugar el sufragio femenino.

En el año 1968, con el dictado de la ley 17711, las mujeres son consideradas sujetos con capacidad jurídica plena. Se modifican varios artículos. Se legisla, entre otros aspectos, sobre el régimen de administración separada de los bienes dentro del matrimonio. Cada cónyuge adquiere así plena facultad para administrar y disponer de sus bienes propios y de los gananciales adquiridos. De la sanción de la capacidad civil plena no debe seguirse que se establece un régimen de igualdad entre los sexos. La ley 17711 no deroga la facultad exclusiva del marido para fijar el domicilio conyugal ni la facultad exclusiva del padre para ejercer la patria potestad sobre los hijos del matrimonio y sobre el nombre de la esposa y los hijos. En 1969, además, por ley 18248, se dispone que las mujeres casadas quedan obligadas a usar el apellido del marido seguido con la preposición “de”. Esa preposición denota posesión, fuerte realmente a la luz de nuestros días.

En 1983 se ratifica la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer aprobada por la ONU en 1979 (L. 23179, 3/6/1985). En 1984, se modifica el régimen de patria potestad y de filiación; se establece el ejercicio conjunto de la patria potestad sobre los hijos menores; se igualan los derechos de los hijos matrimoniales y los nacidos fuera del matrimonio; se otorga a las mujeres el derecho de participar en la administración de los bienes de los hijos menores y se legisla sobre el divorcio vincular (1987); se establece la elección conjunta del domicilio conyugal; y se vuelve optativo para las mujeres llevar el apellido del marido seguido de la preposición “de”.

A pesar de que es optativo el uso del apellido del marido seguido de la preposición “de”, su uso por motivos de costumbre y por razones culturales y sociales continúa utilizándose hasta no hace mucho tiempo atrás. Quizá, la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación y su implementación más los cambios a los que la sociedad va adaptándose colabore para modificar los patrones socioculturales tan arraigados en nuestra sociedad.

Si bien estas modificaciones son importantes, el reconocimiento de los derechos de las mujeres e igualdad entre estas y los varones no es real. Vigente la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (L. 23178, 1985), instrumento que elabora por primera vez qué debe entenderse por discriminación contra la mujer, previsto en el artículo 1, y los artículos 4 y 5 -inc. a)-, entre otros, y establecen, respectivamente:

Art. 4 - “La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”.

Art. 5 - Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.

A pesar de la existencia de la Convención mencionada y considerando los artículos transcriptos, la figura del “adulterio”, prevista en el artículo 118 del Código Penal de 1921, se configura de manera distinta si el hecho es cometido por una mujer que por un varón. Así, basta una sola relación sexual de la mujer con un varón ajeno al matrimonio para que se configure el adulterio y pueda ser condenada hasta un año de prisión; en cambio, el varón, ante la misma situación no es condenado salvo que mantenga otra familia (manceba) para que se configure el adulterio. La figura del adulterio del artículo 118 fue derogada recién en 1995. Para pensar…

A partir de 2010 tiene lugar la ley 26618 sobre matrimonio igualitario y en 2012, la ley de identidad de género, ley 26743. Ambas legislaciones están tranversalizadas en el Código Civil y Comercial de la Nación, modificado por la ley 26994 del 2014, actualmente en vigencia.

La evolución en el reconocimiento de los derechos de las mujeres se hace lentamente dentro de una sociedad fuertemente patriarcal. Los avances son importantes, pero no basta solo con reconocerlos en las leyes, sino que lo importante y necesario es que esos derechos y reconocimie nto se materialicen en los hechos.

Por eso son importantes los talleres sobre perspectiva de género, ya que es la manera de poder comprender a través de ejercicios, reflexiones, qué conductas, comportamientos, pensamientos, en fin, qué estereotipos propios y los que natural, histórica y culturalmente están incorporados en nuestras mentes para poder erradicarlos y pensar y mirar con ojos distintos para alcanzar la igualdad real entre las personas.

Es necesario trabajar con el tema “masculinidades”, hay que repensar qué significa masculino, abordar este tema es relevante, ya que se vincula con la desigualdad estructural. Luciano Fabbri, en entrevista realizada en el Diario La Nación: “A los varones nos crían para pensar que podemos disponer de las mujeres”, expresa que ser reconocido como un sujeto masculino, o ser asignado como varón en esta sociedad en particular está asociado a ocupar posiciones de jerarquía. Es necesario revisar las masculinidades para poder construir vínculos más justos y equitativos.

VI - PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO JUDICIAL

Desde al ámbito de la judicatura, juzgar con perspectiva de género puede definirse como una metodología de análisis de la cuestión litigiosa, que debe desplegarse en aquellos casos en los que se involucren relaciones de poder asimétricas o patrones estereotípicos de género y exige la integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, en la búsqueda de soluciones equitativas ante situaciones desiguales de género. La transversalización se consolida así como una herramienta novedosa de transformación social, para garantizar la efectiva salvaguardia de los derechos de las mujeres ante la necesidad impostergable de reconocer la diversidad de género, tanto en la interpretación como en la aplicación de los estándares internacionales de género, compromisos internacionales asumidos por nuestro país.

Hasta aquí nos hemos acercado al concepto desde un punto de vista literal, finalista y hasta metodológico, pero cabría cuestionarse si ello es una opción dependiente de la mayor o menor sensibilidad del juez o la jueza ante las desigualdades o, por el contrario, existe una obligación normativa y vinculante.

Incorporar la perspectiva de género en la función judicial responde a una obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas, de poder, es decir que implica “hacer realidad el derecho a la igualdad en la práctica”, alcanzar la tan mentada igualdad real.

VII - PALABRAS FINALES

Trabajar sobre el alcance que reviste la expresión “género”, comprendiendo su significado y visibilizando las conductas y comportamientos que aún imperan en nuestra sociedad es la manera de ir deconstruyendo caminos fuertemente impregnados de connotación patriarcal. El análisis de género nos permite revelar el carácter sistémico de la discriminación contra la mujer en la Argentina. El estudio sobre el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la sociedad argentina, desde la sanción del Código Civil hasta nuestros días no es más que un ejemplo de lo que abordamos en este trabajo. Tenemos que conocer de dónde venimos para comprender la dificultad que nos genera el deconstruir comportamientos, conductas y pensamientos patriarcales. A ello se suma la necesidad de trabajar con “masculinidades” para que la deconstrucción sea integral.

Contar con una legislación completa e importante como la nuestra es necesario, pero no es suficiente. Al conjunto de normas jurídicas hay que acompañarlas con hechos, por eso la necesidad de formar a cada persona en género para comprender la importancia que tiene materializar las leyes en la realidad.

Abordar el tema de masculinidades como cumplir con lo previsto en la Ley Micaela son aportes interesantes que debemos sostener en el tiempo para que la igualdad real entre las personas deje de ser una aspiración reconocida solamente en las leyes, y podamos ejercerla en nuestros vínculos y relaciones entre personas. De esta manera, podremos afirmar que la igualdad real deja de ser una aspiración, un deseo para convertirse en una realidad. Solo así podremos cumplir debidamente con los compromisos internacionales y nacionales oportunamente suscriptos y ratificados. 

Notas:

(1) Abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, 1996. Especialista en Derecho de Familia por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Rosario, 2005. Posgrado en Administración de Sistemas Judiciales de Gestión, 2012. Diplomada en Derechos Humanos de la Mujer, dictado online en Whetu, certificado por la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, 2019. Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, Università di Bologna, Italia. Docente en la Diplomatura de Violencia Doméstica, de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán, 2019. Docente universitaria y funcionaria judicial del Poder Judicial de Tucumán.

Este contenido forma parte de la Publicación Temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética, dirigida por el Dr. Jorge C. Berbere Delgado. Si aún no sos suscripctor, accedé ahora mismo a todas las prestaciones y servicios haciendo clic acá.