La intervención del Grupo Vicentín: análisis del decreto 522/2020

La Dra. Marina Crespín analiza si la expropiación de Vicentín será una forma de proteger a una empresa de capital nacional frente a posibles compras por parte de grupos extranjeros, o si, por el contrario, será otra de las aventuras en las que el Estado argentino se entromete. Accedé a un completo análisis de la expropiación, elementos y principales características.

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MARINA CRESPÍN(*)

I.- INTRODUCCIÓN

El presidente, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 522/2020 (publicado en el Boletín Oficial en día 9/6/2020), dispuso la intervención de la firma cerealera Vicentín por un plazo de 60 días con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de dicha empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio.

El presidente en conferencia de prensa anunció que se trata de una compañía  "estratégica y clave para la soberanía y el control sobre la producción de alimentos".

Si bien Vicentín es líder en la exportación de harina y aceite de soja, participando en todas las fases, desde el acopio de granos hasta la operatoria portuaria, posee una importante deuda financiera de u$s 350 millones con el Banco Nación, y miles de puestos de trabajo se encuentran en riesgo.

Es cierto que en este contexto de pandemia global, el desempleo es uno de los principales temores del gobierno, y el mantenimiento de las fuentes de trabajo constituye una política de Estado que podría llegar a justificar las expropiaciones, pero por otro lado, cabe preguntarse si la intervención dispuesta es la medida acertada, pues frente a los problemas de deuda, puede optarse por el procedimiento de concurso preventivo, sin necesidad de recurrir a la intromisión política. De hecho, la empresa se encuentra actualmente concursada, tramitando la causa en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 2da Nominación de la Ciudad de Reconquista de la Provincia de Santa Fe.

Asimismo, el presidente anunció que se presentará en el Congreso el respectivo proyecto de expropiación. En el siguiente punto repasaremos algunos conceptos a fin de entender correctamente el problema que aquí se plantea.

II.- EL INSTITUTO DE LA EXPROPIACIÓN

Utilidad pública

La utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual.

Nos preguntamos cuál sería la utilidad pública en este caso. ¿Servirá la expropiación de Vicentín para presionar al resto de las empresas a liquidar exportaciones de granos  cuando el tipo de cambio no resulta favorable?

Sujetos de la relación expropiatoria

- Legitimación activa

Pueden actuar como expropiante el Estado Nacional; también podrán actuar como tales la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las entidades autárquicas nacionales, y las empresas del Estado Nacional, en tanto estén expresamente facultadas para ello por sus respectivas leyes orgánicas o por leyes especiales.

Los particulares, sean personas de existencia visible o jurídicas, podrán actuar como expropiantes cuando estuvieren autorizados por la ley o por acto administrativo fundado en ley.

- Legitimación pasiva

La acción expropiatoria se puede promoverse contra cualquier clase de personas, de carácter público o privado.

Objeto expropiable

Pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la utilidad pública, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no.

Si bien la expropiación debe referirse específicamente a bienes determinados, también puede referirse genéricamente a los bienes que sean necesarios para la construcción de una obra o la ejecución de un plan o proyecto; en tal caso la declaración de utilidad pública se hará en base a informes técnicos referidos a planos descriptivos, análisis de costos u otros elementos que fundamenten los planes y programas a concretarse mediante la expropiación de los bienes de que se trate, debiendo surgir la directa vinculación o conexión de los bienes a expropiar con la obra, plan o proyecto a realizar. En caso de que la declaración genérica de utilidad pública se refiriese a inmuebles, deberán determinarse, además, las distintas zonas de modo que a falta de individualización de cada propiedad queden especificadas las áreas afectadas por la expresada declaración.

Es susceptible de expropiación el subsuelo con independencia de la propiedad del suelo.

Son susceptibles de expropiación los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal.

La declaración de utilidad pública podrá comprender no solamente los bienes que sean necesarios para lograr tal finalidad, sino también todos aquellos cuya razonable utilización en base a planos y proyectos específicos convenga material o financieramente a ese efecto, de modo que se justifique que las ventajas estimadas serán utilizadas concretamente en la ejecución del programa que motivó la declaración de utilidad pública.

Expropiación parcial e irregular

Si se tratase de la expropiación parcial de un inmueble y la parte que quedase sin expropiar fuere inadecuada para un uso o explotación racional, el expropiado podrá exigir la expropiación de la totalidad del inmueble.

Cuando la expropiación de un inmueble incida sobre otros con los que constituye una unidad orgánica, el o los propietarios de estos últimos estarán habilitados para accionar por expropiación irregular si se afectare su estructura arquitectónica, su aptitud funcional o de algún modo resultare lesionado el derecho de propiedad.

Indemnización

La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse. No se pagará lucro cesante. Integrarán la indemnización el importe que correspondiere por depreciación de la moneda y el de los respectivos intereses.

No se indemnizarán las mejoras realizadas en el bien con posterioridad al acto que lo declaró afectado a expropiación, salvo las mejoras necesarias.

La indemnización se pagará en dinero en efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor.

Si no se logra un avenimiento respecto del valor de los bienes inmuebles, la cuestión será decidida por el juez quien, respecto de la indemnización prevista en el artículo 10 de la ley 21499 y sin perjuicio de otros medios probatorios, requerirá dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación, el que deberá pronunciarse dentro de los noventa días.

No habiendo avenimiento acerca del valor de los bienes que no sean inmuebles, sin perjuicio de la intervención de las oficinas técnicas a que alude el artículo 13, deberá sustanciarse prueba pericial. Cada parte designará un perito y el juez un tercero, a no ser que los interesados se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo.

La acción del expropiado para exigir el pago de la indemnización prescribe a los cinco años, computados desde que el monto respectivo quede determinado con carácter firme y definitivo.

Aspectos procesales de la acción judicial de expropiación

- Juez competente

Tratándose de inmuebles, incluso por accesión, será competente el juez federal del lugar donde se encuentre el bien a expropiar con jurisdicción en lo contencioso-administrativo. Tratándose de bienes que no sean inmuebles, será competente el juez del lugar en que se encuentren o el del domicilio del demandado, a elección del actor.

Los juicios en que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sea parte, tramitarán ante la Justicia Nacional en lo Civil de la Capital Federal.

- Juicio sumario

El proceso tramitará por juicio sumario, con las modificaciones establecidas por la ley 21499.

- Fuero de atracción de los juicios universales

El proceso por expropiación no está sujeto al fuero de atracción de los juicios universales.

- Apertura a prueba

Si existieren hechos controvertidos se abrirá la causa a prueba por el plazo que el juez estime prudencial debiendo tener presente lo dispuesto en los artículos 15 y 17 de la ley 21499.

Las partes podrán alegar por escrito sobre la prueba dentro del plazo común de diez días, computados desde que el secretario certificare de oficio sobre la producción de la misma.

- Sentencia

La sentencia fijará la indemnización teniendo en cuenta el valor del bien al tiempo de la desposesión.

Para establecer la depreciación monetaria, se descontará del valor fijado la suma consignada en el juicio, conforme con lo previsto en el artículo 22 de la ley 21499, efectuándose la actualización sobre la diferencia resultante, hasta el momento del efectivo pago.

Los rubros que compongan la indemnización no estarán sujetos al pago de impuesto o gravamen alguno.

- Anotación de la Litis

La litis se anotará en el Registro de la Propiedad, siendo desde ese momento indisponible e inembargable el bien.

- Desistimiento de la acción

El expropiante podrá desistir de la acción promovida en tanto la expropiación no haya quedado perfeccionada. De todos modos, las costas serán a su cargo.

- Caducidad de la instancia

Cuando en el juicio el expropiante haya tomado posesión del bien y el expropiado sólo cuestionare el monto de la indemnización, ¿es procedente la caducidad de instancia?

Es improcedente la caducidad de la instancia cuando en el juicio el expropiante haya tomado posesión del bien y el expropiado sólo cuestionare el monto de la indemnización.

Perfeccionamiento de la expropiación

Se entiende que la expropiación ha quedado perfeccionada cuando se ha operado la transferencia del dominio al expropiante mediante sentencia firme, toma de posesión y pago de la indemnización.

Para la transferencia del dominio de inmuebles al expropiante, no se requiere escritura pública otorgada ante escribano, siendo suficiente al efecto la inscripción en el respectivo Registro de la Propiedad del decreto que apruebe el avenimiento o, en su caso, de la sentencia judicial que haga lugar a la expropiación.

III- CONCLUSIÓN

A modo de cierre, habiendo ya repasado los conceptos y características de la expropiación, cabe preguntarse ante las manifestaciones de interés por parte de ciertas empresas transnacionales presentes en el mercado argentino, si realmente la expropiación de Vicentín será una forma de proteger a una empresa de capital nacional frente a posibles compras por parte de grupos extranjeros, o por el contrario, será otra de las aventuras en las que el Estado argentino se entromete donde no le corresponde y a la larga terminamos pagando el pato todos los argentinos.

 

Nota:

(*) Abogada graduada en la Universidad de Buenos Aires, con especialización en Derecho Empresario y Derecho Privado. Magister en Derecho Empresario (Universidad Austral). Autora de los libros “Concurso preventivo” y Quiebras” (Editorial Errepar). Autora de diversos artículos de doctrina en materia empresarial y civil. Asesora legal de empresas.