La edición septiembre 2019 de la publicación Temas de Derecho Comercial, Empresarial y del Consumidor, dirigida por el Dr. Marcelo Luis Perciavalle, presenta los siguientes temas:

- La proyección del contrato de transporte en el derecho de daños. La vigencia de la obligación de seguridad -María E. Acevedo

La Dra. Acevedo da tratamiento al contrato de transporte desde una óptica novedosa, abarcativa de los transportes ocasionales y habituales, excluyéndose de manera expresa aquellos transportes multimodales, aéreos y fluviales, preocupación que lleva a preguntarse sobre la coexistencia de normas vinculadas y a la validez de cada una de ellas.

En ese marco, se propone distinguir las cuestiones novedosas que se plantean y la proyección de las argumentaciones diversas sobre el Derecho de Daños, siendo un tópico complejo, en el que se relacionan la responsabilidad objetiva y la consiguiente obligación tácita de seguridad exigida en el transporte. Dos caras de una misma moneda, obligación de seguridad consagrada en forma expresa por la ley 26.994 y adoptada de manera implícita para una mayor resolución equitativa de los conflictos judiciales.

- Una odisea llamada “telefonía celular”: sanciones ejemplificadoras en la legislación vigente y las normas proyectadas - Gisela Riccardi y Diego S. González Vila

Los autores analizan la problemática de la telefonía celular, la cual se ha convertido en una de las herramientas de comunicación más importantes de la historia de la humanidad desarrollada hasta este momento. A tal punto que podríamos considerarla de facto a la altura de un servicio público, por su importancia social y económica, aunque no ha sido contemplada con estas características a nivel normativo hasta el momento.

Nuestro derecho nos proporciona las herramientas para actuar contra estos abusos del mercado hoy oligopólico de la telefonía celular, que los jueces están comenzando a aplicar de manera progresiva. Más allá de la tutela general que implica la ley 24.240, en particular, la introducción de los Daños Punitivos mediante la reforma de la ley 26.361 en el año 2008 a través del art. 52 bis, proporciona la herramienta ejemplificadora ideal para castigar y educar a las empresas en cuanto a la protección y el respeto de los derechos de los usuarios.

Se han advertido innumerables abusos en materia de telefonía celular, que han colocado a millones de usuarios en situación de indefensión. El presente artículo analizará la odisea que implica la lucha contra las grandes empresas multinacionales de las telecomunicaciones, teniendo en cuenta las herramientas que prevé la Ley de Defensa del Consumidor.

- Relaciones comerciales electrónicas - aceptación mediante “click wrap” - Lidia Estela Di Masullo y Marcela Alejandra Rodríguez

Los avances tecnológicos, la expansión de Internet y la masificación de su uso introdujeron cambios en la forma de contratación. El espacio físico se convierte en otro espacio sin fronteras, el espacio virtual o ciberespacio.

La constante evolución en materia de telecomunicaciones conlleva la necesidad de cambios en la legislación que permitan generar confianza y seguridad entre las partes, protegiendo a la parte más débil de la contratación. La protección del consumidor es una cuestión fundamental para el fomento de este tipo de comercio (E-Commerce), mediante un marco legal que prevenga fraudes, abusos e incumplimientos de contratos celebrados a través de medios electrónicos.

En la presente entrega, los autores analizan el E-Commerce y el marco legal de nuestra legislación.

- Inclusión indebida de un cliente bancario en el registro de deudores (BCRA y Veraz). Nuevo precedente en materia preventiva. Análisis del fallo “MÁRMOL CARLOS EDUARDO C/ BANCO DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES S/ Ds Y Ps INC. CONTRACTUAL” - Federico Méndez

El Dr. Méndez analiza el fallo de la sala tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata “MÁRMOL CARLOS EDUARDO C/ BANCO DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (SIN RESP. ESTADO)”, en el cual la entidad bancaria demandada incluyó de forma errónea al accionante en la base de datos como deudor moroso.

El autor menciona que si bien el fallo no trae grandes novedades sobre la materia, lo relevante del mismo es la aplicación paralela a la condena resarcitoria aplicada a la entidad bancaria, la cual consistió en un mandato preventivo dirigido al Banco tendiente a que esta clase de problemas no vuelvan a ocurrir con otros clientes, es decir, destacar el rol asumido por los magistrados de segunda instancia, en torno a su deber (art. 42, CN) de procurar evitar daños, también llamado “función preventiva de daños”.

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Fuente: Erreius