Buscan limitar las tasas de interés por mora en servicios públicos, privados y tarjetas de crédito

El Senado tratará dos proyectos de ley que pretenden limitar las tasas de interés por mora aplicadas en el pago de servicios públicos y privados.

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El primer proyecto está dirigido a limitar las tasas de interés por mora aplicadas por las entidades bancarias, tarjetas de crédito, servicios de medicina prepaga y empresas privadas de servicios en general a consumidores y usuarios particulares.

De acuerdo a la iniciativa, la tasa de interés moratorio y/o punitorio que deberán aplicar, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras por gastos administrativos, o cualquier otro concepto.

En caso de existir una tasa menor, establece que deberá aplicarse siempre la más beneficiosa para los consumidores y usuarios.

Del texto de la propuesta surge que la fecha del primer vencimiento de las facturas de los servicios enunciados en el primer párrafo de este artículo no podrá ser anterior al día 10 de cada mes.

En caso de aprobarse, el Poder Ejecutivo Nacional determinará las autoridades de aplicación que deben dictar, en el ámbito de sus competencias, las reglamentaciones y/o resoluciones particulares pertinentes para el efectivo cumplimiento de la ley en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la norma.

Las empresas que, en el plazo de 30 días desde la publicación de la ley, no adecuen su facturación a la tasa de interés moratorio y/o punitorio, serán sancionadas con una multa que variará de los cuatro a cuarenta y ocho salarios mínimos vitales y móviles, conforme las respectivas resoluciones que publica el Ministerio de Trabajo.

En todos los casos, las empresas deberán otorgar a los consumidores y usuarios particulares planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, conforme las pautas que establezcan las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios involucrados.

Dichos planes de facilidades de pago deberán considerar la aplicación de la tasa y la forma de amortización de capital que determinen las autoridades de aplicación a plazos que sean accesibles para los consumidores y usuarios.

La iniciativa indica que la ley, que también deroga el artículo 18 de la ley 25.065, será de orden público, y de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y tendrá vigencia a partir de su promulgación.

Servicios públicos

Por otra parte, en lo que respecta a los servicios públicos, el proyecto restante modifica el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), incorporando que “la tasa de interés moratoria y/o punitoria por mora que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, así como las de servicios públicos esenciales de televisión por cable, servicio de internet y servicio de telefonía móvil y fija, a todas las categorías de usuarios residenciales, organizaciones no empresariales, clubes de barrio y de pueblo, iglesias, entidades de bien público y colectivos de trabajo en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina”.

En cuanto a la falta de adecuación de plazos y tasas, las multas serán las mismas que se establecieron para servicios privados.

También trata sobre la facturación de consumo excesivo, señala que “cuando una empresa de servicio público domiciliario con variaciones regulares estacionales facture en un período consumos que exceden en un 75% el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los dos años anteriores se presume que existe error en la facturación”.

Para el caso de servicios de consumos no estacionales se tomará en cuenta el consumo promedio de los últimos 12 meses anteriores a la facturación. En ambos casos, el usuario abonará únicamente el valor de dicho consumo promedio.

En los casos en que un prestador de servicios públicos facturase sumas o conceptos indebidos o reclamare el pago de facturas ya abonadas el usuario podrá presentar reclamo, abonando únicamente los conceptos no reclamados.

El prestador dispondrá de un plazo de 30 días a partir del reclamo del usuario para acreditar en forma fehaciente que el consumo facturado fue efectivamente realizado.

En los fundamentos, se sostuvo que “una de las mayores morosidades se registra sin dudas en el pago de las tarjetas de crédito y en deudas con entidades bancarias en general, quienes a pesar de contar con un alto porcentaje de clientes morosos en los últimos años han multiplicado sus ganancias en forma exorbitante”.

“A las tasas que aplican las entidades bancarias y las empresas de tarjetas de crédito en los casos de mora, se le suman gastos administrativos, seguros de vida, etc. que conjuntamente con la excesiva tasa de interés que se aplica, convierten a estas deudas en una real confiscación de los salarios de los usuarios”, se agregó.

De esta manera, “las tasas que se aplican en los casos de mora convierten a cualquier deuda bancaria o saldos deudores de tarjeta de crédito en obligaciones de cumplimiento imposible por cuanto superan en forma excesiva cualquier incremento salarial de los usuarios de las mismas”.

Con respecto a los servicios de medicina prepaga, los institutos educativos y las empresas aseguradoras, sostuvo que “las tasas de interés que aplican en los casos de mora si bien es cierto que son sensiblemente inferiores que las que aplican las entidades bancarias, de todos modos exceden la tasa pasiva que aplica el Banco de la Nación Argentina, generando un enriquecimiento indebido para las empresas prestadoras de cada uno de los referidos servicios”.

“El objetivo de establecer el plazo de vencimiento en una fecha que no sea anterior al día diez, radica en el hecho que la gran mayoría de los usuarios de dichos servicios perciben sus salarios entre el día cinco y diez de cada mes. Esta situación provocaba que paguen los servicios después del primer vencimiento con el consiguiente recargo por pago fuera de fecha”, explicó.

Fuente: Erreius